Duque propone para el ¡®caso Odebrecht¡¯ una terna de fiscales afines al Gobierno
El juez ordena libertad para un acusado en el esc¨¢ndalo despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa considerara que las pruebas "est¨¢n a salvo"
La investigaci¨®n de tres piezas del caso Odebrecht en Colombia quedar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas en manos de un fiscal ad hoc. El presidente Iv¨¢n Duque entreg¨® este martes a la Corte Suprema de Justicia una terna conformada por tres juristas de m¨¢xima confianza y afines a su Gobierno. Se trata de Margarita Leonor Cabello Blanco, que estuvo al frente de esa instancia judicial hasta principios de 2017, Clara Mar¨ªa Gonz¨¢lez Zabala, actual secretaria jur¨ªdica de la Presidencia y antigua abogada del exmandatario ?lvaro Uribe, y Leonardo Espinosa Quintero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Duque, que estudi¨® en ese centro, destac¨® que "todos son garant¨ªa de transparencia y capacidad profesional".
"Esperamos celeridad en la elecci¨®n, que se esclarezcan los hechos y que se conozca toda la verdad". Con estas palabras el presidente colombiano buscaba zanjar la pol¨¦mica que ha rodeado las indagaciones del caso de los sobornos millonarios pagados por la constructora brasile?a a cambio de concesiones. Tras la muerte por infarto del testigo principal del esc¨¢ndalo, Jorge Enrique Pizano, se conocieron unas grabaciones de 2015 en las que este, auditor de una obra en la que particip¨® Odebrecht, transmit¨ªa al fiscal general, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, sus sospechas sobre posibles irregularidades. Mart¨ªnez, entonces abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que intervino en ese proyecto, se limit¨®, como ¨¦l mismo enfatiza, a cumplir una funci¨®n de "mensajer¨ªa". M¨¢s tarde, cuando asumi¨® las riendas de la Fiscal¨ªa, se adentr¨® en la investigaci¨®n y finalmente opt¨® por inhibirse.
Estas circunstancias aumentaron, sin embargo, la presi¨®n, pol¨ªtica y social, para que la Corte Suprema nombrara un fiscal especial. El elegido deber¨¢ hacerse cargo de las pesquisas que de una red corrupta que involucr¨®, seg¨²n la propia Fiscal¨ªa, a m¨¢s de 90 personas, de las que ocho ya han sido condenadas.
El 'caso Andrade'
Uno de los acusados del caso, Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fue detenido hace un a?o y desde entonces se encuentra en arresto domiciliario. Este martes el juez orden¨® su puesta en libertad despu¨¦s de que el ¨®rgano que dirige Mart¨ªnez se abstuviera de solicitar "la pr¨®rroga de la medida de aseguramiento consistente en detenci¨®n domiciliaria".
"El ente acusador", se?al¨® la instituci¨®n, "considera que la decisi¨®n tomada por el juez de control de garant¨ªas el 04 de diciembre de 2017 ya cumpli¨® su objetivo y los elementos materiales probatorios est¨¢n a salvo, toda vez que en su momento se buscaba que Andrade no obstruyera el proceso o manipulara el conjunto de pruebas que tiene la Fiscal¨ªa, riesgo que desapareci¨® porque ya fueron descubiertas".
Andrade est¨¢ acusado de los delitos de "inter¨¦s indebido en la celebraci¨®n de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteraci¨®n o destrucci¨®n de elementos materiales probatorios, como coautor; y falso testimonio". No obstante, el antiguo responsable de la ANI asegura ser v¨ªctima de una persecuci¨®n. El fiscal general afirm¨® la semana pasada en una entrevista con EL PA?S que "la persecuci¨®n no es tal, porque la Fiscal¨ªa construye su caso, es un litigante en el proceso penal y la garant¨ªa de que va a haber absoluta imparcialidad y transparencia es que ser¨¢ un juez de la Rep¨²blica el que valore las pruebas y pueda tomar las decisiones finales".??
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