El Gobierno de Trump pide m¨¢s tiempo para reunificar a padres e hijos inmigrantes
Los arrestos de indocumentados en la frontera de EE UU caen un 18% en junio tras cuatro meses de subidas
El Gobierno de Donald Trump quiere m¨¢s tiempo para poder juntar a los padres e hijos inmigrantes que separ¨® tras entrar ilegalmente a Estados Unidos. El Departamento de Justicia pidi¨® este viernes a un juez federal de San Diego una extensi¨®n de los plazos que fij¨® a finales de junio para finiquitar los efectos de la pol¨¦mica pol¨ªtica de ¡°tolerancia cero¡±: haber reunificado el 10 de julio a los ni?os de menos de cinco a?os con sus parientes y el 26 de julio al resto de menores de edad.
¡°El Gobierno tiene un fuerte inter¨¦s en garantizar que la liberaci¨®n de un chico en custodia gubernamental ocurra de una forma que garantice la seguridad del chico¡±, se?al¨® la Fiscal¨ªa en su recurso ante el juez Dana Sabraw. ¡°El Departamento de Salud y Servicios Humanos anticipa que no podr¨¢ llevar a cabo los procesos adicionales seg¨²n el calendario de la Corte, en especial para las personas que ya no est¨¢n en custodia del Gobierno¡±, agrega en referencia a los padres que ya han sido liberados mientras esperan a una vista judicial para determinar si pueden quedarse en EE UU o son deportados.
Sabraw abri¨® la puerta a extender el plazo solo para casos espec¨ªficos. "El Gobierno debe reunirlos. Debe cumplir con el plazo excepto que haya una raz¨®n articulada", se?al¨® en la vista judicial. El juez pidi¨® a los abogados del Gobierno y de la ACLU, la organizaci¨®n social que llev¨® a los tribunales la situaci¨®n de varios inmigrantes, que se coordinen el fin de semana para presentarle el lunes un listado de cu¨¢ntos de los 101 ni?os menores de cinco a?os bajo custodia del Gobierno no podr¨¢n ser reagrupados con sus padres en la fecha l¨ªmite del martes. De esa cifra, hay 19 chicos cuyos padres han sido excarcelados pero no se sabe d¨®nde est¨¢n y otros 19 progenitores que han sido expulsados a sus pa¨ªses de origen, seg¨²n la cadena NBC.
La petici¨®n de la Fiscal¨ªa contradice las declaraciones del jueves por la ma?ana del secretario de Salud, Alex Azar, que prometi¨® entonces cumplir el fallo del juez. Servicios Sociales tiene bajo custodia a aproximadamente 11.800 inmigrantes menores de edad. ¡°Menos de 3.000¡±, seg¨²n dijo el secretario, fueron separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera.
Azar revel¨® que las autoridades estaban llevando a cabo pruebas de ADN para verificar la relaci¨®n entre padres e hijos. Tambi¨¦n anunci¨® que, para acelerar el proceso de reunificaci¨®n de las familias, se est¨¢n trasladando los inmigrantes padres de ni?os de menos de cinco a?os a c¨¢rceles cercanas a los albergues d¨®nde est¨¢n los menores.
Acechado por una ola de repudio, Trump derog¨® el 20 de junio su pol¨ªtica de separaci¨®n de familias en la frontera. Fue la primera gran rectificaci¨®n en su a?o y medio de presidencia, marcada por la demonizaci¨®n de la inmigraci¨®n irregular. La Fiscal¨ªa anunci¨® en abril una estrategia de ¡°tolerancia cero¡± que implicaba presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Si viajaban con ni?os, como los menores no pueden ser encarcelados, eran segregados de sus padres. Se les trasladaba a un albergue de Servicios Sociales donde permanec¨ªan hasta que se encontrara una familia de acogida.
Los documentos judiciales exponen con crudeza c¨®mo el Gobierno actuaba sin un plan definido mientras colocaba a ni?os de escasa edad en una v¨ªa legal totalmente separada de la de sus padres. Las autoridades no saben con certeza d¨®nde est¨¢n algunos adultos -por ejemplo, algunos excarcelados- ni cu¨¢ntos ni?os fueron exactamente separados de sus padres. La Administraci¨®n tambi¨¦n reconoce la dificultad de contactar a un adulto cuando ya ha sido deportado a su pa¨ªs de origen mientras su hijo, con el que emprendi¨® el peligroso periplo desde Centroam¨¦rica, sigue en EE UU. Y advierte de que algunas pruebas de ADN no han sido concluyentes.
?Efecto fronterizo?
En paralelo a la crisis de la reunificaci¨®n de familias, el jueves se supo que la polic¨ªa fronteriza detuvo en junio a 34.114 personas (5.115 menores que viajaban solos y 9.449 unidades familiares) tras cruzar ilegalmente a EE UU, un 18% menos que en mayo. Las cifras ponen fin a cuatro meses de subidas constantes en las aprehensiones de inmigrantes indocumentados. El Gobierno republicano atribuy¨® el descenso a la pol¨ªtica de ¡°tolerancia cero¡± aunque tambi¨¦n puede deberse a otros factores, como las altas temperaturas veraniegas. Las estad¨ªsticas de los pr¨®ximos meses permitir¨¢n esclarecer si se mantiene el pretendido efecto disuasorio que buscaba el republicano en la llegada de indocumentados a EE UU.
Pese al descenso, las cifras de junio duplican los 21.657 arrestos de un a?o antes y siguen superando las de principios de 2018. Pero se mantienen por debajo de los 45.772 de junio de 2016, durante el Gobierno del dem¨®crata Barack Obama.
El portavoz del Departamento de Seguridad Interior, Tyler Houlton, utiliz¨® las ¨²ltimas estad¨ªsticas para insistir en que el Congreso debe ¡°cerrar resquicios legales que impulsan la inmigraci¨®n ilegal¡±. Esta es una de las reclamaciones constantes de Trump. El presidente se pas¨® semanas culpando falsamente al Congreso, y en concreto a los legisladores dem¨®cratas, de obligarle a separar a familias cuando en realidad era una decisi¨®n unilateral de su Administraci¨®n.
El Congreso tiene la potestad de endurecer las leyes migratorias, pero son sobre todo decisiones judiciales y cuestiones log¨ªsticas las que condicionan el d¨ªa a d¨ªa de los servicios fronterizos. Por ejemplo, una sentencia impide mantener m¨¢s de 20 d¨ªas juntos bajo custodia a padres e hijos inmigrantes.
Un juez preserva gran parte del blindaje de California a los inmigrantes
California le brinda otro fracaso a la pol¨ªtica migratoria de Donald Trump. El Gobierno intent¨® a trav¨¦s de una demanda acabar con la ley santuario en el Estado, la que permite que ninguna agencia policial del Estado pueda colaborar con la polic¨ªa de inmigraci¨®n federal. Sin embargo, el juez federal de Sacramento, John M¨¦ndez, respald¨® este jueves dos de las tres tres normas que protegen a los indocumentados, d¨¢ndole una victoria a California contra la administraci¨®n federal.
Este triunfo al ataque legislativo de Trump es de un enorme simbolismo. California, donde se calcula que vive una cuarta parte de los 11 millones de indocumentados del pa¨ªs, fue el primer estado santuario y al que el fiscal general, Jeff Sessions, le ha declarado la guerra por sus medidas protectoras con los inmigrantes ilegales. La decisi¨®n de M¨¦ndez deja intacta la pol¨ªtica de que las agencias policiales locales y estatales tengan prohibido indagar el estatus migratorio de las personas, colaborar en los operativos de la agencia de Inmigraci¨®n y Control de Aduanas (ICE) y transferir a los detenidos por faltas menores.
Sin embargo, el juez aclar¨® que no se puede multar a due?os de empresas o f¨¢bricas con 10.000 d¨®lares por permitir la entrada de ICE o por que accedan a los documentos migratorios de los empleados. Devin O'Malley, portavoz del Departamento de Justicia, calific¨® el fallo que bloquea las multas como una "gran victoria para el sector privado y los empleadores que ya no se les impide cooperar con la aplicaci¨®n leg¨ªtima de nuestras leyes de inmigraci¨®n".
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