La oposici¨®n venezolana se moviliza en solidaridad con el diputado detenido
Juan Requesens cumple cinco d¨ªas de detenci¨®n sin juicio ni poder ver a su familia
¡°Ese no es mi hijo¡±, repite una y otra vez Juan Guillermo Requesens. Para el pap¨¢ del diputado opositor detenido por supuestamente estar involucrado en el atentado frustrado contra Nicol¨¢s Maduro, el que aparece en los v¨ªdeos que difundi¨® el Gobierno confesando su participaci¨®n no es su hijo. ¡°No est¨¢ en sus cabales, yo soy m¨¦dico y s¨¦ que seguramente est¨¢ bajo la influencia de alguna sustancia qu¨ªmica y est¨¢ sometido a torturas psicol¨®gicas. Hasta que yo no pueda ver, abrazar y hablar con mi hijo para mi sigue desaparecido¡±, dijo este s¨¢bado en un acto en Caracas en el que unas 300 personas, entre ellos dirigentes pol¨ªticos de la oposici¨®n como Lilian Tintori -esposa de Leopoldo L¨®pez- y varios parlamentarios, expresaron su solidaridad con el diputado.
El testimonio difundido por el Gobierno como prueba de la participaci¨®n de Requesens y de Julio Borges en el atentado fue tomado sin que el detenido haya si quiera sido presentado ante tribunales. El diputado sigue incomunicado desde el martes, lo que configura una violaci¨®n del debido proceso establecido en la Constituci¨®n. Ni siquiera el viernes en la noche, cuando fue trasladado a los tribunales para una audiencia que finalmente se difiri¨® para el lunes, los abogados pudieron entrar en contacto con ¨¦l. ¡°A ¨¦l lo mantuvieron en el s¨®tano del Palacio de Justicia y nos notificaron del diferimiento cuando ya lo hab¨ªan regresado a la c¨¢rcel¡±, cont¨® el diputado Juan Miguel Matheus, compa?ero de Requesens en el partido Primero Justicia.
Repudio internacional
El Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canad¨¢, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, M¨¦xico, Panam¨¢, Paraguay y Per¨², repudi¨® las acciones represivas contra los diputados de la Asamblea Nacional y exigieron que ¡°se conduzca una investigaci¨®n independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los actos de celebraci¨®n del 81 aniversario de la creaci¨®n de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela¡±.
En el comunicado condenan la violaci¨®n del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuraci¨®n de justicia y respeto de los derechos humanos, ¡°durante la detenci¨®n arbitraria, ilegal y sin investigaci¨®n previa del diputado Juan Carlos Requesens, as¨ª como la orden de captura emitida contra el diputado Julio Borges¡±.
Reiteraron que ¡°s¨®lo los venezolanos pueden encontrar la soluci¨®n para la grave crisis que afecta a ese pa¨ªs hermano¡±, y reafirmaron su compromiso ¡°de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauraci¨®n de la institucionalidad democr¨¢tica, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela¡±.
Proiuris, una ONG defensora de derechos humanos, explic¨® en un comunicado que la confesi¨®n autoinculpatoria de Requesens es un indicio de tortura y de los vicios del procedimiento legal ejercido contra el parlamentario, al que bajo la protecci¨®n de la imnunidad que le da el art¨ªculo 200 de la Constituci¨®n venezolana, solo le correspond¨ªa un antejuicio de m¨¦rito en instancia del Supremo, pues no fue capturado en flagrancia.
¡°Mientras el diputado Requesens permanec¨ªa incomunicado, el gobierno nacional, a trav¨¦s del ministro de Informaci¨®n y Comunicaci¨®n, Jorge Rodr¨ªguez, divulg¨® un v¨ªdeo que muestra al parlamentario admitiendo que facilit¨® un contacto a uno de los supuestos involucrados en el presunto magnicidio, en concordancia con la versi¨®n oficial que adelant¨® el propio presidente de la Rep¨²blica. El ordenamiento jur¨ªdico penal es claro. El numeral 5 del art¨ªculo 49 de la Constituci¨®n establece que ninguna persona podr¨¢ ser obligada a confesarse culpable o declarar contra s¨ª misma¡±, se?ala el comunicado suscrito por una treintena de organizaciones que aseguran que la arbitrariedad de la detenci¨®n, el procedimiento sumario con el que la Asamblea Constituyente af¨ªn a Maduro allan¨® su inmunidad parlamentaria y la incomunicaci¨®n a la que ha estado sometido Requesens fundamentan las dudas sobre su supuesta confesi¨®n.
Erika Guevara Rosa, directora para Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional, se refiri¨® al caso de Requesens e inst¨® al Estado venezolano a garantizar la salud f¨ªsica y mental del diputado. ¡°Tiene derecho a tener contacto con su familia y abogados¡±, insisti¨® la activista.
La exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega D¨ªaz -que en 2014 encarcel¨® a Leopoldo L¨®pez por los hechos de violencia durante las protestas- se ha manifestado en la misma l¨ªnea: ¡°Lo exhiben ante los medios, incrimin¨¢ndose ¨¦l y otras personas. Esa incriminaci¨®n es producto de la tortura psicol¨®gica y f¨ªsica¡±.
En la manifestaci¨®n de este s¨¢bado, que termin¨® sin problemas con la polic¨ªa, un grupo de j¨®venes acudi¨® en calzoncillos, tal como aparece el diputado en uno de los v¨ªdeos que se filtraron ayer en el que parece estar dopado, con una actitud muy distinta a la que se vio en las grabaciones de las c¨¢maras de seguridad de su residencia en la que forcejeaba con los polic¨ªas que se lo llevaron. ¡°Si meten preso a uno, nos meten presos a todos¡±, coreaban los j¨®venes que anunciaron que har¨¢n m¨¢s movilizaciones para exigir la libertad del joven parlamentario, que se inici¨® en la pol¨ªtica en el movimiento estudiantil.
Requesens, electo en 2015 diputado, lider¨® gran parte de las movilizaciones opositoras de 2017 y muchas veces estuvo en la primera l¨ªnea de las refriegas de los cuerpos de seguridad. En varias oportunidades logr¨® superar los piquetes y subirse a las defensas que colocaba la guardia nacional para evitar el paso de los manifestantes. Semanas atr¨¢s, en un en¨¦rgico discurso en la Asamblea Nacional en rechazo a la persecuci¨®n al diputado Jos¨¦ Manuel Olivares, que tuvo que exiliarse el mes pasado en Bogot¨¢, dijo que har¨ªa todo lo posible por sacar a Nicol¨¢s Maduro del poder. La frase ha sido usada por el gobierno como una evidencia de su supuesta intenci¨®n de perpetrar el atentado.
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