Los jueces en la mira

Si el joropo y el castellano venezolanos, la mazurca y el idioma polaco, as¨ª como la danza del Horon y la lengua turca distinguen muy visiblemente a Venezuela, Polonia y Turqu¨ªa, los tres pa¨ªses parecen compartir el drama de sistemas judiciales afectados severamente en su independencia por los distintos pasos ejercidos desde el poder pol¨ªtico para controlarlos.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), m¨¢ximo ¨®rgano jurisdiccional del pa¨ªs, encargado, entre otras cosas, de ejercer el control de legalidad de los actos del Ejecutivo, sufri¨® una serie de ampliaciones en sus miembros con elecciones hechas por un Legislativo controlado por el Ejecutivo. En los primeros a?os al menos se cuidaron las formas en asuntos como las mayor¨ªas calificadas en el Congreso. En 2014 eso se empez¨® a obviar: varios magistrados se quejaron que renunciaban por presi¨®n y luego se eligi¨® por mayor¨ªa simple, y omitiendo todos los procesos de selecci¨®n normados, a 13 magistrados principales. Luego de las elecciones parlamentarias del 2015, pero antes de que se instalara el nuevo Congreso con mayor¨ªa opositora, se ampli¨® y consolid¨® ese control.

En Polonia, la pel¨ªcula est¨¢ en pleno desarrollo. Tan recientemente como la semana pasada en un Parlamento ¨¢vido de dictar normas para que el Gobierno pueda controlar el sistema judicial se aprobaron tres leyes que permitir¨ªan, entre otras cosas, destituir sin motivo a presidentes de tribunales y que el ministro de Justicia designe a los que ocupen las vacantes as¨ª generadas en la Corte Suprema. La presi¨®n de la Uni¨®n Europea llev¨® a que hace unos d¨ªas el presidente Andrzej Duda vetara dos de las tres leyes aprobadas, pero todo indica que el tema de un mayor control gubernamental sobre la justicia seguir¨¢ en la agenda.

Y en Turqu¨ªa se fue avanzando en el control pol¨ªtico por el Gobierno de Erdogan en dos momentos. El primero, desde fines de diciembre de 2013, a prop¨®sito de denuncias sobre corrupci¨®n que tocaban a cuatro ministros, y otra referida al hijo del entonces primer ministro. Los fiscales pertinentes fueron removidos y las investigaciones no siguieron m¨¢s. Luego se fueron haciendo cambios en la estructura de designaci¨®n de jueces y fiscales para darle m¨¢s control al Ejecutivo. El segundo momento vino luego del frustrado golpe militar contra Erdogan en julio de 2016.

Si bien se indic¨® que m¨¢s de 2.000 efectivos militares habr¨ªan estado comprometidos, la punter¨ªa gubernamental se dirigi¨® m¨¢s bien a los jueces: m¨¢s de 2.700 fueron removidos de sus puestos a las pocas horas del intento de golpe y m¨¢s de 2.400 fueron detenidos (incluidos dos miembros de la Corte Constitucional) sin atisbos de debido proceso ni de derecho a la defensa. Con un tercio de los jueces ahora encarcelados, hay hechos como ese que lo dicen todo sobre la avasallada independencia.

Por las implicancias y consecuencias de recurrencias hist¨®ricas intervencionistas como estas, es obvio que conciernen y afectan no s¨®lo a jueces y fiscales. Repercuten directamente sobre las pol¨ªticas p¨²blicas y los derechos de toda la poblaci¨®n al menos en tres aspectos. Primero, para impedir ¡ªo hacer muy dif¨ªcil¡ª la investigaci¨®n y sanci¨®n a actos de corrupci¨®n cometidos desde el centro del poder pol¨ªtico. Segundo, para trabar cualquier ¡°contrapeso¡± al poder gubernamental proveniente del sistema judicial en temas como el control de legalidad de actos del Ejecutivo. En tercer lugar, para dificultar el procesamiento de casos de violaciones de derechos humanos ¡°encerrando¡± dentro de un sistema controlado cualquier intento de confrontar din¨¢micas de abuso contra la poblaci¨®n o de impunidad en las investigaciones.

Estos son, pues, problemas serios que conciernen a la sociedad toda. Hace bien la comunidad internacional ¡ªy lo hace con perfecto derecho, por tratarse de derechos fundamentales¡ª de estar pendiente de hechos tan graves como estos.