Los terremotos y la crisis pol¨ªtica que viene

El conmovedor despliegue de solidaridad con las v¨ªctimas de los recientes terremotos por parte de decenas de miles de ciudadanos, especialmente j¨®venes, demuestra que hay en M¨¦xico una sociedad civil capaz de movilizarse y deseosa de participar en la vida p¨²blica. En el nuevo escenario de organizaci¨®n ciudadana, basada en las redes sociales y el acceso inmediato a la informaci¨®n, la escasa capacidad de gesti¨®n de los gobiernos federal y estatales ha quedado exhibida. La manifiesta desconfianza de la ciudadan¨ªa en las instituciones y su s¨²bita activaci¨®n puede tener consecuencias importantes en las elecciones del pr¨®ximo a?o.

Los terremotos han puesto frente a frente a una ciudadan¨ªa generosamente entregada a la ayuda a las v¨ªctimas y un gobierno que ha tratado de reaccionar r¨¢pido ante la emergencia para no perder la iniciativa y el comando de las acciones. Sin embargo, es patente que la ciudadan¨ªa no va a entregar al gobierno el manejo de la crisis ni va a volver a sus casas f¨¢cilmente, pues no tiene confianza en las instituciones.

?C¨®mo dejar que el gobierno de la Ciudad de M¨¦xico, al que le caben responsabilidades por haber autorizado la construcci¨®n de edificios habitacionales y escuelas que no cumpl¨ªan los est¨¢ndares m¨ªnimos, y que ha permitido la especulaci¨®n urbana m¨¢s aguda de la historia, se haga cargo de la reconstrucci¨®n de la atribulada ciudad, que por cierto ofrecer¨¢ nuevos y jugosos negocios a las inmobiliarias?. ?C¨®mo permitir que el gobierno federal, cuyo titular, el presidente Pe?a, ha sido incapaz de sancionar al Secretario de Comunicaciones y Transportes por innumerables casos de corrupci¨®n y mala calidad de las obras p¨²blicas, se haga cargo de reconstruir puentes, carreteras y escuelas que ya fueron mal hechas desde el principio? ?C¨®mo permitir que gobiernos estatales y locales probadamente corruptos e ineficientes manejen la distribuci¨®n de cr¨¦ditos para la reconstrucci¨®n de viviendas y las inversiones p¨²blicas necesarias para reconstruir hospitales y escuelas igualmente mal construidas?. Y esto sin mencionar el potencial uso pol¨ªtico del proceso de recuperaci¨®n por parte del gobierno y de los partidos en plena temporada electoral.

A diferencia de hace 32 a?os, esta vez la sociedad civil est¨¢ mejor organizada e informada, y la clase pol¨ªtica en su conjunto padece una radical crisis de credibilidad y de legitimidad. Tenemos a?os de denuncia de la corrupci¨®n sist¨¦mica del r¨¦gimen, pero la clase pol¨ªtica se niega a permitir la construcci¨®n de instituciones que la combatan efectivamente y ha bloqueado el nombramiento urgente y necesario de un fiscal anticorrupci¨®n verdaderamente independiente. Se exige tambi¨¦n hace mucho la creaci¨®n de una fiscal¨ªa federal aut¨®noma, pero el r¨¦gimen hace todo tipo de trampas para evitarlo. El pa¨ªs est¨¢ hastiado de la corrupci¨®n y de su contracara, la impunidad, raz¨®n por la cual el gobierno federal y los estatales no tendr¨¢n ni siquiera el beneficio de la duda en el manejo de la reconstrucci¨®n. Sus actos van a ser observados y vigilados minuciosamente.

Por su parte, los partidos pol¨ªticos compiten en un torneo de demagogia sobre cu¨¢l est¨¢ dispuesto a ceder una parte proporcionalmente mayor de su subsidio p¨²blico para las labores de reconstrucci¨®n. Sin embargo, la ciudadan¨ªa no cree en su sinceridad, y la falta de acuerdo entre ellos sobre los tiempos y modalidades en que su presupuesto puede ser transferido llevar¨¢ a un nuevo conflicto que profundizar¨¢ la desconfianza ciudadana en plena antesala electoral.

La ¨²nica forma en que el gobierno federal y los estatales pueden atender esta emergencia sin sospechas de clientelismo y de corrupci¨®n es creando uno o varios comit¨¦s ciudadanos de vigilancia de las inversiones a realizarse, y tratar de actuar con la mayor transparencia. Pero para una clase pol¨ªtica que necesita ocultar sus fallas regulatorias y usar electoralmente la reconstrucci¨®n ser¨¢ casi imposible aceptar el control ciudadano. Sin embargo, no hacerlo abrir¨¢ una brecha de legitimidad insalvable cuyas consecuencias son imprevisibles.

Alberto J. Olvera es Investigador del Instituto de Investigaciones Hist¨®rico-Sociales de la Universidad Veracruzana