Ortega declara ilegales las protestas en Nicaragua

Manifestarse en Nicaragua ya es un delito. El Gobierno que dirige, con mano dura, el sandinista Daniel Ortega ha informado este viernes a trav¨¦s de un comunicado emitido por la Polic¨ªa Nacional de la prohibici¨®n de las protestas que exigen el fin del r¨¦gimen. Y amenaza, tambi¨¦n, con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.

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Para las autoridades del pa¨ªs centroamericano, inmerso en su peor crisis pol¨ªtica desde el fin de la guerra civil de la d¨¦cada de los ochenta, las protestas son ¡°ilegales¡± y una amenaza a la paz y la seguridad. En los ¨²ltimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas, seg¨²n la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mayor¨ªa de ellos son civiles que murieron por la represi¨®n desatada desde el Estado.

¡°La Polic¨ªa Nacional reitera que ante cualquier alteraci¨®n y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, ser¨¢n responsables y responder¨¢n ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales¡±, se lee en la nota emitida por la Polic¨ªa y enviada a los corresponsales extranjeros por la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Este ¨²ltimo movimiento es un intento desesperado del r¨¦gimen por frenar el movimiento social que desde abril exige el punto final a 11 a?os de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un r¨¦gimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinast¨ªa en Nicaragua. Hay un precedente: el somocismo, que gobern¨® el pa¨ªs latinoamericano durante m¨¢s de 40 a?os y que cay¨® con la revoluci¨®n sandinista de la que Ortega form¨® parte. El r¨¦gimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegaliz¨® las manifestaciones en un pa¨ªs en plena efervescencia. Aquel a?o, Somoza tambi¨¦n declar¨® ilegales los paros y las huelgas.

El pasado s¨¢bado Ortega alert¨® a los empresarios de que enviar¨ªa a la polic¨ªa para mantener abiertos a las fuerzas los negocios que decidan sumarse a un nuevo paro nacional. El mandatario acusa a la iniciativa privada de imponer un ¡°terrorismo econ¨®mico¡± en este pa¨ªs.

La advertencia de la Polic¨ªa se da un d¨ªa despu¨¦s de que se anunciaran nuevas manifestaciones para el fin de semana en Nicaragua, entre ellas una protesta denominada ¡°Nicaragua en Rebeld¨ªa¡±. El Gobierno ha ordenado a sus simpatizantes y a los trabajadores del Estado mantener una movilizaci¨®n permanente como forma de intimidaci¨®n a los opositores que desde abril protestan en Managua y en varias ciudades del interior del pa¨ªs. Una de las ¨²ltimas manifestaciones opositoras fue violentamente reprimida el pasado s¨¢bado. En el ataque de grupos armados leales al Gobierno muri¨® un adolescente de 16 a?os y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas el periodista Winston Potosme, que recibi¨® un disparo en el brazo derecho. Est¨¢ por ver si el anuncio de la Polic¨ªa de este viernes lograr¨¢ desmovilizar las pr¨®ximas protestas.

El viernes por la tarde, la Polic¨ªa tambi¨¦n allan¨® las oficinas del Instituto Estudios Estrat¨¦gicos y Pol¨ªticas P¨²blicas (IEEPP), un centro de pensamiento enfocado en temas de seguridad y transparencia p¨²blica. El Ejecutivo de Ortega ha se?alado al IEEPP y a su director, F¨¦lix Maradiaga, de financiar actos de ¡°terrorismo¡± para desestabilizar al Ejecutivo sandinista. La Polic¨ªa decomis¨® documentos y ordenadores de las oficinas del IEEPP, localizadas en el c¨¦ntrico Reparto San Juan de Managua.

Las autoridades ya hab¨ªan girado una orden de captura contra Maradiaga, exiliado en Estados Unidos. ¡°El de la Polic¨ªa es un comunicado inconstitucional, en directo atropello a las normas m¨¢s b¨¢sicas del Estado de derecho. Es una posici¨®n torpe del r¨¦gimen, que quiso mantener cierta normalidad, pero que con este comunicado lo que hace es oficializar un modelo dictatorial¡±, dijo Maradiaga a EL PA?S, en conversaci¨®n telef¨®nica desde el pa¨ªs norteamericano. El experto calific¨®, adem¨¢s, el allanamiento de las oficinas del IEEPP de "un atropello m¨¢s a la sociedad civil" nicarag¨¹ense.

Maradiaga particip¨® a primeros de septiembre en la sesi¨®n del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que, por solicitud de Estados Unidos, se discuti¨® por primera vez la crisis nicarag¨¹ense. En ese foro, el ex secretario del Ministerio de Defensa, bajo la Administraci¨®n de Enrique Bola?os (2002-2007), denunci¨® en esa ocasi¨®n las violaciones a los derechos humanos y la criminalizaci¨®n de las protestas por parte de Ortega.

A mediados de julio, el Parlamento nicarag¨¹ense ¨Ccontrolado por Ortega¨C aprob¨® una controvertida ley contra el lavado de activos, la financiaci¨®n al terrorismo y la ¡°proliferaci¨®n de armas de destrucci¨®n masiva¡± que fue calificada por organizaciones de derechos humanos como un instrumento del r¨¦gimen para criminalizar a sus cr¨ªticos. La ONU advirti¨® en esa ocasi¨®n que "el texto es muy vago y permite una amplia interpretaci¨®n que podr¨ªa provocar que se incluyera como terroristas a personas que simplemente est¨¢n ejerciendo su derecho a la protesta¡±.

Desde entonces han sido detenidas ¨Cseg¨²n cifras oficiales¨C m¨¢s de 200 personas acusadas de ¡°terrorismo¡±. Las organizaciones de derechos humanos creen que la cifra de detenidos en las c¨¢rceles del pa¨ªs podr¨ªa superar los 300, la mayor¨ªa por protestar contra el r¨¦gimen. El mi¨¦rcoles, la CIDH recomend¨® al Gobierno "suprimir" las detenciones ilegales y "reconsiderar" las acusaciones por terrorismo contra los ciudadanos que protestan contra el r¨¦gimen.