California tramita una ley para ser un ¡®santuario¡¯ de sin papeles frente a Trump

La coalici¨®n de intereses anti Trump que impulsa la ley se present¨® este lunes en Los ?ngeles con una imagen poderosa. De Le¨®n compareci¨® en rueda de prensa junto con el exfiscal general Eric Holder, a quien el Senado estatal ha contratado como asesor legal frente al presidente, y con el jefe de polic¨ªa de Los ?ngeles, Charlie Beck, que daba as¨ª por primera vez su apoyo expreso a la SB54. El frente pol¨ªtico, legal y policial trat¨® de limar las dudas que est¨¢ generando una medida que puede ser vista como radical.

A nadie se le escapa el enorme simbolismo de declarar California Estado santuario frente al republicano Trump. La ley, sin embargo, no inventa nada. Est¨¢ fundamentada en protocolos de polic¨ªa local con d¨¦cadas de antig¨¹edad. En ciudades como Los ?ngeles, donde se da por buena la cifra de que hay al menos 800.000 indocumentados, la polic¨ªa local (que tiene las competencias de seguridad ciudadana) no colabora con la polic¨ªa federal de inmigraci¨®n desde 1979. La raz¨®n es que, si amplios sectores de la ciudadan¨ªa temen que un encuentro con la polic¨ªa pueda derivar en una deportaci¨®n a su pa¨ªs de origen, ser¨¢n menos proclives a denunciar delitos en general y a prestar testimonio ante un tribunal.

La polic¨ªa de Los ?ngeles ya ha registrado un descenso anormal en las denuncias de violencia machista por parte de vecinas latinas, lo que interpreta como miedo a que los casos acaben en una expulsi¨®n de EE UU. Esos datos hicieron que el alcalde de la ciudad dictara una orden prohibiendo a todos los funcionarios municipales colaborar con las autoridades federales de inmigraci¨®n, en un alarde destinado a tranquilizar a la comunidad inmigrante.

Junto al jefe de polic¨ªa de Los ?ngeles, hab¨ªa representantes de las polic¨ªas de Sacramento y Long Beach. Esta pol¨ªtica es com¨²n en cientos de grandes ciudades de Estados Unidos, que a menudo reciben el nombre de ciudades santuario. El t¨¦rmino lo empez¨® utilizando San Francisco y hoy la usa de forma peyorativa la derecha de EE UU, incluidos Trump y su fiscal general, Jeff Sessions.

La ley fue presentada en el Senado de Sacramento, capital de California, en diciembre pasado, un mes despu¨¦s de la victoria de Trump, con el nombre de Ley de los Valores de California. Lo que hace es extender a todo el Estado los protocolos de las grandes ciudades que hace tiempo que no colaboran con la polic¨ªa de inmigraci¨®n (ICE). Fue aprobada por el Senado el pasado 3 de abril sin un solo voto republicano.

Nadie necesita a los republicanos en un Estado en el que todas las grandes instituciones tienen mayor¨ªa dem¨®crata, pero la ley tiene la oposici¨®n de varios sheriffs de California, especialmente de zonas humildes del interior, y est¨¢ agitando a las resignadas bases republicanas. Recientemente, el fiscal general de California, Xavier Becerra, no pudo hablar en un evento en Pomona porque fue boicoteado por un grupo de partidarios de Trump contrarios a la ley. Uno de los peligros de la SB54 es que pueda ser la chispa que despierte a un partido en estado comatoso en California.

Este es el contexto en el que la Ley de los Valores de California afronta la tramitaci¨®n en la Asamblea (C¨¢mara baja) de Sacramento. De Le¨®n hizo una exhibici¨®n de apoyos, desde el punto de vista legal y policial, ante la posibilidad de que el debate se enrede m¨¢s de la cuenta. La ley pretende responder a la ¡°amenaza constitucional de la temeraria Administraci¨®n Trump¡±, dijo. El exfiscal general Holder (2009-2015) a?adi¨® que ha enviado una carta a su sucesor Sessions en la que explica que es perfectamente constitucional. En la carta, Holder afirma que el Gobierno federal no tiene autoridad para obligar a los Estados a ejecutar pol¨ªticas que no son su competencia (como la pol¨ªtica de inmigraci¨®n) y tampoco puede condicionar la transferencia de los fondos federales a esas pol¨ªticas, como ha amenazado reiteradamente el presidente.

La ley fue enmendada durante la tramitaci¨®n en el Senado para permitir que las prisiones de California informen a la polic¨ªa de inmigraci¨®n de que un sin papeles encarcelado por delitos violentos va a quedar libre, de forma que lo puedan detener al salir y deportarlo. La enmienda respond¨ªa a la presi¨®n de republicanos y de algunos sheriffs. Seg¨²n De Le¨®n, la oposici¨®n de jefes de polic¨ªa de ¨¢reas rurales a esta legislaci¨®n tiene que ver con que no se ocupan de la seguridad p¨²blica, sino de gestionar las c¨¢rceles. El argumento republicano de que se trata de una ley que protege a criminales violentos ha encontrado aqu¨ª uno de sus apoyos.

De Le¨®n, hijo de inmigrantes y el latino con m¨¢s poder en California, ha asumido el liderazgo contra ¡°la ret¨®rica repugnante que emana de Washington¡±, y puso como ejemplo una reciente comparecencia del director de la polic¨ªa de inmigraci¨®n en la que dijo que ¡°todos los inmigrantes ilegales son una amenaza contra la seguridad p¨²blica¡±.

A trav¨¦s de dos ¨®rdenes ejecutivas (decretos) dictadas nada m¨¢s tomar posesi¨®n en enero, el Gobierno Trump acab¨® con la pol¨ªtica de prioridades de los presidentes George Bush y Barack Obama, que b¨¢sicamente obligaba a la polic¨ªa de inmigraci¨®n (ICE) a concentrarse en sin papeles con antecedentes criminales y dejar en paz a todos los dem¨¢s indocumentados. Ahora, todo el mundo es objetivo, como ha dicho la propia polic¨ªa de inmigraci¨®n. ¡°Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes han aumentado un 150%¡±, dijo el l¨ªder del Senado californiano, De Le¨®n. El miedo es generalizado y es real.

Faltan al menos dos meses de tramitaci¨®n y el gobernador de California (que tiene que aprobarlo en ¨²ltima instancia) no ha indicado si apoya o no la ley. El camino hacia el primer Estado santuario puede acabar en un conflicto institucional. La SB54 ya se ha convertido en un s¨ªmbolo de la resistencia contra Trump y en un signo de los tiempos.