Brexit: los puntos clave del acuerdo
El documento resuelve el conflicto sobre la frontera de Irlanda, los derechos de los ciudadanos y la factura de Reino Unido
El borrador de acuerdo sobre el Brexit ocupa 585 p¨¢ginas en las que de desarrollan 185 art¨ªculos, tres protocolos y varios anexos. Los tres asuntos que han ocupado la mayor parte de la negociaci¨®n han sido los relativos a derechos de los ciudadanos, la factura que deber¨¢ asumir Reino Unido tras su salida de la UE y el escollo de la frontera de Irlanda del Norte.
El pacto sobre Irlanda. El conflicto sobre Irlanda se hab¨ªa convertido en el gran escollo para cerrar el acuerdo de salida de Reino Unido de la UE, pero al final ser¨¢ la palanca que puede permitir a Londres un acceso privilegiado al jugoso e imprescindible mercado comunitario.
El protocolo sobre Irlanda incorporado al acuerdo contempla la extensi¨®n del per¨ªodo transitorio de salida m¨¢s all¨¢ del 31 de diciembre de 2020. Londres deber¨¢ solicitar la prolongaci¨®n antes del 1 de julio de 2020 si para entonces, como parece probable, no se ha logrado encontrar una soluci¨®n aceptable para los brit¨¢nicos que garantice el mantenimiento de la libre circulaci¨®n de mercanc¨ªas entre Irlanda (socio de la UE) e Irlanda del Norte (territorio brit¨¢nico).
El equipo negociador de la UE, dirigido por Michel Barnier, ha introducido la cautela de que esa pr¨®rroga solo se podr¨¢ solicitar una vez. Pero no se ha concretado el plazo, por lo que podr¨ªa ir mucho m¨¢s all¨¢ de 2021. Durante esa transici¨®n, Londres mantendr¨ªa el mismo acceso al mercado europeo que disfruta como socio de la UE. Una vez expirado el plazo transitorio y si todav¨ªa no se ha encontrado una f¨®rmula para evitar la aparici¨®n de una frontera dentro de Irlanda, Reino Unido se mantendr¨¢ integrado en la Uni¨®n aduanera europea, lo que tambi¨¦n le garantiza la entrada y salida fluida de mercanc¨ªas con el continente.
El protocolo prev¨¦ el establecimiento de un comit¨¦ conjunto (con un miembro de la Comisi¨®n y un ministro brit¨¢nico) encargado de velar por el cumplimiento de lo pactado. Esa nueva figura es la que m¨¢s inquieta a otros socios europeos, porque obligar¨¢ a negociar de igual a igual a Bruselas y Londres en materias tan diversas como pol¨ªtica de competencia, fiscalidad, o est¨¢ndares sociales o medioambientales. Algunas capitales europeas temen que el protocolo ampl¨ªe de hecho el margen de maniobra de Londres, muy limitado ahora en el seno del Consejo de la UE, donde puede y ha sido minorizado para aprobar legislaciones rechazadas por los sucesivos Gobiernos brit¨¢nicos.
Los previsibles litigios que surgir¨¢n entre las dos partes se resolver¨¢n en un panel de arbitraje independiente, que dirimir¨¢ con arreglo a un calendario y unas normas fijadas en el protocolo. En caso de que las disputas est¨¦n relacionadas con el derecho de la Uni¨®n, el panel estar¨¢ obligado a remitir una consulta al Tribunal de Justicia europeo y a acatar su veredicto. Los negociadores europeos conf¨ªan en que esa instancia preserve la aplicaci¨®n de la jurisprudencia en caso de choque frontal con Londres.
Los derechos de los ciudadanos. M¨¢s de tres millones de ciudadanos de la UE y m¨¢s de un mill¨®n de nacionales brit¨¢nicos ten¨ªan en juego sus derechos. Para calmar esa creciente inquietud, ambas partes pusieron el asunto sobre la mesa en los primeros compases de las conversaciones. Sobre el resultado final, el negociador comunitario Michel Barnier dijo que no se ver¨¢n afectados. Lo resumi¨® en una frase: ¡°Podr¨¢n seguir sus vidas como antes en su pa¨ªs de residencia¡±.
Los residentes en Reino Unido con pasaporte de uno de los restantes 27 miembros, o los due?os de pasaporte brit¨¢nico viviendo fuera, se beneficiaron durante d¨¦cadas de la libre circulaci¨®n para dise?ar sus vidas. El derecho de ambos a moverse sin cortapisas quedar¨¢ restringido una vez se consume el Brexit, pero Reino Unido se ha comprometido a respetar los derechos de residencia, trabajo, estudio, reunificaci¨®n familiar o asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos que se encuentren all¨ª antes del 29 de marzo de 2019 y para los que lleguen durante el periodo transitorio.
El texto incluye la posibilidad de que se pida a los ciudadanos y sus familiares pedir un nuevo estatuto de residencia, una opci¨®n que Londres ya ha puesto en marcha con el compromiso de que se trate de un proceso simple. El documento tambi¨¦n advierte contra la tentaci¨®n de aplicar baremos diferentes a los ciudadanos brit¨¢nicos o comunitarios: recoge la prohibici¨®n expresa de discriminaci¨®n por motivos de nacionalidad y el derecho a la igualdad de trato en la remuneraci¨®n o las condiciones laborales.
La factura de Reino Unido. El acuerdo fija c¨®mo Bruselas y Londres ir¨¢n pasando cuentas cada a?o. De entrada, Reino Unido seguir¨¢ realizando sus aportaciones al presupuesto de los pr¨®ximos dos a?os como un socio m¨¢s. Es decir, aunque abandone el club europeo en marzo 2019, continuar¨¢ aportando alrededor de 7.000 millones de euros netos anuales. La UE podr¨¢ invitar a expertos del pa¨ªs a asistir a comit¨¦s espec¨ªficos, pero sin derecho a voto.
Londres ya no deber¨¢ hacer m¨¢s contribuciones para los Presupuestos 2021-2027 y cualquier nueva aportaci¨®n por el acceso al mercado ¨²nico se negociar¨¢ bilateralmente. Aun as¨ª, su relaci¨®n con la UE no acaba ah¨ª. Reino Unido recibir¨¢ fondos por liquidar su participaci¨®n en instituciones como el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones, pero aun as¨ª las estimaciones de las partes se?alan que el saldo neto ser¨¢ favorable a Bruselas en alrededor de 50.000 millones.
Ello se debe tambi¨¦n a los "compromisos pendientes". Las cuentas de un ejercicio conllevan obligaciones para los siguientes. Y el marco presupuestario actual va de 2014 a 2020. Es decir, en 2019 puede decidirse la financiaci¨®n de una infraestructura que necesite varios a?os para ser ejecutada. Reino Unido tambi¨¦n deber¨¢ hacerse cargo de esos compromisos en la misma proporci¨®n en la que contribuye al Presupuesto de la UE (el 13%).
El pa¨ªs, adem¨¢s, seguir¨¢ siendo responsable, de acuerdo con la cuota que le corresponde, de las pensiones y los beneficios sociales que hayan adquirido los funcionarios (todos, no solo los brit¨¢nicos) de la UE hasta 2020, y que de momento suman unas obligaciones de unos 67.000 millones.
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