Los 33 muertos de Magdalena siguen sin justicia 12 a?os despu¨¦s

M¨¢s informaci¨®n

Argentina triplica sus presos pero la sociedad pide m¨¢s mano dura

Mueren siete detenidos en un incendio en una comisar¨ªa de Buenos Aires

La noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005 marcaron un triste hito en las c¨¢rceles argentinas. Un incendio originado tras un mot¨ªn termin¨® con la vida de 33 presos de un presidio ubicado en Magdalena (a 100 kil¨®metros de Buenos Aires) que quedaron encerrados por acci¨®n de los guardiac¨¢rceles, hasta que se los trag¨® el fuego. Este jueves, doce a?os despu¨¦s, resultaron condenados apenas tres de los 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que estaban procesados por el hecho, tras meses de proceso.

El tribunal sentenci¨® al exdirector del presidio, Daniel Oscar Tejeda; el Secretario de la unidad Reimundo H¨¦ctor Fern¨¢ndez -el jefe operativo esa noche- y Rub¨¦n Alejandro Montes de Oca, quien se qued¨® con las llaves del pabell¨®n. A Tejeda le cae la figura de homicidio culposo y a los otros dos, la de abandono de persona seguido de muerte. Los restantes 14 imputados fueron absueltos.

Para los organismos sociales que patrocinaron en el juicio a los familiares de las v¨ªctimas, en m¨¢s de una d¨¦cada no se ha modificado un ¨¢pice el estado de la c¨¢rcel, y el hecho representa ¡°el emergente de la cr¨ªtica situaci¨®n de encierro en la provincia de Buenos Aires que se ha agravado a lo largo de los a?os¡±. Desde la gobernaci¨®n asumen leves ¨ªndices de hacinamiento, pero enfrentan a los organismos en cuanto a las denuncias de torturas y aseguran: ¡°No se volver¨ªa a dar un escenario similar¡± al de la Masacre de Magdalena.

La Comisi¨®n Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigaci¨®n y Acci¨®n Jur¨ªdica (CIAJ) son quienes denuncian las falencias en la Unidad 28, como se conoce al penal de Magdalena, y sostienen con fotos un da?o estructural que el ejecutivo provincial dice estar reparando. En las im¨¢genes se ven celdas sucias, muros descascarados por la humedad, hacinamiento, basura acumulada y conexiones el¨¦ctricas pasadas de inseguras.

La sobrepoblaci¨®n en los presidios es uno de los principales problemas del sistema judicial argentino. Seg¨²n cifras de la CPM, a agosto de 2017 faltaban 17.464 plazas. El organismo que preside el premio Nobel Adolfo P¨¦rez Esquivel dice que en 2005, a?o de la masacre, hab¨ªa 26.421 personas privadas de la libertad en las c¨¢rceles bonaerenses. Hoy son m¨¢s de 39.000. ¡°En Magdalena tenemos una capacidad total para 900 internos y alojamos a 1200. Hay un 30% m¨¢s, que es aproximadamente el excedente que tenemos en el resto del sistema¡±, admite a EL PA?S Juan Jos¨¦ Baric, director de pol¨ªtica penitenciaria del SPB. ¡°Efectivamente tenemos gente de m¨¢s, pero negamos el hacinamiento¡±, continu¨® el cargo, ¡°donde hay una construcci¨®n para dos personas tal vez haya tres o cuatro, pero no son c¨¢rceles derrumbadas, son dignas y cumplen con los est¨¢ndares de la constituci¨®n¡±.

La Unidad 28, inaugurada en 1997, es el lunar m¨¢s claro de este problema. Desde el 2005 a la actualidad, la cantidad de personas detenidas all¨ª pas¨® de 592 a 1199. En ese mismo tiempo, no se ampli¨® la capacidad de alojamiento. ¡°Tenemos unidades tanto del siglo XIX como del XXI y var¨ªan mucho las construcciones. Las unidades viejas tienen dimensiones chicas, pero las m¨¢s modernas son m¨¢s espaciadas, entonces tenes la posibilidad de alojar alg¨²n interno m¨¢s. No es lo ideal, est¨¢ claro, pero no es un hacinamiento¡±, afirma Baric.

En las ¨²ltimas d¨¦cadas el delito en Argentina creci¨® a un ritmo vertiginoso, nada comparable con la velocidad que maneja la Justicia. El incremento incesante de la tasa de encarcelamiento profundiz¨® los ¨ªndices de hacinamiento y, por ende, las violaciones de los derechos humanos, hasta el punto de que, seg¨²n la CPM, m¨¢s de 120 personas mueren por a?o bajo custodia del Estado. La prisi¨®n de Magdalena aloja a m¨¢s de 700 personas cuya culpabilidad a¨²n no ha sido probada o confirmada por las m¨¢ximas instancias judiciales. O sea, el 37% de los detenidos en la UP 28 est¨¢n penados y el 63% procesados.

La descompresi¨®n significar¨ªa una mejor relaci¨®n en el cautiverio. Seg¨²n Baric, ¡°un 70% de la poblaci¨®n carcelaria es perfectamente manejable y con la que pod¨¦s trabajar. Pueden recapacitar, trabajar, estudiar, practicar un deporte como cualquier persona de la calle. Hay un 30% que es m¨¢s complicado y de ese 30%, hay un 5% que es dif¨ªcilmente manejable, muy dif¨ªciles de resocializar¡±. Aunque muchas veces el problema no es tanto de los presos, sino de quienes los vigilan.

El informe de la CPM, realizado sobre 777 entrevistas a detenidos en la U28 o familiares, da cuenta de ¡°2.015 hechos que implicaron agravamientos en las condiciones de detenci¨®n, todas ellas torturas o malos tratos: agresiones f¨ªsicas, requisas vejatorias, desatenci¨®n de la salud, deficiente alimentaci¨®n, robo/da?o de pertenencias, malas condiciones materiales y aislamiento¡±.

Baric desmiente ¡°categ¨®ricamente lo de las torturas¡±. ¡°Si detectamos un oficial de la fuerza que comete un exceso o un delito se lo separa, se lo denuncia penalmente y se inicia un sumario interno donde se lo exonera¡±, describe el cargo, y resalta que ¡°desde que llegamos, tenemos unos 5.000 sumarios iniciados por distintos temas, que van desde maltratos hasta inasistencias o indisciplina. Es esta una fuerza de 23.000 efectivos y hemos encontrado 300 efectivos con antecedentes penales desde antes de su ingreso y condenados que segu¨ªan trabajando como si nada ocurriera¡±.

El secretario asegura que no podr¨ªa volver a repetirse un episodio como el de la masacre de Magdalena porque ¡°todos los colchones que se compran son ign¨ªfugos, tanto los de gomaespuma como los de algod¨®n, ambos est¨¢n tratados con elementos retardantes por lo que al contactar con el fuego, hacen una peque?a brasa y se consumen r¨¢pidamente¡±. Carla Ocampo Pilla, abogada de la CPM, prefiere analizar los hechos antes de la primera llama, y destaca que el proceso judicial fue posible gracias a la memoria de los internos que fueron testigos y adem¨¢s ayudaron en el rescate. Muchos otros, penitenciarios, fueron testigos reci¨¦n cuando los imputaron.

Hubo un solo penitenciario que intent¨® ayudar el d¨ªa del incendio, el jefe de guardia de la seguridad exterior, Cristian N¨²?ez, pero recibi¨® un palazo en la cabeza por parte de un interno que no confi¨® en ¨¦l y al desvanecerse, perdi¨® el 70% de su cuerpo por quemaduras. Es por ello por lo que la CPM pidi¨® penas menores para N¨²?ez, que el d¨ªa de la reconstrucci¨®n de los hechos ¡°solo atin¨® a llorar¡±, seg¨²n cuenta Ocampo Pilla.

¡°En muchos testimonios, los agentes conclu¨ªan que apenas ten¨ªan formaci¨®n en tiro y nula en control de incendios. Hay una deficiencia en el sistema en s¨ª, aunque no exculpo a los penitenciarios. Es muy dif¨ªcil hacer un juicio 12 a?os despu¨¦s pero los presos, la inacci¨®n policial la tienen tatuada a fuego. No es para menos, muchos de ellos a¨²n son custodiados por esos a los que ven como verdugos¡±, finaliza la mujer. Y aporta un dato: "los 33 fallecidos eran menores de 26 a?os y solo dos ten¨ªan condenas".