Nunca M¨¢s, Venezuela

Una fundamental lecci¨®n del Holocausto es que el mismo fue posible por la existencia de un orden Estado-c¨¦ntrico que permit¨ªa a los gobiernos tratar a sus ciudadanos como quisieran. Ocurr¨ªa invocando la soberan¨ªa, una versi¨®n r¨ªgida de la misma. En la posguerra, el ¡°Nunca M¨¢s¡± dej¨® sentado que reparar dichos cr¨ªmenes y prevenirlos en el futuro requer¨ªa modificar aquella concepci¨®n.

Desde entonces, los gobiernos no pueden hacer lo que les plazca dentro de sus fronteras. Fue el comienzo de un movimiento global por los derechos humanos. Surgi¨® as¨ª una nueva arquitectura normativa: organizaciones, legislaci¨®n del derecho internacional, tratados, pactos y convenciones diversas, y por supuesto tribunales internacionales, inicialmente constituidos ad-hoc.

El ¡°Nunca M¨¢s¡± se propag¨® en el espacio y el tiempo. Argentina, Chile y Sud¨¢frica, por nombrar tres ejemplos, usaron la consigna para llevar adelante sus respectivas investigaciones por la verdad y la justicia. Un hito clave en este proceso fue la firma del Estatuto de Roma en 1998, en vigencia desde 2002. El mismo establece la creaci¨®n de la Corte Penal Internacional, tribunal internacional de car¨¢cter permanente.

El Estatuto define y tipifica una serie de cr¨ªmenes imprescriptibles y de jurisdicci¨®n universal. Cristalizando el mandato de la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos de 1948, establece la competencia de la Corte para investigar y juzgar el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra, de agresi¨®n y de lesa humanidad. La Corte no juzga gobiernos ni Estados, responsabiliza individuos; desconoce la inmunidad de los funcionarios pol¨ªticos; y ejerce jurisdicci¨®n cuando los tribunales nacionales son incapaces o renuentes a administrar justicia.

Como es el caso de Venezuela, donde la ausencia de justicia es flagrante. Ante ello, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convoc¨® al ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, y le encomend¨® el dise?o de un procedimiento para recabar informaci¨®n sobre la posible comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad en ese pa¨ªs.

Posteriormente, Almagro design¨® un panel de tres expertos¡ªSantiago Canton de Argentina, Irwin Cotler de Canad¨¢ y Manuel Ventura Robles de Costa Rica¡ªa efectos de examinar la documentaci¨®n, analizar la evidencia y evaluar si la misma amerita referir el caso a la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional con el prop¨®sito de abrir una investigaci¨®n firme. Ello agregado al hecho que la Fiscal¨ªa ya hab¨ªa dispuesto un examen preliminar de Venezuela.

El resultado de dicha tarea es un informe elaborado por la OEA y el panel de juristas. Son 400 p¨¢ginas escritas en base a los alegatos de testigos en tres rondas de audiencias p¨²blicas, los testimonios de las v¨ªctimas y sus familiares, y documentos presentados por organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

El texto es por momentos abrumador. Describe un pa¨ªs convertido en teatro de operaciones militares. Se trata de una supuesta guerra librada por el Estado contra la poblaci¨®n civil, contra todo aquel considerado opositor al partido y gobierno en el poder desde 1998. ¡°Enemigos del Estado¡± es el lenguaje oficial.

El an¨¢lisis legal cubre la presidencia de Maduro desde 2013, en especial el periodo que comienza con las protestas de febrero de 2014 y hasta las protestas de 2017. El mismo es contundente, tanto que de a ratos angustia. Tal cual lo expresaron los propios juristas en rueda de prensa: ¡°me ha golpeado moralmente, los casos de tortura son indescriptibles¡±, dijo Manuel Ventura.

De las once categor¨ªas de cr¨ªmenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, el panel de expertos identific¨® siete que fueron cometidos por el gobierno de Maduro. Citan m¨¢s de 8 mil asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometido por fuerzas regulares y paramilitares. Reportan 12 mil casos de detenci¨®n arbitraria, casi todos con la complicidad de jueces y fiscales. Presentan evidencia de 289 casos de tortura, muchos de ellos acompa?ados de violaci¨®n y tortura sexual.

Dejan constancia de 1,300 presos pol¨ªticos desde 2013, no todos al mismo tiempo, y del uso de la desaparici¨®n forzada como t¨¢ctica represiva. Todo ello en un contexto generalizado de impunidad. Recomiendan investigar a 11 funcionarios por responsabilidad en la comisi¨®n de estos cr¨ªmenes, Maduro y la primera l¨ªnea de su gobierno, y a otros 146 cuyos nombres han mantenido en reserva.

El informe presenta una innovaci¨®n en el an¨¢lisis de cr¨ªmenes de lesa humanidad: el hambre y la enfermedad como pol¨ªtica de Estado, es decir, convertidas en armas en la guerra contra la poblaci¨®n civil. En la Venezuela de Maduro no se alimenta ni se cura a quien piensa distinto. El gobierno niega la existencia de una crisis humanitaria y ha rechazado toda asistencia internacional en la materia, produciendo un sufrimiento masivo deliberado.

Los juristas concluyen que existe razonable evidencia de la comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad desde febrero de 2014. Recomiendan a la OEA remitir la informaci¨®n a la Corte Penal Internacional con la sugerencia de abrir una investigaci¨®n e invitando a todo Estado parte del Estatuto de Roma a acompa?ar la gesti¨®n, no solo a los miembros de la OEA. El secretario general Almagro envi¨® el informe con una carta p¨²blica a la Fiscal Fatsou Bensouda en La Haya.

Todo esto se lee como un verdadero ¡°Nunca M¨¢s¡± venezolano, aun si los responsables de dichos cr¨ªmenes contin¨²an en el poder. La estrategia de Almagro de llevar el caso directamente a La Haya podr¨ªa ser hist¨®rica. Ello debido a que la denegaci¨®n de justicia en Venezuela es incontestable¡ªel Poder Judicial es un instrumento del Ejecutivo¡ªy que el gobierno abandon¨® la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013. De este modo, no solo no es aplicable el principio de complementariedad jur¨ªdica, sino que la Corte Penal Internacional es la ¨²ltima instancia disponible para reparaci¨®n de las v¨ªctimas y castigo a los culpables.

Se trata, en definitiva, de recordar lo aprendido durante la larga noche de las dictaduras y el terrorismo de Estado en la regi¨®n. Almagro y su equipo de asesores jur¨ªdicos lo saben bien: en Am¨¦rica, la muerte y la tortura no son formas aceptables de hacer pol¨ªtica. Dejarlo tallado en piedra tambi¨¦n es hacer historia.

@hectorschamis