El juez exige al fiscal mexicano que investigue a los mandos militares en la matanza de Tlatlaya

A m¨¢s de tres a?os de la matanza de Tlatlaya en M¨¦xico, un juez ha exhortado a la fiscal¨ªa a que investigue a fondo lo ocurrido, cosa que, de momento, no ha hecho. En junio de 2014, un convoy militar se enfrent¨® a balazos a un grupo de personas armadas en una comunidad rural de Tlatlaya, un pueblo a cuatro horas de la capital. El Ej¨¦rcito inform¨® entonces de que los agresores, 22, hab¨ªan muerto en el fuego cruzado. Semanas m¨¢s tarde trascendi¨® que no todos hab¨ªan ca¨ªdo en la balacera, que los militares hab¨ªan asesinado a unos cuantos.

El juez ha amparado a una de las testigos de lo ocurrido, Clara G¨®mez, que ped¨ªa que la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, PGR, investigara a fondo el caso: la balacera, los asesinatos, la alteraci¨®n de la escena del crimen, la actuaci¨®n de los mandos militares, etc¨¦tera. En una resoluci¨®n dictada hace unos d¨ªas, el juez da la raz¨®n a la testigo y ordena adem¨¢s que la PGR integre todas las pesquisas sobre el caso en una sola investigaci¨®n, para evitar la p¨¦rdida de pruebas. La procuradur¨ªa tiene 10 d¨ªas h¨¢biles para presentar un recurso, cosa que deber¨ªa ocurrir, si ocurre, esta semana. "De presentar el recurso", ha dicho Gabriela Carre¨®n, una de las abogadas de la testigo, "la PGR estar¨ªa expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya".

Sepultada por un alud de esc¨¢ndalos y corruptelas que mantienen en vilo a M¨¦xico desde 2014, la matanza de Tlatlaya fue el primer mazazo contra la imagen del presidente Enrique Pe?a Nieto. A menos de dos a?os de tomar el mando, luego de airear al detalle las bondades de las reformas propuestas por su Gobierno, la muerte a balazos de 22 personas le tra¨ªa de vuelta a tierra frme, recordando los a?os duros de la guerra contra el narco del anterior presidente, Felipe Calder¨®n. La muerte a balazos, pero sobre todo la sospecha fundada de que aquello no hab¨ªa sido un simple enfrentamiento.

La PGR present¨® su investigaci¨®n ante el juez a finales de 2014, concluyendo que los militares hab¨ªan matado a sangre fr¨ªa a ocho de los 22. Que lo hicieron despu¨¦s de la balacera, cuando ya se hab¨ªan rendido. Implicaba directamente a tres elementos del Ej¨¦rcito, Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hern¨¢ndez, acusados adem¨¢s de alterar la escena del crimen. El juez acept¨® que los tres siguieran en prisi¨®n.

En mayo de 2016, a?o y medio m¨¢s tarde, un tribunal consider¨® sin embargo que las pruebas de la PGR resultaban insuficientes para enjuiciar a los militares y orden¨® su liberaci¨®n. El tribunal asum¨ªa que los militares hab¨ªan "privado de la vida"? a ocho civiles, pero argumentaba que el paquete de evidencias resultaba exiguo.?La PGR protest¨®: "Conforme al marco legal vigente, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica acata esta resoluci¨®n judicial. Sin embargo, el Ministerio P¨²blico de la Federaci¨®n considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares". Quintero, Acevedo y Mill¨¢n eran los ¨²ltimos tres integrantes del convoy que quedaban en prisi¨®n. Antes ya hab¨ªan salido otros cuatro, vinculados igualmente al caso, aunque por delitos menores. Eran los tres primeros, seg¨²n los investigadores, quienes hab¨ªan perpetrado la masacre.

Ahora, otro a?o despu¨¦s, un juez de amparo insiste en que no, que las pruebas aportadas para enjuiciar a los militares no son suficientes. "Se ha acreditado que la autoridad ministerial ha sido omisa en realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos motivo de la denuncia realizada", dice. Y adem¨¢s de decirlo, ordena a los investigadores que hagan algo al respecto.

Adem¨¢s, el juez se?ala dos puntos cruciales del caso, la responsabilidad de la cadena de mando y un oficio, divulgado un a?o despu¨¦s de lo ocurrido, que mostraba la sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de fuego.

Tres mujeres sobrevivieron al enfrentamiento y las posteriores ejecuciones de Tlatlaya. Una de ellas es Clara G¨®mez. Desde el principio, la testigo ha explicado que ella estaba con los 22 aquel d¨ªa por su hija, Erika. Nunca ha quedado claro c¨®mo lleg¨® Erika al grupo. Si se fue con ellos por gusto o porque la obligaron. Clara dice que hac¨ªa semanas que no sab¨ªa de ella y que justo el d¨ªa de antes, la muchacha le avis¨® por celular de que estar¨ªa en Tlatlaya. Clara, seg¨²n explic¨®, fue a buscarla y se encontr¨® con el tiroteo y lo dem¨¢s. Erika, que entonces contaba 14 a?os, muri¨® a balazos aquel d¨ªa, 30 de junio de 2014. Clara y sus abogados intentan desde entonces que la PGR investigue todos los aspectos del caso, que los militares acusados sean enjuiciados y los mandos militares, investigados.

En junio de 2015, los abogados de Clara presentaron un documento que formaba parte de la investigaci¨®n de la PGR. Se trataba de un oficio militar, una orden que la comandancia del batall¨®n envi¨® al encargado de la base en la que estaban destinados los soldados implicados en el caso. Uno de los puntos de la orden le¨ªa: "Las tropas deber¨¢n operar de noche en forma masiva y en el d¨ªa reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad". El oficio ten¨ªa fecha del 11 de junio, dos semanas y media antes de lo ocurrido.

A ra¨ªz de la investigaci¨®n de la PGR y el contenido de este oficio, la cuesti¨®n resulta m¨¢s que evidente: ?Hasta qu¨¦ punto los militares se sintieron respaldados por sus mandos para actuar como actuaron?

En la causa militar sobre Tlatlaya, paralela a la civil, el segundo comandante del batall¨®n, el teniente coronel Sandro D¨ªaz, declar¨® que aquel oficio no era obra suya, sino un machote, esto es, un modelo que se estaba usando desde hac¨ªa a?os. Pese a ello, la PGR no ha llamado a declarar a sus superiores para determinar el origen exacto del oficio, ni a Ra¨²l Castro, primer comandante del batall¨®n, ni a Francisco Ortega, adscrito a la comandancia de la 22? Zona Militar, ni a su jefe en la Zona Militar, ni al general Jaime God¨ªnez, comandante de la 1? Regi¨®n Militar, ni, por supuesto, al Secretario de la Defensa, General de Divisi¨®n Salvador Cienfuegos.

El juez que pide ahora a la PGR que investigue a fondo el asunto es consciente de lo anterior: "Se tiene acreditado la omisi¨®n de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenec¨ªan los militares". Por eso, pide que lo haga y que adem¨¢s elabora un cronograma con las "diligencias" a realizar. Que diga qu¨¦ va a hacer, cu¨¢ndo piensa a hacerlo y que se comprometa a solventar cada una de sus tareas en un plazo de 30 d¨ªas.

Gabriela Carre¨®n, una de las abogadas de Clara, tiene claro que entre esas diligencias deber¨ªan figurar las convocatorias de los mandos para que declaren. "Adem¨¢s", dice, "deber¨ªa pedir a la Secretar¨ªa de la Defensa que explique cu¨¢ntas ¨®rdenes se han dado en base al machote de Tlatlaya"