El Estado de California intenta parar en los tribunales el muro de Donald Trump

La denuncia fue presentada este mi¨¦rcoles por el fiscal general, Xavier Becerra, y la Comisi¨®n de Costas de California, con un anunci¨® p¨²blico junto a la valla que separa Tijuana de San Diego. El texto pide a los jugados federales de San Diego dicten que una orden para frenar la construcci¨®n del muro. El Gobierno de EE UU pretende comenzar la construcci¨®n de los prototipos del eventual muro en una zona de San Diego, donde el terreno es propiedad federal.

¡°La Administraci¨®n Trump ha ignorado leyes que no le gustan para resucitar una promesa de campa?a de construir un muro en la frontera sur¡±, dijo Becerra. ¡°Si quieres hacer negocios en California, y eso incluye al presidente, tienes que estar dispuesto a cumplir la ley¡±. ¡°Respetamos la pol¨ªtica de inmigraci¨®n. Entendemos que es una cuesti¨®n federal. Pero si ocurre en nuestro patio trasero, exigimos que se haga de la forma correcta y respetando la ley¡±, a?adi¨® Becerra.

Los abogados del Estado californiano han encontrado la forma de atacar judicialmente el muro en un detalle t¨¦cnico en la norma que el Departamento de Seguridad Nacional est¨¢ utilizando para ejercer su autoridad en esta cuesti¨®n. La norma data de 2008 y daba permiso al Gobierno para ignorar cualquier legislaci¨®n que complicara la construcci¨®n de ¡°vallas adicionales¡±, dentro del proyecto de refuerzo de la frontera que se aprob¨® con el Gobierno de George W. Bush y se ejecut¨® en el de Barack Obama.

El Gobierno pretende comenzar la construcci¨®n en partes de San Diego y de Calexico. La fiscal¨ªa general californiana entiende que las normas excepcionales que permit¨ªan construir y reformar de manera urgente partes de la valla fronteriza caducaron en 2008 y adem¨¢s no se refer¨ªan a los puntos donde se quiere hacer ahora, ni se refer¨ªa a un muro nuevo. El Gobierno de Trump, por tanto, no tiene permiso para hacer ninguna valla sin el correspondiente informe de impacto ambiental.

El permiso para construir en Calexico que se ha dado a s¨ª mismo el Gobierno de Trump, ampar¨¢ndose en esa norma excepcional de 2008, pretende pasar por encima de 27 leyes federales, adem¨¢s de leyes estatales y locales, afirma la denuncia. Por tanto ¡°los demandantes solicitan a la Corte que impida al Departamento de Seguridad Nacional comenzar cualquier planificaci¨®n, dise?o y construcci¨®n relativas a instalar barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y M¨¦xico, incluyendo la construcci¨®n de prototipos y cualquier otra infraestructura que aparece en los proyectos de San Diego y Calexico hasta que cumpla con las leyes¡± medioambientales federales y californianas.

El desaf¨ªo judicial a la construcci¨®n del muro es solo el ¨²ltimo de una cascada de denuncias de California y otros estados y ciudades contra las principales pol¨ªticas de Donald Trump. Poco despu¨¦s de la victoria del empresario en las elecciones, el pasado noviembre, los principales l¨ªderes del Estado, en el que los dem¨®cratas ocupan todos los puestos clave, prometieron utilizar todos los recursos legales a su alcance para torpedear los planes del presidente.

Alrededor de un tercio de los inmigrantes irregulares de Estados Unidos viven en California. El Legislativo californiano ha aprobado una docena de leyes en este a?o para proteger a los inmigrantes. California ha llevado a Trump a los tribunales en multitud de asuntos pol¨¦micos, desde el veto migratorio hasta la decisi¨®n de eliminar el programa DACA.

El Gobierno de Trump todav¨ªa no tiene el dinero que necesita para iniciar la construcci¨®n del muro. El propio presidente ha ido rebajando su promesa hasta reconocer que no hace falta un nuevo muro en toda la frontera. El muro es en estos momentos la piedra de toque de la negociaci¨®n del presupuesto en el Senado de Estados Unidos. La C¨¢mara de Representantes aprob¨® 1.600 millones de d¨®lares de los 22.000 que se calcula que costar¨ªa todo el proyecto. Trump pretende forzar a los senadores republicanos a que aprueben los fondos este mismo a?o, y ha tratado de enlazar esa negociaci¨®n con otras como el fin del programa DACA o los fondos de ayuda para Texas por el hurac¨¢n Harvey.