La fiscal general de Venezuela lidera la oposici¨®n contra Maduro
Luisa Ortega D¨ªaz solicita un antejuicio de m¨¦rito contra los magistrados de la Sala Constitucional que en marzo le dieron poderes dictatoriales al Presidente de la Rep¨²blica
El enfrentamiento entre la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega D¨ªaz, y el Ejecutivo de Nicol¨¢s Maduro se recrudece a pasos agigantados. La jefa del Ministerio P¨²blico, una antigua aliada del proceso bolivariano, impulsa con vigor el desaf¨ªo legal a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente. La coincidencia entre el chavismo cr¨ªtico con la deriva totalitaria del r¨¦gimen y la oposici¨®n aglutinada en la Mesa de la Unidad Democr¨¢tica (MUD) empieza a hacerse evidente. Ambos sectores parecen decididos a aliarse para forzar la salida de Maduro.
La primera prueba de que la fiscal, una antigua aliada del proceso bolivariano, y la MUD acercan posturas ocurri¨® el lunes. La alianza opositora llam¨® a sus seguidores a presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas para que formaran parte del contencioso que introdujo Ortega D¨ªaz contra la convocatoria de la Constituyente, la apuesta de Maduro para liquidar a sus adversarios con la excusa de escribir una nueva Constituci¨®n. El mismo lunes, la Sala Electoral del Supremo, que controla el r¨¦gimen, no admiti¨® la petici¨®n de la fiscal por ¡°inepta acumulaci¨®n de pretensiones¡±, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos ¨®rganos de los poderes p¨²blicos.
De inmediato, la fiscal replic¨® con tres solicitudes que demuestran que la fractura con el Gobierno es definitiva: un antejuicio de m¨¦rito contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron poderes dictatoriales a Maduro; una medida cautelar para que los magistrados de esta Sala se separen de sus cargos; y la desincorporaci¨®n de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados en los estertores del anterior per¨ªodo de la Asamblea Nacional, entonces controlada por el chavismo, y cuando ya se conoc¨ªa que la MUD tomar¨ªa control de ese poder p¨²blico.
Aquellas designaciones fueron cuestionadas por las formaciones opositoras porque los magistrados eran parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, simpatizantes confesos del Gobierno bolivariano y no cumpl¨ªan con los requisitos del comit¨¦ de postulaciones. Ortega D¨ªaz termin¨® de darle asidero a esas denuncias cuando cont¨® que, en su momento, hab¨ªa cuestionado los nombramientos. ¡°No hab¨ªa denunciado antes esas irregularidades porque no hab¨ªa podido revisar las pruebas. [¡] Ese proceso estaba viciado y se hizo a espaldas m¨ªas¡±, declar¨® la fiscal a Uni¨®n Radio, el lunes.
La firma del acta
La Constituci¨®n de Venezuela se?ala que el Consejo Moral Republicano ¡ªque integran la Defensor¨ªa del Pueblo, la Contralor¨ªa y el Ministerio P¨²blico¡ª debe revisar los expedientes de los aspirantes a magistrados y firmar si est¨¢n de acuerdo con sus designaciones. Ortega D¨ªaz asegura que no firm¨® el acta porque no supo c¨®mo fueron seleccionados. Pero el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, neg¨® que la fiscal haya objetado los nombramientos en la reuni¨®n que sostuvieron el 16 de diciembre de 2015, una semana antes de que la Asamblea Nacional juramentara a los jueces.
Los contenciosos introducidos por la fiscal parecen querer dejar en evidencia la falta de independencia de las instituciones, que el chavismo cr¨ªtico apenas hab¨ªa sentido antes de este cisma. ¡°El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como est¨¢ establecida en la Constituci¨®n. No es solo a trav¨¦s de un acto de fuerza como se conspira contra la naci¨®n, sino tambi¨¦n con sentencias¡±, dijo Ortega D¨ªaz ayer, al consignar la solicitud de antejuicio de m¨¦rito contra los magistrados.
Los escritos han sacado a la Mesa de la Unidad de la rutina de las protestas reprimidas por la polic¨ªa militarizada. La Asamblea Nacional se aprestaba ayer a juramentar a los miembros del Comit¨¦ de Postulaciones Judiciales, que deber¨ªa culminar con la designaci¨®n de nuevos magistrados.
Con las deserciones de sus antiguos aliados, el repudio a Maduro aumenta cada d¨ªa. El r¨¦gimen conserva, de momento, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que utiliza como su principal ariete para seguir adelante en su esfuerzo de purgar a Venezuela. El oficialismo ahora se propone ¡ªa trav¨¦s del diputado chavista Pedro Carre?o¡ª pedirle al Supremo que autorice que una junta m¨¦dica determine si la fiscal general est¨¢ en sus cabales. El desenlace es inminente.
El secretario del Consejo de Defensa dimite
El periodista venezolano Vladimir Villegas asegur¨® en Twitter que el mayor general Alexis Ram¨ªrez L¨®pez renunci¨® a la secretar¨ªa del Consejo de Defensa de la Naci¨®n (Codena) porque no est¨¢ de acuerdo con la convocatoria de la Constituyente. Ram¨ªrez L¨®pez fue jefe de la Casa Militar de Hugo Ch¨¢vez, comandante general del Ej¨¦rcito durante el anterior Gobierno y parte de la logia militar del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que protagoniz¨® el fallecido mandatario.
Su renuncia es interpretada como una prueba de que los complotados de la intentona golpista buscan provocar un cambio de orientaci¨®n en las fuerzas armadas. En el grupo que se alz¨® entonces est¨¢n los mayores generales Miguel Rodr¨ªguez Torres, exministro del Interior y Justicia y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y Cl¨ªver Alcal¨¢ Cordones, dos activos detractores de Nicol¨¢s Maduro.
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