Un juez ordena reunificar a todas las familias de inmigrantes separadas en la frontera

La orden obliga al Gobierno a reunir a los ni?os con sus padres antes de 30 d¨ªas. Tambi¨¦n obliga a facilitar la comunicaci¨®n telef¨®nica entre ambos antes de 10 d¨ªas. Proh¨ªbe mantener detenidos a los inmigrantes irregulares de forma que no puedan estar con sus hijos, con la excepci¨®n legal de si suponen un peligro para el menor. Y proh¨ªbe deportar a padres sin sus hijos. La orden habla espec¨ªficamente de ni?os mayores de cinco a?os. Diversos testimonios aseguran que esa era la edad a partir de la cual la polic¨ªa de fronteras aplicaba la ¡°tolerancia cero¡± impuesta por la Casa Blanca y el fiscal general.

¡°Los actos presentados ante la Corte muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia ca¨®tica creada por el propio Gobierno¡±, dice el juez federal Dana Sabraw en un duro escrito de 24 p¨¢ginas. El juez afirma que el derecho a la integridad de la familia est¨¢ protegido por la Constituci¨®n. Sabraw razona que separar a las familias y aplicar la ley en la frontera son cosas distintas, y que garantizar el derecho de estas a estar juntas no afecta en absoluto a la capacidad el Gobierno para proteger las fronteras de Estados Unidos.

Donald Trump reverti¨® el pasado mi¨¦rcoles sobre el papel, y a partir del jueves sobre el terreno, su pol¨ªtica de ¡°tolerancia cero¡± por la cual pretend¨ªa separar a las familias que crucen juntas la frontera de manera irregular, incluso si piden asilo. La idea, seg¨²n dijo la propia Administraci¨®n, deb¨ªa servir como disuasi¨®n para reducir las cifras de inmigraci¨®n irregular que han repuntado esta primavera, a pesar de estar en niveles hist¨®ricamente bajos. La crisis de imagen, incluso entre los conservadores, oblig¨® a rectificar al presidente y prometer que reunificar¨ªa a las familias.?

La medida cautelar impone un l¨ªmite a esa promesa. El s¨¢bado el Departamento de Servicios Sociales (HHS) inform¨® de que hab¨ªa logrado reunir con sus padres a 522 menores, de los m¨¢s de 2.300 que fueron separados entre mayo y mediados de junio.

A pesar de asegurar que est¨¢ en condiciones de reunir a todas las familias separadas, los abogados que representan a los inmigrantes y organizaciones que se han movilizado en su defensa sospechan que en realidad el Gobierno no tiene la informaci¨®n necesaria para lograrlo. Los ni?os est¨¢n en el sistema de albergues mientras los padres est¨¢n en el sistema penal. Algunos, ya ha sido deportados sin sus hijos. Algunos ni?os no tienen edad para saber los apellidos de sus padres o de d¨®nde son. La decisi¨®n del juez obliga a resolverlo antes de 30 d¨ªas.

La orden ejecutiva de Trump no elimina la necesidad de la medida cautelar, argumenta el juez. ¡°No se puede discutir que el Gobierno no estaba preparado para la llegada masiva de ni?os separados. No hab¨ªa medidas para asegurar la comunicaci¨®n entre las agencias gubernamentales responsables de detener a los padres y las responsables de alojar a los ni?os, ni para facilitar la comunicaci¨®n entre padres e hijos. No hab¨ªa plan de reunificaci¨®n, las familias llevan meses separadas¡±. El juez considera probado que tambi¨¦n fueron separadas familias que entraron a pedir asilo legalmente a trav¨¦s de los puestos fronterizos, algo que el fiscal general, Jeff Sessions, prometi¨® expresamente que no pasar¨ªa.

Adem¨¢s, el juez destaca que el compromiso del Gobierno es reunificar a las familias ¡°en el momento de la deportaci¨®n¡±. Es decir, que cuando vayan a ser deportadas ser¨¢n enviadas a un centro de Texas (presumiblemente, el que se est¨¢ acondicionando en Port Isabel), all¨ª se les reunir¨¢ con sus hijos y ser¨¢n deportados juntos. No cabe duda de que el Gobierno ¡°no tiene ni planes ni procedimientos en marcha para reunir al padre con el hijo para nada m¨¢s que para deportarlos juntos una vez que haya concluido el caso (judicial) de inmigraci¨®n del padre¡±, no antes.

El origen del caso que tiene sobre la mesa el juez Sabraw es la denuncia de ACLU en nombre de una inmigrante del Congo identificada como L. En ella se contaba que L. Se presento con su hija S. S., de seis a?os, en la garita fronteriza de San Ysidro-Tijuana y pidieron asilo. Inicialmente, fueron detenidas juntas, pero pocos d¨ªas despu¨¦s fueron ¡°separadas a la fuerza¡±. La ni?a ¡°gritaba y lloraba, suplicando a los agentes que no la separaran de su madre¡±, rezaba el relato de los demandantes. La ni?a fue llevada a un albergue en Chicago. La madre tard¨® cinco meses en ser liberada, durante los cuales solo pudo o¨ªr a su hija por tel¨¦fono.

Poco despu¨¦s, los demandantes sumaron otra mujer al caso. era una inmigrante brasile?a que hab¨ªa cruzado ilegalmente la frontera con su hijo de 14 a?os e igualmente hab¨ªan estado separados ocho meses. Finalmente, el juez autoriz¨® que el caso se convirtiera en una demanda colectiva para incluir a todo aquel que se haya visto en circunstancias similares. Los hechos denunciados por ACLU fueron confirmados el 7 de mayo por el fiscal general, Jeff Sessions, cuando anunci¨® que la separaci¨®n de familias era la pol¨ªtica oficial de Estados Unidos.

La decisi¨®n lleg¨® el mismo d¨ªa en que se iniciaba otra batalla legal en el mismo sentido. Un total de 18 estados, liderados por California, Massachusetts y Nueva York, presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno federal en la que alegan que la separaci¨®n de familias viola el derecho al debido proceso y es inconstitucional. La demanda pide al juez que obligue al Gobierno a atender todas las peticiones de asilo, que re¨²na a las familias separadas ¡°inmediatamente¡±, que no se puedan poner condiciones a la reunificaci¨®n y que se impidan las deportaciones de padres sin sus hijos.

Esta iniciativa adem¨¢s llegaba despu¨¦s de que el .martes por la ma?ana, durante una comparecencia en el Congreso sobre este asunto, el secretario de Servicios Sociales (a cargo de los ni?os), Alex Azar, dijera que era ¡°f¨¢cil¡± para los padres encontrar a sus hijos en el sistema. Azar reconoci¨® que el Gobierno no piensa reunir a los ni?os con los padres que est¨¢n detenidos, solo los que han sido liberados o deportados, y dijo que el Congreso debe aprobar una ley que permita eludir el l¨ªmite legal de 20 d¨ªas para mantener a las familias juntas detenidas. La decisi¨®n del juez Sabraw anula estos criterios.