Holanda expulsa al alto representante de Eritrea por intimidaci¨®n y extorsi¨®n
La medida llega tras la pol¨¦mica de la "tasa de la di¨¢spora" que el r¨¦gimen del pa¨ªs africano fuerza a pagar a sus ciudadanos que piden asilo en el exterior
Holanda ha ordenado la expulsi¨®n del alto representante de Eritrea en el pa¨ªs por haber obligado a un refugiado eritreo a pagar impuestos y expresar arrepentimiento por huir de su regi¨®n natal. La expulsi¨®n sigue a una intensa pol¨¦mica sobre el pago de lo que Eritrea denomina?¡°tasa de la di¨¢spora¡±, un impuesto que asciende al 2% de los ingresos de los eritreos instalados en el extranjero, vigente desde 1994, y que, seg¨²n un informe del Gobierno holand¨¦s del pasado septiembre que ha analizado esta pr¨¢ctica en siete pa¨ªses, no s¨®lo carece de base legal sino que se obtiene a trav¨¦s de la intimidaci¨®n y la coerci¨®n de los solicitantes de asilo.
En 2015 hab¨ªa en Holanda 8.434 refugiados de esta nacionalidad, seg¨²n datos oficiales. No todos hab¨ªan conseguido asilo, y las autoridades los consideran uno de los grupos m¨¢s vulnerables.
El pasado diciembre, el programa Argos, de la radio nacional holandesa, emiti¨® una grabaci¨®n donde pod¨ªa escucharse al jefe de la delegaci¨®n diplom¨¢tica eritrea forzando a un refugiado a abonar el impuesto. Tambi¨¦n le oblig¨® a declarar que lamentaba haber huido de su pa¨ªs. Tekeste Ghebremedhin Zemuy, el responsable diplom¨¢tico declarado ahora persona non grata, ¡°recibe as¨ª una se?al diplom¨¢tica para que vea que esta clase de intimidaci¨®n y coerci¨®n no se pueden tolerar¡±, ha dicho Halbe Zijlstra, ministro de Exteriores holand¨¦s. La embajada de Eritrea para Holanda y B¨¦lgica est¨¢ en Bruselas, y las autoridades holandesas no han querido cerrar su oficina en La Haya ¡°para evitar mayores problemas a los ciudadanos africanos aqu¨ª instalados¡±.
El r¨¦gimen del presidente Isaias Afewerki, l¨ªder del ¨²nico partido legalizado, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, utiliza este impuesto de la di¨¢spora para controlar supuestamente a sus ciudadanos residentes en otros pa¨ªses. En septiembre de 2017, el Gobierno holand¨¦s concluy¨® en su estudio que ¡°la base legal de dicha deducci¨®n es dudosa, y la forma de recaudarla presenta serios problemas¡±. Seg¨²n el informe elaborado entonces, ¡°ante la negativa a pagar, Eritrea puede suprimir los servicios consulares y castigar a los familiares que permanezcan en ?frica¡±. La emisi¨®n radiof¨®nica de diciembre, lograda de forma independiente, ha ilustrado el informe oficial.
En conjunto, la comunidad eritrea instalada en Holanda suma cerca de 20.000 personas, y las denuncias de extorsi¨®n y amenazas figuraban ya en el informe presentado en 2015 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sus expertos afirmaron que ¡°con la excusa de defender la integridad del Estado, los ciudadanos est¨¢n obligados a cumplir el servicio militar y tambi¨¦n trabajos forzados, que les esclavizan por periodos indefinidos de tiempo¡±. La misma investigaci¨®n se?al¨® que los eritreos que abandonan el pa¨ªs ¡°tienen que enviar dinero bajo amenazas y hay una red de esp¨ªas repartida por el extranjero para seguir sus movimientos¡±. Tras el anuncio de la expulsi¨®n del encargado de negocios, el ministro Zijlstra ha admitido que ¡°Eritrea no comprende la repulsa pol¨ªtica, y de la sociedad holandesa, ante estas pr¨¢cticas indeseables¡±.
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