El informe ecol¨®gico que irrit¨® al Gobierno de Honduras

La organizaci¨®n Global Witness denunci¨® que Honduras es ¡°el pa¨ªs m¨¢s peligroso del mundo para los ecologistas¡±. Por esta raz¨®n, el martes 31 de enero present¨® en Tegucigalpa un informe con ese t¨ªtulo, resultado de dos a?os de trabajo y cientos de entrevistas, donde dice haber recogido pruebas sobre 123 asesinatos desde 2010.

Hasta ah¨ª todo dentro de la macabra normalidad hondure?a en lo que a ecologistas se refiere. De hecho, el acto se hab¨ªa celebrado sin contratiempos y con la presencia de instituciones nacionales e internacionales incluida la hija de Berta C¨¢ceres, l¨ªder ecologista asesinada en marzo de 2016, en se?al de respaldo,

Sin embargo, dos d¨ªas despu¨¦s de su presentaci¨®n, el jueves 2 de febrero, Ben Leather y Billy Kyte, representantes de la organizaci¨®n, pidieron urgentemente la protecci¨®n del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Tegucigalpa, cuando vieron al ministro de Ambiente Jos¨¦ Gald¨¢mez aparecer en televisi¨®n y exigir su inmediata detenci¨®n durante un programa matinal.

Ante la amenaza de ser encarcelados y los reproches posteriores de destacadas figuras pol¨ªticas del pa¨ªs, el Alto Comisionado se encarg¨® de su simb¨®lica protecci¨®n durante las 24 horas que continuaron en el pa¨ªs, hasta su salida definitiva el viernes 3 de febrero.

La cifra de 123 asesinados de Global Witness se queda corta, denuncian activistas de DDHH

Durante esas horas ambos contaron con escolta policial, proporcionada por la oficina de DDHH de Honduras, mientras las embajadas de Inglaterra y Estados Unidos ayudaban a su resguardo.

¡°Fue una amenaza pol¨ªtica sin ning¨²n fundamento legal. Que un ministro pida p¨²blicamente a la fiscal¨ªa que act¨²e, s¨®lo porque no est¨¢ de acuerdo con nosotros, es un gesto que refleja la dram¨¢tica situaci¨®n que viven los defensores de DDHH en Honduras¡± explic¨® Leather a EL PA?S.

En medio de un creciente acoso y persecuci¨®n hacia los ecologistas que se oponen a los distintos proyectos hidroel¨¦ctricos en Honduras, el informe de Global Witness, una organizaci¨®n con sede en Londres y Washington con 24 a?os de experiencia en el la investigaci¨®n de delitos ecol¨®gicos, se enmarca en el mismo contexto de anteriores informes publicados por Amnist¨ªa Internacional, Naciones Unidas o la Corte Interamericana (CIDH) quienes han expresado su preocupaci¨®n.

Tanto la CIDH como la ONU hab¨ªan exigido al gobierno de Honduras medidas para que los defensores de derechos humanos puedan ejercer su labor ¡°sin temor a las amenazas o el asesinato" e insistieron en que ¡°Honduras es una de los pa¨ªses m¨¢s peligrosos para los defensores de derechos humanos¡± se?alaron en agosto Michel Forst (ONU) y Jos¨¦ de Jes¨²s Orozco (CIDH).

Sin embargo, la reacci¨®n del gobierno de Juan Orlando Hern¨¢ndez fue todo lo contrario.

El informe de Global Witness que tanto irrit¨® al Gobierno de Honduras incluye la denuncia de importantes v¨ªnculos de miembros del derechista Partido Nacional, actualmente en el poder, con las empresas hidroel¨¦ctricas. El informe hace un detallado recorrido por las ¨¦lites pol¨ªticas y empresariales hondure?as que estar¨ªan usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del pa¨ªs "consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales, para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino" dijo Kyte durante la presentaci¨®n.

En concreto el documento cita a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora L¨®pez, como propietaria de dos importantes proyectos en el oeste del pa¨ªs. La ONG afirma en el documento que el esposo de L¨®pez, Arnold Castro, construye dos hidroel¨¦ctricas -Los Encinos y La Autora-, para vender energ¨ªa al Estado.

Segun la diputada las acusaciones son "falsas" y aunque admiti¨® ser propiestaria del proyecto de La Aurora dijo que no est¨¢ involucrada en actos de violencia. L¨®pez critic¨® a los autores del informe y a quienes "ponen en riesgo la inversi¨®n en el pa¨ªs" con denuncias falsas y exigi¨® a la ONG retractarse .

En la misma direcci¨®n el presidente Juan Orlando llam¨® ¡°irresponsable¡± a GW y acus¨® de presentar el informe sin pruebas. "Cuando uno denuncia, cr¨ªtica, protesta, tiene que dar la cara y decir ac¨¢ est¨¢n las evidencias" y pidi¨® a los hondure?os ¡°cuidar la imagen¡± del pa¨ªs.

"El hecho de que la ONU me tuviera que rescatar quiere decir que el gobierno tiene miedo de los hallazgos (...) El Estado neg¨® la evidencia contundente en nuestro informe, basado en una investigaci¨®n seria y rigurosa con m¨¢s de 250 fuentes que incluyen documentos del propio Estado¡± defiende el representante de Global Witness.?

Para los ecologistas la actitud del gobierno de Honduras, lejos de facilitar su trabajo a?ade m¨¢s tensi¨®n a una labor de resistencia que en Honduras se paga con la vida.

Segun Reina Rivera, activista de DDHH quien maneja un fondo de ayuda a ecologistas en peligro, "solamente en el Bajo Aguan, en los ¨²ltimos tres a?os, hemos contabilizado 90 asesinatos de miembros de movimientos campesinos", denuncia a EL PA?S. Seg¨²n sus datos "la cifra de 123 asesinados de GW se queda corta".