La CNDH obliga a Sinaloa a atender a 2.000 desplazados por la violencia

Cristina sali¨® de su pueblo con su esposo y sus tres hijos en?el verano de 2011. Una noche antes de su partida, un comando lleg¨® a esa localidad de la zona serrana de Sinaloa y saque¨® casas para luego incendiarlas. "Llegaron varias camionetas y hombres con (rifles) cuerno de chivo y entraron a las casas en busca de los contras (rivales) de su c¨¢rtel. Lo que quer¨ªan se lo llevaban, o quemaban casas y golpeaban a los hombres que opon¨ªan resistencia", cuenta la mujer. Despu¨¦s de tres horas de viaje desde el poblado cercano al municipio de Choix, llegaron a la ciudad de Los Mochis y se instalaron en casa de un conocido. "Cuando volvimos a intentar rescatar algo, ya no hab¨ªa nada, se hab¨ªan llevado los animalitos, y las pocas cosas de valor que ten¨ªamos", narra en entrevista.

La vida de Cristina y su familia comenz¨® de cero. Vendieron el coche para ahorrar unos cuantos pesos y desde entonces recorren las oficinas gubernamentales pidiendo ayuda, pero s¨®lo han obtenido evasivas. "Siempre dicen que no les toca a ellos (atenderlos), y nos mandan a otra parte... lo ¨²nico que hemos conseguido es una que otra despensa, como si con eso se nos fuera a solucionar el problema", asegura.

El caso de esta mujer evidencia el drama de los desplazados en Sinaloa. La Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emiti¨® una recomendaci¨®n a las autoridades de ese estado del noroeste del pa¨ªs para que atienda a 2.038 v¨ªctimas de desplazamiento forzado interno en los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix. "Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situaci¨®n del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulaci¨®n y residencia", se?al¨® el organismo en un comunicado.

En mayo del a?o pasado, la CNDH present¨® un informe donde denunciaba que el Gobierno mexicano era incapaz de combatir la violencia que llevaba al desplazamiento forzado. Entre 2007 y 2016 hab¨ªan contado en todo el pa¨ªs a 35.433 personas que abandonaron el lugar donde viv¨ªan y en nueve de cada 10 casos la causa fue la violencia desatada por la pugna entre bandas del crimen organizado.

Luz es otra sinaloense que sali¨® hace diez a?os de su pueblo, cerca de Choix, ubicado en los l¨ªmites entre Sinaloa y Chihuahua, huyendo de los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. "Ah¨ª hay gente dice ser due?a de la plaza y ellos nom¨¢s disponen", cuenta en entrevista telef¨®nica con este medio. La mujer de 31 a?os dice que una vez estaba en una fiesta con unas amigas y un grupo de sicarios se las llev¨® en un coche. "Nos dijeron que a dar la vuelta, pero luego ya no nos quer¨ªan bajar. Hay muchachas a las que se las han llevado y agarrado de mujeres, otras a las que han levantado para que les hagan comida o les laven, y ya no las vuelven a ver", afirma.?

Ella tambi¨¦n se estableci¨® en Los Mochis, donde actualmente trabaja preparando y vendiendo pan. La mujer de 31 a?os vivi¨® un tiempo con su hermana y despu¨¦s se fue a habitar una casa de las periferias que estaba deshabitada. "Pedimos al Gobierno que nos ayuden, no queremos que nos regalen estas casas, pedimos que nos las vendan a pagos", expresa. Luz es madre soltera y acusa que las autoridades nunca los han atendido. "Ahora est¨¢ peor la violencia, all¨¢ de donde yo era est¨¢ peor, ya casi no queda nadie. Uno nom¨¢s a?ora volver, pero no se puede", dice.

Una ley pendiente

M¨¦xico no cuenta con una ley especial que atienda el problema de los desplazados. La Ley de v¨ªctimas ofrece apoyo a las personas que abandonan su hogar, pero la ayuda que ofrece la Comisi¨®n Ejecutiva de Atenci¨®n a V¨ªctimas es muy limitada, ya que la norma no ahonda en la problem¨¢tica. La CNDH?ha insistido en la creaci¨®n de una ley general que atienda a los afectados y establezca las atribuciones y obligaciones del Estado mexicano en el tema.

En la recomendaci¨®n emitida a Sinaloa, el organismo nacional pidi¨® a las autoridades locales y estatales dise?ar un protocolo de seguridad en los municipios se?alados para que los afectados puedan regresar a sus hogares de manera voluntaria y sin temor de que su vida corra peligro. Tambi¨¦n solicit¨® brindarles atenci¨®n m¨¦dica y psicol¨®gica, as¨ª como?un programa de vivienda al que puedan acceder los desplazados mientras vuelven a sus lugares de origen. "Una de las mayores preocupaciones de las personas desplazadas es el abandono de sus tierras ejidales que en varios casos han pertenecido a sus familias a trav¨¦s de varias generaciones. Por esa raz¨®n, el gobierno de Sinaloa y los ayuntamientos deber¨¢n informar a la Procuradur¨ªa Agraria sobre la situaci¨®n de desprotecci¨®n y posibles afectaciones que han sufrido las tierras ejidales", se asienta.

*Los nombres de las v¨ªctimas fueron cambiados por seguridad.