La mayor constructora peruana tiembla por el ¡®caso Odebrecht¡¯
La confesi¨®n de Jorge Barata implica a Gra?a y Montero, una empresa con numerosos intereses cruzados que cotiza en la bolsa
Bast¨® una referencia en el testimonio que Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Per¨²,?ofreci¨® a los fiscales peruanos para desatar una tempestad de pron¨®stico reservado en la constructora Gra?a y Montero, la m¨¢s grande del pa¨ªs.
Entre aquella confesi¨®n, el colaborador eficaz de la justicia reconoci¨® que Odebrecht hab¨ªa entregado tres millones de d¨®lares para la campa?a de Ollanta Humala en 2011, donde fue elegido presidente. Tambi¨¦n habl¨® del soborno de 20 millones de d¨®lares entregado al expresidente Alejandro Toledo ¡ªhoy pr¨®fugo de la justicia, con una orden de presi¨®n preventiva en su contra¡ª, con el que la empresa brasile?a se asegur¨® la concesi¨®n de la Carretera Interoce¨¢nica Sur, que enlaza Per¨² con Brasil.
Cuando los fiscales preguntaron si las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht en la Interoce¨¢nica conoc¨ªan estas pr¨¢cticas corruptas, Barata respondi¨®: "El pago [a Toledo] ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas s¨ª ten¨ªan conocimiento, no detalles, pero s¨ª sab¨ªan que hab¨ªamos pagado y sab¨ªan que ten¨ªan que asumir lo que les corresponder¨ªa".
Esto implicaba a Gra?a y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, que formaron el consorcio CONIRSA con la brasile?a. De todas, Gra?a y Montero es la m¨¢s importante, y la que enfrent¨® las peores consecuencias.
Medir el impacto de una denuncia de corrupci¨®n en una empresa como Gra?a y Montero, que cotiza en bolsa (en Lima y Nueva York), resulta imposible. En este caso, la incertidumbre despert¨® una fuerte presi¨®n de venta inmediata entre los inversionistas. Espoleadas por los acontecimientos pol¨ªticos, sus acciones registraron una hist¨®rica ca¨ªda de 33,3% en la bolsa peruana y de 34,7% en la bolsa de Nueva York. En Lima perdieron 1,10 soles y tocaron un piso de 2,20 soles, con una p¨¦rdida acumulada de 35% en la semana.
Intervenci¨®n de EE UU
Por sus dimensiones, Gra?a y Montero es una empresa con numerosos intereses cruzados. Seg¨²n el ¨²ltimo informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, las cuatro administradoras del sistema privado de pensiones han invertido cerca de 1.300 millones de soles (unos 370 millones de d¨®lares) en acciones de la empresa.
La empresa intent¨® capear esta turbulencia con un comunicado de prensa, donde neg¨® rotundamente las afirmaciones de Barata. "Reiteramos que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos gestionaron o realizaron pago alguno en relaci¨®n a alg¨²n tipo de soborno o reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han declarado", agreg¨®.
El comunicado sirvi¨® de poco. A las pocas horas de publicado, se supo que Rosen Law Firm, un estudio de abogados que representa a un grupo global de inversionistas, eval¨²a abrir una Acci¨®n Colectiva en contra de la constructora, para recuperar las p¨¦rdidas sufridas por sus accionistas en Nueva York. Su argumento es que ¡°Gra?a y Montero pudo haber emitido informaci¨®n de negocios materialmente enga?osa al p¨²blico inversionista¡±. Todo empeorar¨ªa si la Comisi¨®n de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la SEC) decide intervenir de oficio, al amparo de las estrictas leyes antifraude de ese pa¨ªs.
En la tarde del viernes un grupo de fiscales intervino las oficinas de Gra?a y Montero, para recabar toda la informaci¨®n posible sobre los contratos que suscribi¨® con Odebrecht.?En su cuenta de Twitter, el Ministerio P¨²blico indic¨® que estas diligencias estaban orientadas a esclarecer la investigaci¨®n de un caso distinto a la concesi¨®n de la Carretera Interoce¨¢nica. Se trata del Gasoducto Sur, una de las mayores obras de infraestructura en la historia de Per¨² (contempla una inversi¨®n de m¨¢s de 7.300 millones de d¨®lares). La operaci¨®n ha quedado en suspenso luego de que el consorcio integrado por Odebrecht, Gra?a y Montero y la espa?ola Enag¨¢s la perdiera, al vencerse el plazo para el financiamiento. Como consecuencia, el Estado peruano ejecut¨® la mayor penalidad de la historia, 262 millones de d¨®lares.
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