Al menos seis personas mueren y 19 resultan heridas en una protesta cocalera en Colombia

Varios civiles murieron este jueves durante una protesta de cocaleros en la poblaci¨®n de Puerto Rico, una vereda del municipio colombiano de Tumaco, en el suroeste del pa¨ªs. En un primer momento, el Ministerio de Defensa atribuy¨® el ataque, que dej¨® decenas de heridos, a la disidencia de las FARC que opera en el departamento de Nari?o, uno de los m¨¢s azotados por el cultivo de hoja de coca, los negocios de grupos residuales de la guerrilla y las mafias. Algunas asociaciones de campesinos culparon, en cambio, a las fuerzas de seguridad. Un d¨ªa despu¨¦s, el presidente Juan Manuel Santos ha reculado en la versi¨®n inicial y ha asegurado que el incidente en el que al menos murieron seis personas est¨¢ en fase de investigaci¨®n.

El primer informe de Defensa aseguraba que varios hombres de este supuesto grupo disidente ¡°lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza p¨²blica y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades¡±. Santos ha confirmado que se produjo este ataque, pero no ha especificado si el autor del mismo es alias Guacho, el supuesto responsable de esta banda. "El tal Guacho y un tal David son los l¨ªderes de bandas criminales en la zona y se han convertido en objetivo de alto valor para el Ej¨¦rcito", ha dicho sin concretar si forman parte o no de la disidencia. Tampoco ha se?alado si se trata de altos mandos del narco que tradicionalmente opera en una regi¨®n que es uno de los principales corredores para la salida de todo tipo de contrabando de Colombia.

El enfrentamiento ocurri¨® en torno a las diez de la ma?ana, cuando agentes de la Polic¨ªa y miembros del Ej¨¦rcito escoltaban a los equipos encargados de erradicar los cultivos de la zona. La producci¨®n de coca en Colombia aument¨® un 52% en 2016, seg¨²n la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC). Es decir, pas¨® de 96.000 a 146.000 hect¨¢reas, una cifra muy parecidas a las de hace 15 a?os, y el incremento se concentr¨® en algunos territorios como el Putumayo, Norte de Santander y Nari?o.

Este choque se produce en un contexto que refleja los riesgos que todav¨ªa entra?an las bandas criminales que siguen operando en las zonas con mayor narcotr¨¢fico de Colombia y que desde el desarme y conversi¨®n en partido pol¨ªtico de las FARC, se disputan entre s¨ª los vac¨ªos de poder que la exguerrilla dej¨®.

Las autoridades afirman que m¨¢s de 115.000 familias en 13 departamentos est¨¢n dispuestas a acogerse a los planes de sustituci¨®n voluntaria de alrededor de 90.000 hect¨¢reas de coca. De momento, se han implicado en este proceso 21.902 n¨²cleos familiares. No obstante, este programa no ha logrado frenar el descontento de un sector importante de la poblaci¨®n y muchos campesinos, alentados por el crimen organizado, combaten abiertamente la erradicaci¨®n de la hoja de coca.

La Polic¨ªa y el Ej¨¦rcito aseguran, por ejemplo, que, seg¨²n informaciones de la propia comunidad recabadas tras el ataque, ¡°alias Guacho y su banda ya no solo llevan a la poblaci¨®n a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada¡±. Su objetivo consiste en evitar ¡°la erradicaci¨®n de los cultivos il¨ªcitos extensivos que pertenecen a esa organizaci¨®n criminal¡±. Un extremo que el presidente Santos se ha limitado a defender alegando que "las bandas criminales amenazan a la poblaci¨®n". El fiscal general de Colombia, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, calcula que los beneficios de este grupo disidente, que pertenec¨ªa al frente Daniel Aldana de las FARC, podr¨ªan ascender a 25 millones de d¨®lares semanales.

La Asociaci¨®n de Juntas de Acci¨®n Comunal de la zona, el ¨®rgano que representa a las comunidades campesinas, mantiene que el enfrentamiento se produjo porque las fuerzas de seguridad actuaron con desproporci¨®n al tratar de contener la protesta. El Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera responsabiliza directamente a las brigadas del Ej¨¦rcito. Este episodio demuestra en cualquier caso que Colombia, que acaba de salir de una guerra de m¨¢s de medio siglo con la guerrilla m¨¢s antigua de Am¨¦rica, a¨²n no ha resuelto el problema de la violencia, sobre todo en las zonas rurales. "Soy consciente de que hay varias versiones", ha dicho el presidente colombiano al mismo tiempo que aseguraba que "la Fuerza P¨²blica no dispara a civiles, es disciplinada y cumple con los protocolos". Para inmediatamente despu¨¦s apostillar que "prefiere no amarrarse a ninguna versi¨®n".

Para tratar de esclarecer lo antes posible el ataque, Santos ha enviado al general Naranjo, su vicepresidente y responsable del programa de erradicaci¨®n y sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos, a Tumaco de manera indefinida.

El Gobierno de Juan Manuel Santos y el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), el segundo grupo insurgente del pa¨ªs, empezaron esta semana un cese al fuego que se prolongar¨¢ de momento hasta enero y supone un paso decisivo. Por primera vez en d¨¦cadas, los colombianos no sufrir¨¢n una violencia de origen pol¨ªtico o ideol¨®gico. No obstante, la inactividad de las guerrillas abre la v¨ªa para que bandas criminales y disidencias reales o autoproclamadas se hagan con el control de los negocios ilegales y subyuguen a la poblaci¨®n del campo, que, por su parte, reclama una mayor atenci¨®n del Estado.

Una visita realizada hace dos semanas a una aldea cocalera del departamento del Guaviare permit¨ªa comprobar que los campesinos que abandonaron ese cultivo piden ahora que el Gobierno no les abandone: alternativas productivas, protecci¨®n e infraestructuras. Es decir, solicitan una reinserci¨®n real en la sociedad y un control de esa transici¨®n que Colombia empez¨® con la firma de la paz con las FARC.