Juicio a Ford Argentina por convertirse en centro de detenci¨®n de la dictadura

El 24 de marzo de 1976, Jorge Constanzo fue a trabajar a la f¨¢brica de Ford en General Pacheco, al norte de Buenos Aires. No era un d¨ªa m¨¢s. Esa madrugada, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla hab¨ªa dado un golpe de Estado en Argentina. Constanzo ten¨ªa 25 a?os, trabajaba en el comedor y era delegado sindical desde hac¨ªa seis meses. Sab¨ªa que hab¨ªa militares en la f¨¢brica, pero en ning¨²n momento imagin¨® que en esas primeras horas de la dictadura lo iban a secuestrar en su lugar de trabajo, golpearlo y torturarlo. Ahora, casi 42 a?os despu¨¦s, Constanzo llora y se abraza a su mujer al ver sentados en el banquillo de los acusados a dos de los exdirectivos de la automotriz estadounidense en Argentina, Pedro M¨¹ller y Francisco Sibilla.

"Siento que vuelvo a vivir, hemos esperado mucho tiempo para esto", dice a EL PA?S Constanzo este martes, al terminar la primera audiencia. Es un caso hist¨®rico porque por primera vez se juzga en Argentina a exdirectivos de una compa?¨ªa multinacional por presuntos cr¨ªmenes de lesa humanidad y busca confirmar la participaci¨®n de civiles en la brutal dictadura que sufri¨® el pa¨ªs entre 1976 y 1983. Un portavoz de la Ford Motor Argentina consultado por este diario dijo que no habr¨¢ comunicado oficial de la empresa sobre este tema.

La querella acusa a los exdirectivos de Ford en Buenos Aires por la detenci¨®n ilegal y las torturas infligidas a 24 empleados de la compa?¨ªa. "La mayor¨ªa fueron secuestrados mientras estaban en la l¨ªnea de producci¨®n. Eran encarados a punta de fusil por militares y paseados por delante de los dem¨¢s operarios que pod¨ªan observar qu¨¦ les ocurr¨ªa a quienes los representaban gremialmente. Eso gener¨® un terror en el ¨¢mbito laboral que impide cualquier reclamo, ni salarial, ni mejores condiciones de trabajo, ni de nada", subraya el abogado querellante Tom¨¢s Ojea Quintana.

El letrado considera que los operativos se organizaban con "la intenci¨®n de amedrentar" a los obreros automotrices, que un a?o antes hab¨ªan organizado una dura huelga con ocupaci¨®n de f¨¢bricas para exigir mejores sueldos y lograron acordar un importante aumento salarial.

Los secuestraban y a las pocas horas la empresa mandaba un telegrama para anunciar que, de no concurrir a sus puestos de trabajo, quedar¨ªan despedidos, recuerda Carlos Propato. La notificaci¨®n llegaba cuando, en muchos casos, eran sometidos a torturas dentro del recinto fabril. Propato, quien se desempe?aba como primer oficial de pintura y era activista sindical, fue secuestrado el 13 de abril de 1976. A patadas y golpes lo tiraron por la escalera, lo maniataron con un alambre y lo arrojaron en el ba¨²l de una camioneta, en la que hab¨ªa otros cuatro compa?eros. Los cinco fueron trasladados hasta el sal¨®n de deportes de la empresa. "Nos torturaron m¨¢s de 11 horas. Entramos all¨ª las 11 y media de la ma?ana y salimos a las 11 de la noche. Estuvimos continuamente bajo tortura", dice Propato. Desde all¨ª, los detenidos fueron enviados a distintas comisar¨ªas y c¨¢rceles de la provincia de Buenos Aires, donde permanecieron entre varios meses y dos a?os.

Pedro M¨¹ller, nacido en Checoslovaquia hace 85 a?os, era el gerente de manufacturas de la planta de Ford en General Pacheco en 1976. Francisco Sibilla, cinco a?os mayor, se desempe?aba como jefe de seguridad. A partir de los testimonios de supervivientes, la fiscal¨ªa los acusa de haber facilitado al Ej¨¦rcito listas de los trabajadores que quer¨ªan que fueran secuestrados, de haberles proporcionado tambi¨¦n sus carnets con fotos para facilitar su identificaci¨®n y de haber autorizado la existencia de un centro clandestino de detenci¨®n en sus instalaciones.

En el caso de Sibilla, se le acusa tambi¨¦n de haber participado en uno de los interrogatorios realizados bajo tortura al sugerir preguntas que deb¨ªan hacerse, todas relacionadas con conflictos sindicales registrados en los ¨²ltimos meses en la f¨¢brica. "La empresa actu¨® de forma coordinada con militares", escribi¨® la querella particular en el auto de elevaci¨®n a juicio. Seg¨²n el documento, la dirigencia de Ford puso en pr¨¢ctica "un terrorismo de empresa" con el objetivo de quebrar la resistencia de los obreros y obtener a¨²n mayores beneficios econ¨®micos.

Silencio de los procesados

Los abogados de los acusados se negaron hoy a hablar con la prensa. En 2011, cuando fueron citados a declarar por la jueza de instrucci¨®n, M¨¹ller rehus¨® dar testimonio y Sibilla neg¨® conocer la existencia de detenciones dentro de la f¨¢brica. El exjefe de seguridad de Ford admiti¨® que despu¨¦s del golpe de Estado hab¨ªa personal militar en el interior de la planta, pero rechaz¨® que estuvieran instalados en el campo de deportes donde los supervivientes aseguran que fueron golpeados y sometidos a sesiones de picana el¨¦ctrica.

"Yo quisiera saber c¨®mo van a hacer para decir que no sab¨ªan sobre las torturas que tuvimos en la f¨¢brica", se pregunta Propato. "Le cagaron la vida a tres generaciones: a los padres, a nosotros y a nuestros hijos. Y no termin¨® en el '77 porque despu¨¦s no consegu¨ªamos trabajar de nada. Ojal¨¢ se haga justicia", exclama. En 2012, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, un cartel instalado en la planta de la empresa indica que en el "Quincho de Ford" funcionaba un centro de detenci¨®n.

Junto a los dos exdirectivos, est¨¢ procesado tambi¨¦n el exgeneral Santiago Omar Riveros, quien estuvo al frente del centro de detenci¨®n Campo de Mayo durante el r¨¦gimen.

Argentina ha hecho m¨¢s que todos sus vecinos por castigar a los responsables de los cr¨ªmenes perpetrados durante su ¨²ltima dictadura. Desde 2006, m¨¢s de 2.700 personas han sido imputadas por delitos de lesa humanidad y casi 800 han sido condenadas. Sin embargo, los casos de civiles son m¨ªnimos y las ¨²ltimas sentencias han negado su responsabilidad. Hace s¨®lo unas semanas, un tribunal de Buenos Aires absolvi¨® a Juan Alemann, exsecretario de Hacienda del r¨¦gimen militar, en el juicio por cr¨ªmenes perpetrados en el mayor centro clandestino de detenci¨®n, la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada. En octubre, la C¨¢mara de Casaci¨®n anul¨® la condena a 12 a?os de c¨¢rcel al empresario Marcos Antonio Lev¨ªn, due?o de la empresa de transporte La Veloz del Norte, por el secuestro y torturas a un delegado.

La querella tiene los testimonios de los supervivientes como prueba principal para el juicio. En la ma?ana del martes, la sala del tribunal oral federal de San Mart¨ªn est¨¢ repleta y las Madres de Plaza de Mayo L¨ªnea fundadora Nora Corti?as y Taty Almeida escuchan desde la primera fila. Al concluir la audiencia, Constanzo se levanta y camina apoyado en su bast¨®n. A sus 67 a?os, se enfrenta a un c¨¢ncer y adelant¨® su testimonio porque no sab¨ªa cu¨¢l ser¨ªa su estado de salud durante el juicio. "Nunca buscamos venganza, siempre recurrimos a la ley. Esperamos que se haga justicia", dice, esperanzado.