Una nueva revuelta en un penal de Nuevo Le¨®n deja cuatro muertos y agudiza la crisis de las c¨¢rceles mexicanas

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M¨¦xico es incapaz de atajar la crisis penitenciaria

"El nuevo sistema penal ayuda, pero no resuelve los problemas"

Cuatro presos han muerto en una revuelta que se ha producido en la prisi¨®n de Cadereyta, en el Estado de Nuevo Le¨®n (norte de M¨¦xico), seg¨²n inform¨® el Gobierno de este Estado a trav¨¦s de comunicado. El incidente se ha producido despu¨¦s de que cuatro reclusos se intoxicasen tras robar medicamentos de la farmacia del centro penitenciario.?

Un nuevo incidente que se suma a las fugas, ri?as y motines que han ocurrido en las ¨²ltimas semanas. A pesar de que en junio pasado entr¨® en vigor una nueva ley en la materia que buscaba poner orden en las c¨¢rceles del pa¨ªs y mejorar las condiciones de los internos, los problemas se han intensificado. Expertos en reinserci¨®n social consideran que estos hechos son una muestra del control que tiene el crimen organizado sobre las c¨¢rceles del pa¨ªs y que las autoridades no han podido revertir.

El lunes unos 600 reos se amotinaron en una c¨¢rcel de Nuevo Le¨®n, donde seis de ellos resultaron heridos. El jueves pasado 29 internos se escaparon de un penal de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, a trav¨¦s de un t¨²nel, como lo hizo Joaqui¨ªn El Chapo Guzm¨¢n en 2015. Dos d¨ªas despu¨¦s, una ri?a en la misma c¨¢rcel dej¨® tres muertos y un herido de gravedad. El viernes en Canc¨²n, en el caribe mexicano, un reo muri¨® y otros tres quedaron heridos tras una ri?a. A mediados de mes, Juan Jos¨¦ Esparragoza Monz¨®n, hijo de uno de los fundadores del c¨¢rtel de Sinaloa, y otros cuatro reos escaparon de un penal en Culiac¨¢n. Con la fuga quedaron al descubierto las condiciones de privilegio en las que viv¨ªa en la c¨¢rcel estatal.

A diez meses de que entr¨® en vigor la nueva ley, los incidentes al interior de las c¨¢rceles federales han registrado un incremento. En enero de este a?o hubo 204 incidencias en los penales controlados por el Gobierno federal, donde estuvieron involucrados 365 reos. La mayor¨ªa de los disturbios fueron ri?as, mientras que el resto de los casos registrados correspondieron a agresiones, huelgas de hambre, decesos y suicidios. En enero del a?o pasado la cifra fue menor: 180 incidentes y 337 involucrados, de acuerdo a las ¨²ltimas estad¨ªsticas difundidas por la Comisi¨®n Nacional de Seguridad.

Las c¨¢rceles mexicanas est¨¢n rebasadas por los criminales. En el 60% de los centros hay autogobierno ¨Cdonde la autoridad no puede hacer cumplir los reglamentos del penal, y son los grupos hegem¨®nicos de reclusos quienes imponen su poder¨C, lo que pone en una situaci¨®n de vulnerabilidad al resto de los reclusos, se?ala Guillermo Zepeda Lacuona, especialista en temas penitenciarios. "En promedio hay un custodio para 35 internos y no se han desarrollado sistemas de videovigilancia o celdas electr¨®nicas para tener una mejor vigilancia de los reclusos", explica.

El 70% de los internos vive en condiciones de hacinamiento, dice Zepeda Lecuona, lo que genera violaciones a los derechos humanos. Seg¨²n la ONU superar el 120% de ocupaci¨®n carcelaria est¨¢ considerado un trato cruel, ya que esto impide establecer condiciones dignas y garantizar la integridad f¨ªsica de las personas. "El hacinamiento diluye la eficacia de las pol¨ªticas de reinserci¨®n como las tareas educativas y ocupacionales necesarias para la readaptaci¨®n", acota.

En el ¨²ltimo diagn¨®stico penitenciario dado a conocer el a?o pasado por la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se encontr¨® que tras revisar 130 prisiones estatales, 21 federales y tres militares, en la mayor¨ªa de estas impera el hacinamiento, la sobrepoblaci¨®n, las malas condiciones de higiene, y que el personal de seguridad es insuficiente para hacer frente a los motines o ri?as. La saturaci¨®n es uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano, ya que desencadena brotes de violencia.

Mart¨ªn Barr¨®n, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), menciona que entre 2005 y 2016 los penales disminuyeron al pasar de 455 a 389, pero la poblaci¨®n carcelaria ¨Csobre todo la relacionada a la delincuencia organizada¨C aument¨® por la lucha emprendida contra el narcotr¨¢fico. "Estas personas han llegado a imponer su control y hay una respuesta de la gente que no est¨¢ de acuerdo. Esto provoca que haya motines y fugas", destaca. Los escapes que han ocurrido recientemente, tanto en Sinaloa como en Tamaulipas, evidencian que los narcotraficantes tienen el poder de sobornar a toda la estructura, desde los custodios hasta el director del penal.

En junio pasado entr¨® en vigor la Ley de Ejecuci¨®n de Sanciones que busca cambiar el sombr¨ªo panorama en los centros de reclusi¨®n. El objetivo es contar con un esquema que garantice la reinserci¨®n social en condiciones dignas y seguras, apegadas al respeto de sus derechos humanos, y que acabe con los actos arbitrarios y la corrupci¨®n. La norma tambi¨¦n se propone modernizar el sistema carcelario y lograr la gobernabilidad en las prisiones. Barr¨®n considera que la ley no acabar¨¢ con el autogobierno, el problema estructural que impera en las c¨¢rceles. "La prisi¨®n necesita una reingenier¨ªa completa que no se resuelve con una ley, el problema viene de a?os atr¨¢s y se deben buscar alternativas para brindar efectivamente la reinserci¨®n a los internos", afirma.

La nueva ley prev¨¦ medidas de seguridad de vigilancia especial. El art¨ªculo 37 establece que las personas en prisi¨®n por delitos de delincuencia organizada compurgar¨¢n sus penas en espacios especiales y con vigilancia permanente. Cuando exista riesgo o amenaza inminente que ponga en peligro la seguridad del centro penitenciario, se decretar¨¢ estado de alerta m¨¢xima. Estas medidas resultar¨¢n insuficientes mientras no se resuelva el problema de sobrepoblaci¨®n y corrupci¨®n penitenciaria, coinciden los especialistas en el tema.