Legalizaci¨®n de la marihuana, el debate que el M¨¦xico oficial insiste ignorar

La propuesta del secretario (ministro) de Turismo, Enrique de la Madrid, de regular el consumo y la venta de la marihuana en los dos Estados m¨¢s tur¨ªsticos de M¨¦xico ¡ªmenos de un mes despu¨¦s de que California inaugurara el mayor mercado legal de marihuana recreativa del mundo¡ª reabre el debate sobre la legalizaci¨®n en M¨¦xico de esta droga, que hasta ahora ha chocado con la estructura legal del pa¨ªs: este asunto est¨¢ regulado por el C¨®digo Penal Federal y por la Ley General de Salud, de tal manera que las entidades locales no tienen autonom¨ªa para liberar el consumo de cannabis.

¡°Hacer proyectos pilotos en algunos Estados, como propone el secretario en Quintana Roo y Baja California Sur, requerir¨ªa una reforma legislativa a nivel nacional y hoy me parece que no hay condiciones de aprobarlo¡±, afirma la senadora independiente Martha Tagle, quien ha presentado, sin ¨¦xito, proposiciones en el Congreso para la flexibilizaci¨®n del uso del cannabis.

El intento m¨¢s reciente de modificar el C¨®digo Penal y la Ley General de Salud es un ejemplo de la resistencia contra la que el tema se choca. El presidente Enrique Pe?a Nieto present¨® en 2016 un proyecto que aumentaba a 28 gramos de marihuana la cantidad que una persona podr¨ªa llevar consigo sin ser penalizada, adem¨¢s de avalar su uso medicinal y cient¨ªfico. La nueva ley se aprob¨®, pero presiones dentro del propio Gobierno y de congresistas excluyeron del texto cualquier incremento en los l¨ªmites de posesi¨®n para consumo permitidos: actualmente portar hasta cinco gramos de marihuana no deber¨ªa ser penalizado, pero, seg¨²n comentan expertos en el tema, en muchos casos siguen castig¨¢ndose.

Pese a las dificultades de impulsar una modificaci¨®n a nivel federal, expertos consultados por el EL PA?S afirman que s¨ª hay maneras de adoptar medidas en Quinta Roo y Baja California Sur, lo que supondr¨ªa un cambio en el actual enfoque de restricci¨®n que las autoridades mexicanas dispensan a los usuarios de la marihuana.

Los dos Estados son verdaderas vitrinas en M¨¦xico por la cantidad de visitantes que reciben: en 2016 unos 11.000.000 turistas viajaron a Quintana Roo y otros 2.000.000 visitaron Baja California Sur. ¡°La propuesta del secretario es positiva, porque demuestra que al menos parte del Gobierno entiende que perseguir al usuario genera mayor violencia y, adem¨¢s, es prejudicial desde un punto de vista econ¨®mico y social¡±, afirma Alejandro Madrazo, integrante del Programa de Pol¨ªtica de Drogas del Centro de Investigaci¨®n de Docencia Econ¨®mica (CIDE).

Seg¨²n explican Madrazo y Catalina P¨¦rez Correa, profesora de la divisi¨®n de Estudios Jur¨ªdicos del CIDE, en M¨¦xico el Gobierno est¨¢ encargado de perseguir los delitos relacionados con el narcotr¨¢fico, mientras los Estados son los responsables por aplicar la ley respecto al narcomenudeo. As¨ª, argumentan, habr¨ªa espacio cambiar las directrices y prioridades de las fuerzas policiales locales, sin tocar en el C¨®digo Penal.

Los investigadores citan como ejemplo una proposici¨®n que se lleg¨® a tramitar en la Asamblea de la Ciudad de M¨¦xico: el proyecto establec¨ªa directrices para la Procuradur¨ªa y las fuerzas policiales locales y determinaba que estas autoridades deber¨ªan priorizar las investigaciones de delitos de mayor gravedad, como secuestros y homicidios, y no perseguir al consumo de estupefacientes. La proposici¨®n no ha sido aprobada.

¡°En M¨¦xico la pol¨ªtica de drogas siempre ha sido muy punitiva y se ha enfocado en la eliminaci¨®n del cultivo [del cannabis] y en la detenci¨®n de j¨®venes que en la mayor¨ªa de los casos son solo consumidores¡±, afirma P¨¦rez.

A lo largo de los ¨²ltimos a?os, el bloqueo en el Congreso Nacional conllev¨® a que algunos Estados buscasen iniciativas propias para tratar el tema. Uno de los casos ocurri¨® en Campeche, cuando en 2010 el Legislativo local elev¨® las dosis m¨ªnimas permitidas de determinadas substancias estupefacientes que una persona podr¨ªa poseer sin que se la castigasen. La Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n, no obstante, invalid¨® estas modificaciones justamente por considerar que los legisladores del Estado no ten¨ªan competencia para tratar de un asunto federal.

La Ciudad de M¨¦xico, a su vez, llev¨® adelante una proposici¨®n que ha tenido un efecto nada m¨¢s que simb¨®lico: aprob¨® la aplicaci¨®n medicinal del cannabis antes que el Congreso votase este tipo de uso. Los legisladores de la capital, sin embargo, dejaron claro que la liberaci¨®n tendr¨ªa que esperar la decisi¨®n de los diputados y senadores.