Bruselas quiere proteger a los delatores para animarles a denunciar

Hay lugares oscuros donde la mano de las autoridades no alcanza a intervenir. Antoine Deltour y Herv¨¦ Falciani lo saben. El primero, consultor de PricewaterhouseCoopers, desvel¨® la trama de evasi¨®n fiscal de grandes multinacionales afincadas en Luxemburgo, conocida como Luxleaks. El segundo, inform¨¢tico de HSBC, se hizo en 2008 con los datos de 130.000 clientes del banco privado con sede en Ginebra y colabor¨® con la justicia de varios pa¨ªses para detectar a miles de evasores fiscales. Ambos fueron condenados. Y ambos son excepciones. La Comisi¨®n Europea estima que la mayor¨ªa de testigos de pr¨¢cticas fraudulentas guardan silencio por temor a represalias. C¨¢rcel, exilio forzoso, interminables procedimientos legales, amenazas de muerte y otros castigos convierten a los informantes en enemigos p¨²blicos. Todo pese a que con su acci¨®n logran, en muchas ocasiones, beneficiar al conjunto de la sociedad.

Bruselas quiere alentar el chivatazo y tener m¨¢s ojos escrutando pr¨¢cticas ilegales de empresas e instituciones. Para conseguirlo, la Comisi¨®n Europea ha lanzado este lunes una propuesta que tiene como eje la protecci¨®n de los denunciantes. Los delitos no comunicados por la falta de protecci¨®n para los informantes suponen un perjuicio para las arcas de los pa¨ªses de la UE de entre 5.800 y 9.600 millones de euros cada a?o, seg¨²n un estudio encargado por la Comisi¨®n. Hacerles sentir seguros no es para Bruselas por tanto ¨²nicamente cuesti¨®n de justicia, es tambi¨¦n un tema de dinero.

La nueva legislaci¨®n contempla que los Estados miembros pongan en marcha sanciones "proporcionadas y disuasorias" para todo aquel que lleve a cabo represalias contra los delatores. Les proteger¨¢ contra el despido, la p¨¦rdida de estatus profesional y otras formas de represalia, y exigir¨¢ que las autoridades nacionales formen a los funcionarios competentes sobre el trato que deben dispensar a los denunciantes de irregularidades. Adem¨¢s, las empresas de m¨¢s de 50 empleados o con una facturaci¨®n mayor a los 10 millones de euros deber¨¢n poner en marcha mecanismos internos para que sus trabajadores denuncien pr¨¢cticas fraudulentas. La idea es que tengan la opci¨®n de tener un canal de comunicaci¨®n de este tipo con sus superiores, y solo si estiman este insuficiente recurran a periodistas o autoridades p¨²blicas.

Dieselgate, Luxleaks, papeles de Panam¨¢, Cambridge Analytica... las filtraciones han servido en muchos casos para desvelar casos que afectan a la salud de millones de ciudadanos, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o el uso de datos privados. "Muchos esc¨¢ndalos recientes podr¨ªan no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. No se debe castigar a nadie por hacer lo correcto", ha estimado este lunes el vicepresidente de la Comisi¨®n, Frans Timmermans. ?Dar¨ªa protecci¨®n la nueva ley a Falciani, huido en Espa?a y reclamado por la justicia suiza? "No conozco el caso concreto, pero en general, casos as¨ª estar¨ªan cubiertos", ha se?alado el pol¨ªtico holand¨¦s.

Las paradojas son variadas. Alguien que hace ganar dinero a la Hacienda p¨²blica puede ser perseguido por la ley. Si un periodista saca a la luz un esc¨¢ndalo sobre para¨ªsos fiscales, el resultado tal vez sea un premio o, como m¨ªnimo, reconocimiento profesional. En cambio, su fuente puede afrontar penas de c¨¢rcel. Si la iniciativa comunitaria prospera, se acabar¨ªa con este contrasentido: las fuentes de los periodistas tambi¨¦n quedar¨ªan protegidas. "Necesitamos apoyar a la personas dispuestas a asumir el riesgo de revelar graves infracciones del Derecho de la UE. Se lo debemos a las personas honradas de Europa", ha afirmado la comisaria de Justicia, Ver¨¢ Jourova. Actualmente, carecen de escudo en que guarecerse: seg¨²n un informe de Global Business Ethics, uno de cada tres trabajadores que han notificado conductas irregulares ha sufrido represalias.

El ¨¢mbito de actuaci¨®n de la norma incluye la contrataci¨®n p¨²blica, los servicios financieros, el blanqueo de capitales, la financiaci¨®n del terrorismo, la protecci¨®n del medio ambiente, la seguridad nuclear y alimentaria, la salud p¨²blica, la privacidad o la protecci¨®n de datos. Tambi¨¦n se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE. En este campo Bruselas ha sacado grandes r¨¦ditos econ¨®micos gracias a un sistema de delaci¨®n que rebaja ¡ªo elimina por completo¡ª la multa a las empresas implicadas en carteles cuando deciden denunciarlos.

Bruselas pretende, en definitiva, unificar las legislaciones nacionales para que los testigos de acciones que perjudican el inter¨¦s p¨²blico dispongan de un marco en el que compartir documentaci¨®n sensible y evidencias con sus propias empresas, autoridades o periodistas no sea sin¨®nimo de hostigamiento. Solo diez pa¨ªses de la UE, entre los que no est¨¢ Espa?a, garantizan la plena protecci¨®n de los denunciantes de irregularidades:?Francia, Hungr¨ªa, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Suecia, Eslovaquia y Reino Unido. En los dem¨¢s, la protecci¨®n es parcial y se aplica solo a determinados sectores.