Justicia y sustituci¨®n para erradicar la guerra

Han pasado 100 d¨ªas. En estos tres meses el proceso de paz ha estado bajo el necesario escrutinio que tiene el valor de dar legitimidad a lo firmado y prender alarmas ante las naturales dificultades que implica la implementaci¨®n de los acuerdos en las etapas posteriores a la negociaci¨®n con los grupos armados en el mundo. Ha ocurrido en Sud¨¢frica y en Centroam¨¦rica. Las experiencias de otros deber¨ªan servir para anticiparse a los problemas, pero ocurre como en los seres humanos en sus etapas tempranas, lo que no se vive en carne propia no se aprende.

Se han visibilizado en el caso colombiano las hist¨®ricas incompetencias de algunos funcionarios para garantizar temas que no son superfluos como la infraestructura para alojar a casi 7.000 guerrilleros en 26 zonas veredales a pesar de la insistencia en que al frente de este reto se nombrara a un gerente eficaz capaz de generar las condiciones para la entregar de las armas a la ONU, que por su parte, y a trav¨¦s de Jean Arnault y sus reiteradas declaraciones no ha dado mayores muestras de imparcialidad dentro del mecanismo tripartito de verificaci¨®n del proceso.

Ya el foco est¨¢ en la soluci¨®n a lo ocurrido a pesar de los reclamos airados de lado y lado. Ahora el pa¨ªs debe hacer una apuesta definitiva por dos temas transversales a la verdadera posibilidad de hacer estable la paz y cimentar estructuras que impidan que se sigan recliclando las guerras de siempre, con caracter¨ªsticas que adem¨¢s van empeorando porque ya no surgen de las diferencias ideol¨®gicas y el abandono, sino de las delincuencias puras que montan paraestados de econom¨ªas ilegales y violencias que dejan huellas imborrables en los menores y las mujeres especialmente.

Son la Justicia Especial para la Paz y el programa de Sustituci¨®n de Cultivos Il¨ªcitos. La primera es la garant¨ªa de conocer la verdad y a partir de all¨ª hacer justicia con lo hecho por los actores del conflicto, los militares que deshonraron a la instituci¨®n y los terceros que se involucraron en su faceta de acumuladores y sangre fr¨ªa.

Los debates en el parlamento colombiano han dejado ver los apetitos burocr¨¢ticos de siempre, el ausentismo, impedimentos antes ocultados y dem¨¢s males que se repiten ante las votaciones urgentes, cuando lo necesario es avanzar en las claridades y los acuerdos en temas planteados por oposici¨®n y aliados del gobierno en torno a si los militares corren el riesgo de ser juzgados por tribunales internacionales por responsabilidades derivadas de su mando y en la escogencia con diversidad ideol¨®gica adem¨¢s de las mayores condiciones de idoneidad de los 38 miembros a conformar la JEP, para garantizar justicia.

Tienen raz¨®n quienes prenden las alarmas en ambos casos y por lo menos en el ¨²ltimo la alianza Elecci¨®n Visible plantea condiciones para escoger a esos jueces de quienes depende el futuro de Colombia como sociedad en paz.

El otro tema y no menos importante tiene al gringo encima, por el aumento de los cultivos il¨ªcitos en Colombia que supera ya las 180.000 hect¨¢reas, cifra que hab¨ªa registrado Colombia en 2001 cuando se dio inicio al Plan Colombia. Aunque los datos de la CIA y los de Naciones Unidas difieren, siendo los del organismo multilateral m¨¢s bajos, las siembras s¨ª han crecido y as¨ª tambi¨¦n las incautaciones, unas 380 toneladas en 2016, es decir 49% m¨¢s que en 2015.

Si los colombianos seguimos siendo los reyes de la coca seg¨²n las cifras siempre distintas de Naciones Unidas y del departamento de Estado, los gringos siguen siendo las narices de pinocho pues aunque seg¨²n datos mencionados recientemente por la periodista Paola Ochoa, ahora el consumo de los estadounidenses privilegia la hero¨ªna y las anfetaminas, la responsabilidad saben bien la deben asumir tanto como nosotros.

Mientras en Estados Unidos miden, en Colombia el gobierno ha hecho una gran apuesta por erradicar 100.000 hect¨¢reas de coca a trav¨¦s de cultivos alternativos y erradicaci¨®n manual y un ambicioso programa de sustituci¨®n voluntaria en m¨¢s de 50.000 familias en casi 40.000 hect¨¢reas. La suspensi¨®n de la aspersi¨®n con glifosato no fue el resultado de un capricho. Fue orden de la Corte Constitucional y tuvo como fundamento comprobaciones cient¨ªficas sobre los grav¨ªsimos efectos en la salud.

Y m¨¢s all¨¢ de esa discusi¨®n, lo que resulta importante es que el acuerdo con las FARC s¨ª abre una oportunidad para que quienes sembraron y financiaron su guerra con la coca hoy la ayuden a erradicar especialmente en los departamentos donde el conflicto fue m¨¢s crudo como en el Putumayo, Cauca, Catatumbo y Tumaco.

El modelo de sustituci¨®n voluntaria de cultivos permite un financiamiento a esas familias que se van a dar la oportunidad de volver a creer en el Estado que estuvo ausente, van a recibir su sustento de la legalidad y el gobierno por lo tanto tendr¨¢ que garantizar la construcci¨®n de institucionalidad e infraestructura para poder imaginar una naci¨®n justa y soberana.