Una consulta popular pone en jaque la reelecci¨®n indefinida en Ecuador

Cuanto m¨¢s se acerca la fecha para la convocatoria, planea con m¨¢s fuerza la posibilidad de que una de las preguntas de la consulta ponga a los ecuatorianos en el dilema de si quieren que el expresidente Correa pueda o no volver a presentarse como candidato a la jefatura de Estado en unos comicios. La reelecci¨®n indefinida se ha vuelto un arma arrojadiza de la oposici¨®n al Gobierno y de los oficialistas fieles al presidente Moreno a los corre¨ªstas. En una de sus ¨²ltimas intervenciones, Moreno ha dicho expl¨ªcitamente que es una ¡°aberraci¨®n pol¨ªtica¡± que un presidente pueda eternizarse en el poder, mientras los defensores de Correa, l¨ªder hist¨®rico de Alianza PA?S, el mismo partido del actual mandatario, se niegan a aceptar una supuesta ¡°regresi¨®n de derechos¡± por medio de la consulta.?

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¡°El se?or presidente ha sido muy claro en manifestar que ¨¦l est¨¢ absolutamente en contra de esta figura y que ¨¦l se la preguntar¨¢ al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos indicado con claridad que nosotros utilizamos un mecanismo constitucional¡±, ha defendido Marcela Agui?aga, parlamentaria de Alianza PA?S.

La postura de Correa

El ala dura de Correa y el mismo expresidente han cuestionado que el mecanismo adecuado para modificar la reelecci¨®n indefinida sea una consulta popular y, de hecho, han condicionado su apoyo al refer¨¦ndum a que se respeten ciertos l¨ªmites que dejan fuera la disyuntiva de la reelecci¨®n. Porque para eso, har¨ªa falta convocar una asamblea constituyente, despu¨¦s de que el Gobierno de Correa introdujera en 2015 mediante enmienda constitucional la posibilidad de reelecci¨®n para permitir el eventual regreso del expresidente a partir de 2021.

A los movimientos sociales y dem¨¢s partidos pol¨ªticos no solo les preocupa el tema de la reelecci¨®n sino que, en general, aseguran que quieren desvanecer el halo de hegemon¨ªa e impunidad con el que, afirman, se han regido las instituciones p¨²blicas en la ¨²ltima d¨¦cada. La oposici¨®n ve en la consulta popular, cuya fecha de votaci¨®n a¨²n no se ha concretado, la oportunidad de desmantelar el Consejo de Participaci¨®n Ciudadana y Control Social, que se encarga de designar a las autoridades de control como el fiscal general, el procurador ¡ªque defiende los intereses del Estado¡ª y el contralor ¡ªque fiscaliza la gesti¨®n de las instituciones p¨²blicas¡ª.

Hay quienes piden eliminar directamente este cuerpo, cuyos miembros y decisiones han sido se?alados por su cercan¨ªa con el partido de Gobierno, y tambi¨¦n quienes defienden que basta con una mejor selecci¨®n. El parlamentario Guillermo Celi, del movimiento opositor SUMA, sostuvo en una entrevista en la prensa local que se debe reestructurar el organismo para incluir voces de la Asamblea Nacional, de los trabajadores, de la academia, de los medios de comunicaci¨®n y de los colegios profesionales. Pero, seg¨²n ¨¦l, no es necesario eliminarlo. En cambio, Celi recomienda prescindir de la figura del vicepresidente, ahora ocupada por Jorge Glas, sin funciones y vinculado por asociaci¨®n il¨ªcita a la trama de corrupci¨®n de Odebrecht.

La muerte civil de los cargos p¨²blicos o electos que est¨¦n inmersos en actos de corrupci¨®n, oblig¨¢ndoles a reparar los perjuicios causados al Estado, es otra de las propuestas planteadas para la consulta popular. Tambi¨¦n lo es la eliminaci¨®n de la Ley de Comunicaci¨®n para reinstaurar la libertad de prensa en el pa¨ªs, la introducci¨®n en la Constituci¨®n de una menci¨®n a la dolarizaci¨®n como sistema monetario oficial o la eliminaci¨®n de ciertos impuestos.