M¨¢s presos o m¨¢s justicia

Contra cualquier pron¨®stico, considerando que, entre otras joyas, en campa?a llamaba a que los polic¨ªas descubrieran el rostro a los delincuentes, los ¨²ltimos d¨ªas del a?o pasado, Donald Trump firm¨® el First Step Act, un acuerdo sin precedentes que reforma el sistema penitenciario de Estados Unidos a nivel federal y que supuso una de las grandes noticias de 2018. Un proceso largu¨ªsimo que empez¨® a larvarse durante la Administraci¨®n Obama y que ha implicado, finalmente, el acercamiento entre dem¨®cratas y republicanos.

El sistema penitenciario de Estados Unidos, con m¨¢s de dos millones de internos, es uno de lo m¨¢s injustos y racistas del planeta, fruto, en buena medida, de las reformas penales de los a?os noventa. Entre otros cambios, se eliminaron algunas restricciones para obtener beneficios penitenciarios, se suprimi¨® el llamado three stikes and out?¡ªque conminaba a cadena a perpetua a quienes cometieran tres delitos¡ª, se crearon programas para mujeres y j¨®venes y se desterr¨® la odiosa diferenciaci¨®n en el castigo por tenencia de crac y coca¨ªna que favorec¨ªa, en definitiva, la prisionalizaci¨®n de afrodescendientes.

Las c¨¢rceles contin¨²an siendo una de las realidades m¨¢s escondidas y con especial dramatismo en Am¨¦rica Latina, donde los problemas estructurales de violencia se expresan con crudeza y se reproducen. Nuestros ¨ªndices de encierro, seg¨²n el Institute for Criminal Policy Research (ICPR), distan notablemente de los de Europa. As¨ª, mientras en Espa?a la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes es de 127, la de Suecia es de 59 y la de Reino Unido, de 139, en Costa Rica, El Salvador y Uruguay la ratio llega a 374, 627 y 321, respectivamente. En 15 a?os, los pa¨ªses de la regi¨®n casi han duplicado ¡ªcomo Panam¨¢ y Per¨²¡ª o triplicado ¡ªcomo Brasil y Venezuela¡ª la cantidad de presos.

No son solo las cifras, de por s¨ª escandalosas. Es que los estados pierden, progresivamente, la capacidad de control y las c¨¢rceles se ciernen entonces en una amenaza m¨¢s para erradicar la violencia que tanto deteriora la calidad de vida de los latinoamericanos. M¨¢s personas presas supone recortar las posibilidades de emprender procesos de inserci¨®n social que faciliten un retorno a la libertad en condiciones. Esto sin obviar la permanente violaci¨®n de derechos humanos que trae el hacinamiento y la sobrepoblaci¨®n.

De otro lado, no se puede perder de vista que quienes pueblan los penales est¨¢n, mayoritariamente, sentenciados por delitos asociados a la pobreza ¡ªcomo robos, hurtos o ventas de droga al menudeo¡ª. La injusticia social no va a acabarse con justicia penal. Las c¨¢rceles se vuelven, en una inexplicable paradoja de ignorancia deliberada, en una m¨¢quina que caza gentes, casi siempre de los sectores m¨¢s desfavorecidos, y que al ser, tarde o temprano, expulsadas a la calle, dispara el riesgo de la reincidencia y con ello el peligro de que haya nuevas v¨ªctimas de la violencia.

Las pol¨ªticas de mano dura de EE UU, impulsadas en el ¨²ltimo cuarto de siglo, fueron calcadas por nuestros pa¨ªses y los resultados han sido desastrosos. No solo no estamos m¨¢s seguros sino que ahora tenemos c¨¢rceles reventadas y que en el largo plazo garantizar¨¢n, por sus efectos crimin¨®genos, m¨¢s v¨ªctimas y m¨¢s crimen. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad P¨²blica y la Justicia Penal (Ccspjp), una ONG mexicana, en 2018?42 de los 50 ciudades m¨¢s violentas del mundo estaban en Am¨¦rica Latina.

La explosi¨®n penitenciaria es responsabilidad tanto de los Gobiernos de izquierda como de derecha. Si bien con agendas distintas, ambos signos ideol¨®gicos han usado por igual la ret¨®rica carcelaria para concitar apoyos en sociedades urgidas de vivir en paz. Sin embargo, el giro conservador que ha experimentado la regi¨®n amenaza con agudizar un problema del que no se quiere hablar. Las diatribas incendiarias y punitivistas de Jair Bolsonaro, los reclamos de Mauricio Macri para detener lo que ha llamado las ¡°puertas giratorias¡± por los beneficios penitenciarios ¡ªa pesar de que los datos del ICPR confirman que de 2002 a 2017 los presos en Argentina pasaron de 57.632 a 81.975¡ª a o el pedido de Sebasti¨¢n Pi?era para endurecer las penas contra menores no auguran nada bueno.

Construir esperanzas usando la baza de pol¨ªticas probadamente ineficaces, pero todav¨ªa rentables en clave electoral, significa condenar a m¨¢s generaciones a seguir transitando por las movedizas arenas de la inseguridad y la violencia. Debe entenderse que la criminalidad tiene causas estructurales que no podr¨¢n resolverse solo con represi¨®n, m¨¢s all¨¢ de las promesas y la excesiva confianza depositada en el poder punitivo del Estado.

Para que las c¨¢rceles cumplan con sus presuntos fines reintegradores, esos que desfilan por nuestras leyes y constituciones, es indispensable ¡ªa la par de las pol¨ªticas sociales¡ª reducir el n¨²mero de presos. Decirlo no es popular. Hay que recluir a quienes cometen delitos graves, pero es necesario fortalecer otro tipo de sanciones como los trabajos comunitarios y las medidas electr¨®nicas de seguimiento.

EE UU alcanz¨® un pacto pol¨ªtico en la era Trump, la de la testosterona y los arrebatos populistas, para reformar las c¨¢rceles. Quiz¨¢s no todo est¨¦ perdido. Am¨¦rica Latina tiene aqu¨ª otro desaf¨ªo may¨²sculo, seguir tropezando en las mismas piedras o asumir que la desigualdad, la violencia y la exclusi¨®n social que la carcome tambi¨¦n se nutren del sistema penal. Preguntarse, en suma, si lo que quiere son m¨¢s presos o m¨¢s justicia.

Marco Feoli V fue ministro de Justicia de Costa Rica y es profesor de la Universidad Nacional del pa¨ªs centroamericano.