La batalla por las ciudades santuario se encamina a los juzgados

La batalla del Gobierno de Donald Trump por aplicar la m¨¢xima dureza en la detenci¨®n y deportaci¨®n de inmigrantes irregulares se encuentra con un nuevo desaf¨ªo judicial, esta vez por parte de California. Se trata del primer Estado que presenta una denuncia contra el Gobierno federal por las amenazas y represalias a las llamadas ciudades santuario, que no colaboran con la polic¨ªa de inmigraci¨®n. Como en el veto migratorio, la soluci¨®n la dar¨¢n los tribunales.

La denuncia es la primera a nivel estatal y se suma a las que ya hab¨ªan presentado las ciudades de San Francisco y Chicago, que consideran inconstitucional la retirada de fondos federales a las llamadas ciudades santuario. El t¨¦rmino tiene una definici¨®n muy amplia que var¨ªa de una jurisdicci¨®n a otra, pero en general se refiere a aquellas ciudades en las que la polic¨ªa local (que tiene las competencias de seguridad) no se interesa por el estatus legal de los ciudadanos y no comparte informaci¨®n con la polic¨ªa de inmigraci¨®n (federal, a las ¨®rdenes del Departamento de Interior, que tiene las competencias de inmigraci¨®n). La mayor¨ªa de las grandes ciudades de Estados Unidos con una poblaci¨®n inmigrante significativa entra en esta definici¨®n.

El Gobierno Trump considera que las ciudades santuario son ¡°una desgracia¡±, en palabras del presidente, y que su pol¨ªtica de no perseguir inmigrantes irregulares pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Desde el principio de su campa?a electoral, Trump ha se?alado a los inmigrantes irregulares como la principal fuente de crimen en Estados Unidos. Su fiscal general, Jeff Sessions, hace de esa idea en el centro de todas sus actuaciones y lo est¨¢ convirtiendo en pol¨ªtica real.

Es en ese contexto que Trump firm¨® una orden ejecutiva en la primera semana como presidente en la que establec¨ªa que se retiraran fondos p¨²blicos federales para las ciudades que no colaboraran con la fuerza federal de detenci¨®n y deportaci¨®n de indocumentados. En Estados Unidos hay alrededor de 11 millones de sin papeles y apenas unos miles de agentes de inmigraci¨®n. La promesa de deportaciones masivas es inaplicable son la colaboraci¨®n de las polic¨ªas de ciudades como Nueva York, Chicago, Los ?ngeles o Houston.

Para las grandes ciudades, la situaci¨®n es exactamente al rev¨¦s. Aterrorizar a una parte de sus ciudadanos con la posibilidad de ser deportados hace que no colaboren con la polic¨ªa, que no denuncien cr¨ªmenes ni quieran ser testigos, y eso supone una mayor amenaza a la seguridad.

El Gobierno Trump, a trav¨¦s del fiscal general, Jeff Sessions, ha utilizado las transferencias de fondos federales como arma pol¨ªtica para obligar a las ciudades a cambiar de actitud. Esta amenaza fue contestada en los tribunales por las ciudades de San Francisco y Richmond y el condado de Santa Clara (la zona de Siicon Valley), en California. El pasado 25 de abril, un juez federal de California orden¨® paralizar la aplicaci¨®n de la orden ejecutiva mientras se resuelve la cuesti¨®n constitucional de fondo. La amenaza de Trump a las ciudades santuario, calificada de chantaje por los l¨ªderes californianos, est¨¢ parada igual que ocurri¨® con el veto migratorio. Los Estados de California, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, and Washington se han personado en la causa en apoyo del condado de Santa Clara.

Durante las sesiones preliminares de ese juicio qued¨® claro que el Departamento de Justicia apenas puede bloquear una peque?a parte de los fondos federales. Se trata de partidas relativas a programas de seguridad. En California supone 28,3 millones de d¨®lares (de un total de 260 para todo el pa¨ªs) que se utilizan principalmente para programas de formaci¨®n policial.

Pero la amenaza es suficiente para que el Estado haya decidido presentar su propia demanda, en coordinaci¨®n con la de San Francisco, para un juez decida si se puede amenazar a las administraciones de esta manera. ¡°La Administraci¨®n Trump no puede manipular las condiciones de los fondos federales para presionar a estados, condados o ciudades para que apliquen las leyes de inmigraci¨®n¡±, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, el pasado lunes en la presentaci¨®n de la denuncia.

Cuando el juez dict¨® la orden cautelar de paralizar el plan de Trump, el presidente tuite¨®: ¡°?Nos vemos en el Tribunal Supremo!¡±. El precedente del veto migratorio indica que el Gobierno est¨¢ dispuesto a ir en este asunto hasta la m¨¢xima autoridad judicial. Al final, la agresividad de Trump contra los inmigrantes acaba convertida en una cuesti¨®n constitucional que se resolver¨¢ por una sentencia.