En Venezuela se libra la guerra del pan
El Gobierno ocupa cuatro establecimientos en Caracas dentro de un plan para que los panaderos destinen el 90% de la harina subsidiada a presentaciones reguladas
La m¨¢s reciente pol¨¦mica entre el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro y los comerciantes en Venezuela tiene a los panaderos como protagonistas. El presidente est¨¢ decidido a obligar a las panader¨ªas a destinar el 90% del saco de trigo que les subsidia el Estado para elaborar presentaciones econ¨®micas de pan (canilla y franc¨¦s). El jefe del Estado le ha dado connotaciones b¨¦licas a la apuesta. La llama "la guerra del pan" y para intentar ganarla ha puesto en pr¨¢ctica el plan 700, que consiste en agresivas fiscalizaciones a los establecimientos del municipio Libertador (centro oeste de Caracas) por parte del Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioecon¨®micos (Sundee).
Las barras de pan eran parte casi exclusiva de la cena de los venezolanos, pero la ruda escasez que ha caracterizado al Gobierno de Nicol¨¢s Maduro ¡ªocasionada por una medida que pretende obligar a casi todo el comercio, en medio de una econom¨ªa inflacionaria, a trabajar con un margen de ganancia del 30% sin reconocer el costo de reposici¨®n de la mercanc¨ªa a la hora de fijar el precio de venta¡ª ha cambiado esos h¨¢bitos.
Hoy en Venezuela no hay oportunidad de escoger si se desayuna con las populares arepas (tostadas rellenas) o con pan canilla. A las largas filas que se hacen a toda hora del d¨ªa a las afueras de los supermercados para adquirir insumos b¨¢sicos se ha sumado ahora las que, a ciertas horas del d¨ªa, se forman frente a las panader¨ªas para adquirir las presentaciones reguladas de pan.
El Gobierno ha acusado a los panaderos de destinar la harina de trigo a la fabricaci¨®n de cachitos (pan relleno de jam¨®n), pastelitos (masas de hojaldre rellenas con queso y jam¨®n), dulces, tortas y productos no regulados. Su venta permite compensar, mediante la operaci¨®n de subsidio cruzado, las p¨¦rdidas que se generan con la venta de las presentaciones de pan por debajo del coste real.
Fevipan, el gremio de los panaderos, no da por buena esa explicaci¨®n. La semana pasada, cuando el Gobierno comenz¨® a visitar las panader¨ªas de la capital de Venezuela para obligarlas a cumplir con las directrices de Maduro, afirm¨® que el 80% de sus afiliados no ten¨ªan inventarios y el restante 20% recib¨ªa solo el 10% de la harina necesaria para producir.
"Las panader¨ªas del pa¨ªs necesitan 120.000 toneladas de trigo al mes para cubrir la demanda, pero el Gobierno solo distribuye 30.000", informaron. Esta semana, despu¨¦s de la ocupaci¨®n de cuatro panader¨ªas y la detenci¨®n de cuatro personas por ¨®rdenes de la Superintendencia Nacional, han reiterado sus denuncias de falta de material y rechazado las ocupaciones, que durar¨¢n tres meses.
Los encargados de ejecutar el plan de Maduro son dos pol¨¦micos funcionarios: el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami y la m¨¢xima autoridad de la Superintendencia Nacional, William Contreras. El Aissami porque es acusado por Washington de tr¨¢fico de drogas y ha recibido sanciones por parte del Departamento del Tesoro. Contreras porque desde que asumi¨® el cargo ha convertido en espect¨¢culos las fiscalizaciones a todos los comercios. Muchos v¨ªdeos en las redes sociales muestran al funcionario en plena faena prometiendo enviar a la c¨¢rcel a quienes incumplen la ley. "Panader¨ªa frente a la cual se arme una fila ser¨¢ sancionada, les incautaremos la materia prima y se la entregaremos a la comunidad organizada para que la opere", dijo Contreras cuando se inici¨® el plan 700 la semana pasada.
Los Comit¨¦ Locales de Abastecimiento y Producci¨®n (CLAP), organizaciones de base del chavismo que distribuyen alimentos b¨¢sicos entre su clientela, se har¨¢n cargo de las panader¨ªas sancionadas por tres meses. La medida tiene tanto adeptos como detractores. Tan dispares opiniones podr¨ªan explicarse en el hecho de que la cr¨®nica inflaci¨®n de Venezuela, que en los ¨²ltimos 35 a?os casi nunca ha estado por debajo de los dos d¨ªgitos, ha liquidado el poder adquisitivo de la gente.
Detractores de la medida
Quienes rechazan la medida temen que el plan del Gobierno sea el comienzo de fiscalizaciones que acaben con la producci¨®n de pan y profundice el drama de conseguir alimentos en Venezuela. Es parte del eterno ciclo aupado por las pol¨ªticas de la autodenominada revoluci¨®n bolivariana.
El fondo del problema de Venezuela es el mismo. El Gobierno de Maduro mantiene un f¨¦rreo control cambiario desde febrero de 2013 y decide cu¨¢ndo y c¨®mo otorgar las divisas para importar insumos como el trigo, que no se producen en el pa¨ªs. Con el declive de la producci¨®n de petr¨®leo, que aporta el 96% de los d¨®lares que ingresan a las arcas de la Rep¨²blica, las entregas de divisas para importar tambi¨¦n han ca¨ªdo. Pero el r¨¦gimen chavista se niega a reconocer esa situaci¨®n y prefiere atribuir la escasez a un complot de la oposici¨®n aliada con Estados Unidos, que busca generar malestar entre venezolanos.
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