Los afectados por el derrame de ¨¢cido en el r¨ªo Sonora demandan al Gobierno mexicano

M¨¢s informaci¨®n

Caos econ¨®mico en la tierra sin agua

Un derrame de ¨¢cido sulf¨²rico causa alerta ambiental en M¨¦xico

Del desastre de Aznalc¨®llar al vertido en el r¨ªo Sonora

Los pobladores de Sonora afectados por un derrame de residuos t¨®xicos en uno de sus principales afluentes siguen luchando por justicia. Hace tres a?os, al 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre ¨Cuna de las m¨¢s grandes del mundo¨C derram¨® 40.000 metros c¨²bicos de ¨¢cido sulf¨²rico en los r¨ªos Bacanuchi y Sonora (al norte de M¨¦xico). El hecho fue calificado como el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en M¨¦xico y el Gobierno federal, ante la presi¨®n ciudadana, oblig¨® a Grupo M¨¦xico ¨Cel operador de la minera- a crear un fideicomiso de 150 millones de d¨®lares para reparar el da?o de los 22.000 afectados.

Una de las acciones m¨¢s urgentes era abastecer de agua a los habitantes de las 24 comunidades repartidas en siete municipios que bordean el r¨ªo afectado. En esa regi¨®n los pobladores utilizan el agua del grifo para consumo humano y para sus actividades agr¨ªcolas y ganaderas. La compa?¨ªa se comprometi¨® a crear 36 plantas potabilizadoras, pero apenas hay una. Adem¨¢s, en abril pasado la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, anunci¨® que ¨¦stas se hab¨ªan reducido a nueve, lo que ha incrementado la molestia de los afectados.

A tres a?os del desastre ecol¨®gico, los pobladores siguen buscando la restituci¨®n de sus derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. El martes, ciudadanos afectados por el derrame ¨Cagrupados en los Comit¨¦s de Cuenca R¨ªo Sonora (CCRS)-, anunciaron que ganaron un juicio de amparo con el que demuestran que dos pozos de la regi¨®n presentaban contaminaci¨®n por ars¨¦nico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organizaci¨®n Mundial de la Salud. Con esta resoluci¨®n han demandado a las instituciones de salud estatales (Isssteson) y federales (Secretar¨ªa de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social) por haber desatendido su salud.

Francisca Garc¨ªa Enr¨ªquez, de 39 a?os, ha vivido toda su vida en Aconchi, un poblado de la regi¨®n del r¨ªo Sonora. Sus padres tambi¨¦n nacieron ah¨ª y su econom¨ªa familiar se ha visto seriamente afectada tras el desastre ambiental. ¡°Mi padre sembraba quelites, calabacitas, elotes y berros para autoconsumo y para intercambio comercial. En esta regi¨®n se utiliza mucho intercambiar lo que sembramos entre pueblos. Nosotros sembr¨¢bamos ma¨ªz y el elote lo llevaban a otra comunidad, donde nos daban pap¨¢ o camote, y eso ya no lo podemos hacer por la incertidumbre del grado de contaminaci¨®n que hay en el agua¡±, dice la sonorense.

En estos tres a?os, los afectados que han sido acompa?ados legalmente por Poder ¨Cuna organizaci¨®n que busca fomentar la transparencia de las empresas en Am¨¦rica Latina-- han presentado m¨¢s de 12 amparos y acciones legales en contra de la empresa y las instancias de Gobierno involucradas, pero no han logrado el acceso pleno a la justicia y la reparaci¨®n del da?o. ¡°El Gobierno mexicano ha mostrado poco o nulo inter¨¦s en que Grupo M¨¦xico cumpla el compromiso de reparar los da?os causados, y dej¨® en el abandono las acciones legales que se intentaron contra la empresa¡±, se?al¨® la organizaci¨®n en un comunicado.

Garc¨ªa Enr¨ªquez considera que? tanto el Gobierno anterior de Guillero Padr¨¦s (PAN) y el acutal de Claudia Pavlovich (PRI) han sido omisos en sus exigencias a la federaci¨®n y a Grupo M¨¦xico. "Este Gobierno estatal y los municipios han sido tibios para pedrile a la empresa que cumpla lo que prometieron: las plantas potabilizadoras y el monitoreo de nuestra salud", expone.

Otro de los compromisos del fideicomiso era la construcci¨®n de una cl¨ªnica para albergar la Unidad de Vigilancia Epidemiol¨®gica y Ambiental (UVEA), pero la empresa minera ha retrasado su edificaci¨®n, a pesar de que en los reportes oficiales la cifra de personas con da?os en la salud va en incremento, han denunciado los comit¨¦s de Cuenca del R¨ªo Sonora. El mes pasado el titular de la UVEA, L¨¢zaro Eduardo ?vila, que opera provisionalmente en una vivienda en el poblado de Ures, dio a conocer al diario La Jornada que 381 habitantes presentaban desechos t¨®xicos en sangre y orina.

El fondo creado en 2014 contemplaba pagos por las afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del desastre ambiental. Los comit¨¦s de cuenca han se?alado que el Comit¨¦ T¨¦cnico del Fideicomiso no realiz¨® ning¨²n an¨¢lisis para definir el reparto de los 2.000 millones de pesos destinados a la compensaci¨®n de da?os econ¨®micos causados por el derrame, lo que provoc¨® que las indemnizaciones fueran ¨ªnfimas comparadas con el nivel de las afectaciones. "El pago de hizo por igual sin tomar en cuenta el valor de los cultivos. Hay casos donde las siembras son m¨¢s costosas por los insumos que se requieren, y hay otros cultivos que requieren menos dinero, eso es lo que hemos cuestionado", explica Francisca.

La sanci¨®n que impuso el Gobierno federal a Grupo M¨¦xico ha sido calificada como irrisoria por los afectados. En marzo de 2015, la Fiscal¨ªa ambiental (Profepa) mult¨® a la compa?¨ªa con 23,5 millones de pesos (1,3 millones de d¨®lares), el equivalente al 0,22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre de ese a?o. El consorcio es uno de los principales productores de cobre a nivel internacional y tiene presencia en M¨¦xico, Per¨² y Estados Unidos. Su due?o es Germ¨¢n Larrea, el segundo hombre m¨¢s rico de M¨¦xico.