El fujimorismo en ofensiva contra las instituciones
Fuerza Popular ataca a la Fiscal¨ªa y al Tribunal Constitucional, y m¨¢s de 50 organismos llaman a respetar el equilibrio de poderes
La bancada del partido Fuerza Popular ¡ªfujimorista, de oposici¨®n¡ª ya no solo bloquea y ataca al Ejecutivo encabezado por Pedro Pablo Kuczynski, adem¨¢s promueve la destituci¨®n del fiscal de la Naci¨®n, Pablo S¨¢nchez, y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, mediante acusaciones constitucionales. La ofensiva, que no ha merecido reacci¨®n por parte del presidente, ha sido rechazada por m¨¢s de 50 instituciones, entre ellas gremios profesionales, tribunales, c¨¢maras de comercio, la propia Fiscal¨ªa, y universidades.
Las facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Cat¨®lica estuvieron entre las primeras entidades en manifestarse contra la pretensi¨®n del fujimorismo, y se han sumado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Peruana, la Junta de Fiscales Supremos, la sala plena de la Corte de Lima, adem¨¢s de decenas de organismos de la sociedad civil de Lima y de regiones.
"Es la crisis institucional m¨¢s grave desde el retorno a la democracia, afecta a los poderes constitucionalmente aut¨®nomos y a los contrarios a la mayor¨ªa del Congreso. Se est¨¢ instalando una dictadura parlamentaria", valor¨® Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La amenaza fujimorista evoca la destituci¨®n, en 1997, de tres magistrados del Tribunal Constitucional durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Entonces, los juristas se expresaron contra la segunda reelecci¨®n del aut¨®crata, pues estaba prohibida, pero los legisladores oficialistas la llevaron adelante con una "ley de interpretaci¨®n aut¨¦ntica" de la Constituci¨®n.
Fujimori cumple una condena de 25 a?os de prisi¨®n en Lima por cr¨ªmenes de lesa humanidad, corrupci¨®n y secuestro agravado.
Ahora, la amenaza de Fuerza Popular parece ser la revancha contra una sentencia del Constitucional que, en septiembre, declar¨® inaplicable una parte de la denominada "ley antitr¨¢nsfuga", promovida por el fujimorismo para recortar los derechos de los parlamentarios e inhibir la salida de otros miembros de la bancada.
El fujimorismo ha perdido una congresista en menos de un a?o, y el hermano menor de la l¨ªder Keiko Fujimori, el congresista Kenji Fujimori, no siempre se alinea con las consignas de la excandidata presidencial. Cuentan con 72 de 130 congresistas.
Entre otras restricciones, la norma indicaba que los congresistas que renunciaran o fueran expulsados de sus bancadas no tendr¨ªan derecho a incorporarse a otro grupo pol¨ªtico: el Tribunal Constitucional anul¨® dicha limitaci¨®n.
La sentencia de la que el fujimorismo se vale para denunciar a los magistrados por prevaricaci¨®n es sobre el juicio por la masacre de El Front¨®n, en la que miembros de la Marina mataron a m¨¢s de 120 presos, la mayor¨ªa miembros de Sendero Luminoso, al debelar un mot¨ªn en 1986.
"(Los fujimoristas) dicen que la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2013 habr¨ªa archivado el proceso y que el auto de subsanaci¨®n publicado este a?o habr¨ªa reabierto el proceso. El caso jam¨¢s se archiv¨®", explic¨® a EL PA?S Carlos Rivera, el abogado de la parte civil.
"De alcanzar la votaci¨®n requerida, Fuerza Popular destituir¨ªa a los jueces del cargo, con lo cual se repetir¨ªa la historia de los a?os 90. Ser¨ªa un golpe de estado a la institucionalidad democr¨¢tica", a?adi¨® Rivera.
Ataque a la Fiscal¨ªa
El embate contra el fiscal Pablo S¨¢nchez inici¨® este mes, un par de d¨ªas despu¨¦s de que el Ministerio P¨²blico reabri¨® una investigaci¨®n, por lavado de activos, a Joaqu¨ªn Ram¨ªrez, exsecretario general de Fuerza Popular, y financista del grupo pol¨ªtico. Ram¨ªrez era investigado el a?o pasado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) durante la campa?a electoral presidencial.
Los congresistas fujimoristas lo cuestionan por, supuestamente, no haber investigado a una de las constructoras peruanas que formaron consorcios con la brasile?a Odebrecht, como parte de las investigaciones del caso Lava Jato.
Lo cierto es que la Fiscal¨ªa s¨ª investigaba a Gra?a y Montero, aunque de forma reservada y preliminar, y tuvo que romper la confidencialidad de la pesquisa para responder al anuncio de acusaci¨®n constitucional.
El Congreso prepara un informe para sustentar la acusaci¨®n contra el fiscal, y luego ser¨¢ votado en el Pleno.
Samuel Abad, el abogado del fiscal S¨¢nchez, refiri¨® este mi¨¦rcoles a EL PA?S que "se pretende poner como acusado a quien, seg¨²n la Constituci¨®n, est¨¢ a cargo de la investigaci¨®n del delito. El Congreso incre¨ªblemente pretende decirle al Fiscal de la Naci¨®n c¨®mo debe actuar. Es un atentado evidente a la institucionalidad y al equilibrio de poderes indispensable en una democracia".
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