El Supremo mexicano admite la primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior

Veintid¨®s d¨ªas despu¨¦s de la publicaci¨®n de la Ley de Seguridad Interior ¡ªla norma que regula el uso policial del Ej¨¦rcito en M¨¦xico¡ª el Supremo mexicano ha admitido el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley. La controversia fue presentada por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula (Estado de Puebla, centro del pa¨ªs) a trav¨¦s de la s¨ªndica Esperanza Estela Chilaca. El municipio ha pedido que se invalide la ley por considerar que no toma en cuenta el papel de los gobiernos municipales como responsables de la seguridad de los ciudadanos.

¡°Somos muy claros de que hay una violaci¨®n a la autonom¨ªa municipal. Dejaron fuera a los gobiernos municipales que somos el nivel m¨¢s pr¨®ximo y cercano a la poblaci¨®n y que la Constituci¨®n de forma muy clara se?ala que la seguridad p¨²blica en el nivel de proximidad y prevenci¨®n del delito es tarea de los Ayuntamientos. La militarizaci¨®n del pa¨ªs no es la soluci¨®n para recuperar la paz y la tranquilidad que merecemos todas las familias mexicanas¡±, ha explicado Jos¨¦ Juan Espinosa, alcalde de San Pedro Cholula, tras conocerse la decisi¨®n del Supremo.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado contra los art¨ªculos 2, 6 y 11 de la Ley de Seguridad Interior por ¡°restarle facultades a los gobiernos municipales¡±, seg¨²n ha explicado Espinosa. Al menos 12 elementos del Ej¨¦rcito vigilan las calles del municipio de San Pedro Cholula (129.000 habitantes) para inhibir la presencia del crimen organizado. El Ej¨¦rcito est¨¢ en el municipio porque el Ayuntamiento pidi¨® su apoyo en las tareas de seguridad p¨²blica y firm¨® un convenio con la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional, reconoce el alcalde. ¡°Los municipios tenemos que ser parte de la soluci¨®n y no parte del problema¡±, apunta el edil que pertenece al partido Morena.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ser¨¢ el encargado de elaborar el proyecto de resoluci¨®n que se discutir¨¢ en el Supremo en los pr¨®ximos meses. Varias organizaciones civiles, Naciones Unidas y la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) han advertido de que la ley permite el uso discrecional de la fuerza por parte del Ej¨¦rcito. Adem¨¢s se?alan que el proyecto no prev¨¦ la retirada de los militares a sus cuarteles tras 11 a?os de guerra contra el narcotr¨¢fico. El Congreso mexicano aprob¨® en diciembre el documento sumando los votos de los legisladores del PRI y el PAN que argumentaron que despu¨¦s de una d¨¦cada la ley reconoc¨ªa el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotr¨¢fico.

Los opositores a la ley pidieron entonces al presidente mexicano, Enrique Pe?a Nieto, que vetara la ley. Pe?a Nieto firm¨® su promulgaci¨®n al mismo tiempo que reconoci¨® que la decisi¨®n final ser¨ªa tomada en la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN). En los pr¨®ximos d¨ªas podr¨ªan sumarse m¨¢s acciones de inconstitucionalidad en el m¨¢s alto tribunal mexicano, como el de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos. En el a?o 2000 el Supremo declar¨® constitucional la participaci¨®n de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad p¨²blica cuando las autoridades civiles lo pidan.