La Suprema Corte ordena frenar el derroche de la publicidad oficial en M¨¦xico

Los informativos de la televisi¨®n mexicana, adem¨¢s de noticias, est¨¢n llenos de alcaldes que promocionan obras en remotos municipios e insulsos mensajes de exgobernadores y pol¨ªticos que buscan promoverse. La propaganda suele confundirse con las informaciones en la mayor¨ªa de noticiarios. Tan solo la Administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto ha gastado cerca de 2.000 millones de d¨®lares desde 2013 para promoverse. La Suprema Corte de Justicia ha dado este mi¨¦rcoles un primer paso para poner freno a este derroche que sangra los presupuestos federales y de los Estados.

La primera sala del tribunal supremo ha otorgado un amparo a Art¨ªculo XIX, una asociaci¨®n civil especializada en la libertad de expresi¨®n. La organizaci¨®n hab¨ªa promovido un recurso ante los jueces porque considera que el Congreso ha sido omiso al regular este dispendio. ¡°Esta omisi¨®n provoca que las autoridades utilicen los recursos p¨²blicos destinados a dicho fin de manera discrecional y opaca y genera medios indirectos de censura que violentan las libertades de expresi¨®n, prensa e informaci¨®n al hacer la asignaci¨®n del recurso para premiar ciertas l¨ªneas editoriales complacientes¡±, afirma el proyecto promovido por el ministro Arturo Zald¨ªvar que fue respaldado por otros tres togados. El ¨²nico juez que vot¨® en contra fue el conservador Jorge Pardo Rebolledo.

La decisi¨®n de la Corte obliga al Congreso a elaborar una ley reglamentaria al p¨¢rrafo ocho del art¨ªculo 134 de la Constituci¨®n para regular el gasto de Comunicaci¨®n social. La redacci¨®n de esa norma lleva durmiendo el sue?o de los justos desde febrero de 2014, cuando los diputados obviaron 17 iniciativas sobre la materia tras una reforma a la carta magna. Ahora, los legisladores tendr¨¢n que desempolvar alguna de esas propuestas y expedir la ley reglamentaria antes del 30 de abril de 2018, seg¨²n el mandato de la Corte.

El fallo de la primera sala ha sido considerado hist¨®rico porque es la primera vez que el Supremo ordena al Congreso expedir una ley por el amparo. ¡°Manda un mensaje muy claro porque la corte se convierte en un verdadero contrapeso institucional y un garante en t¨¦rminos de revertir patrones donde los poderes p¨²blicos violentan la Constituci¨®n¡±, asegura Leopoldo Maldonado, de Art¨ªculo XIX.

La asociaci¨®n asegura que la Corte ¡°reconoce que la falta de reglas claras genera un efecto mordaza para los medios y los periodistas¡±. ¡°Se asfixia econ¨®micamente a los medios cr¨ªticos, lo que es un problema en varios medios de comunicaci¨®n de Am¨¦rica Latina¡±, dice Maldonado.

Televisa y Tv Azteca, las principales televisiones de M¨¦xico, fueron las m¨¢s beneficiadas en 2016 por el dinero de publicidad oficial, de acuerdo con un informe publicado en septiembre por Fundar, un centro de an¨¢lisis e investigaci¨®n. Ambas empresas recibieron 3.148 millones de pesos (163 millones de d¨®lares). Los ministerios que m¨¢s gastaron fueron Salud, Desarrollo Social y Educaci¨®n, con cerca de 6.000 millones de pesos (311 millones de d¨®lares) a pesar de los draconianos recortes al gasto impuestos en los tiempos del desplome del precio del petr¨®leo y un entorno de austeridad impuesto por el Gobierno federal.

La investigaci¨®n de Fundar tambi¨¦n arroj¨® que el gasto en publicidad oficial tiene un sobre ejercicio de casi 72% sobre lo aprobado por la C¨¢mara de Diputados. Pero esta epidemia no es exclusiva del presidente y su Administraci¨®n. Los gobiernos de los Estados tambi¨¦n se inclinan por este derroche de vanidad y anhelos de control a los medios locales. En 2015, a?o de elecciones, ejercieron 11.895 millones de pesos (618 millones de d¨®lares). El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calcula que el monto ejercido en 2016 fue de 9.500 millones de d¨®lares (493 millones de d¨®lares). Todos gastan el doble de lo que presupuestan.

La decisi¨®n de la Corte pone el bal¨®n en el terreno del poder legislativo. ¡°Este es un primer paso para reconfigurar la relaci¨®n entre medios y el poder p¨²blico¡±, dice Maldonado. Los diputados est¨¢n obligados a atender el mandato de la Corte. El desacato podr¨ªa llevar a una eventual destituci¨®n y consignaci¨®n del presidente de la C¨¢mara de Diputados. Los jueces han sumado a los legisladores una nueva obligaci¨®n a ocho meses de las presidenciales de 2018. El Congreso debe aprobar la ley reglamentaria antes de los comicios con un clima pol¨ªtico crispado que no favorece los acuerdos.