Las ra¨ªces econ¨®micas de la corrupci¨®n en Latinoam¨¦rica

La corrupci¨®n es uno de los problemas centrales en Latinoam¨¦rica. Al menos as¨ª lo consideran uno de cada cuatro peruanos, uno de cada cinco brasile?os y el 15% de los chilenos. Y estos datos (del Bar¨®metro de las Am¨¦ricas) son previos a que Alan Garc¨ªa, expresidente de Per¨², se suicidase justo antes de ser detenido. Tambi¨¦n son anteriores al arresto de Michel Temer, hasta hace poco jefe del Ejecutivo brasile?o. Pero, al mismo tiempo, un cuarto de los mexicanos, nicarag¨¹enses, hondure?os o ecuatorianos consideran que los sobornos tienen justificaci¨®n. Todo, pese a que ni siquiera es necesariamente en estos pa¨ªses, como se aprecia en el cuadro de abajo, donde hay una penetraci¨®n mucho m¨¢s significativa de los actos de corrupci¨®n: menci¨®n aparte merece Venezuela, donde una mayor¨ªa de empresas declara que no hay contratos gubernamentales sin regalos.

El nudo de la corrupci¨®n tiene muchos cabos de los que estirar. El debate p¨²blico latinoamericano los ha tanteado casi todos desde que explotase el descomunal esc¨¢ndalo de Odebrecht: instituciones, ¨¦lites, educaci¨®n, cultura ciudadana¡­ Pero ha habido una cuesti¨®n que ha recibido, comparativamente, menos atenci¨®n. Es habitual escuchar que la corrupci¨®n impide el desarrollo de un pa¨ªs. La ciencia social ha ido poco a poco confirmando esta hip¨®tesis, orillando en cambio la idea m¨¢s antigua de que un poco de corrupci¨®n ¡°engrasaba¡± la maquinaria productiva de las naciones. Pero, ?qu¨¦ hay de la direcci¨®n opuesta en la relaci¨®n? ?No cabr¨ªa pensar tambi¨¦n que la ausencia de condiciones econ¨®micas adecuadas puede fomentar la corrupci¨®n, con ambos factores reforz¨¢ndose mutuamente en una suerte de c¨ªrculo vicioso?

Renta, corrupci¨®n, desigualdad

La intuici¨®n parece confirmarse si comparamos en nuestra cabeza los niveles de corrupci¨®n en Europa Occidental o los pa¨ªses anglosajones con los del resto del mundo. Pero incluso si nos centramos en los pa¨ªses m¨¢s similares a los de Latinoam¨¦rica (de ingreso medio-alto, medio-bajo o bajo: menos de 20.000 d¨®lares por cabeza al a?o), observaremos que, a mayor renta per c¨¢pita, menor es la expectativa de las empresas de tener que abonar un soborno.

Llama la atenci¨®n, eso s¨ª, que la relaci¨®n dista de ser perfecta, lineal. Muchas naciones latinoamericanas est¨¢n, por as¨ª decirlo, algo mejor de lo que cabr¨ªa esperar dado su nivel de ingresos. Otros, como M¨¦xico, est¨¢n en peor situaci¨®n. Adem¨¢s, parece que a partir de cierto volumen, la corrupci¨®n disminuye sin desaparecer del todo.

En contraste con lo que sucede con los pa¨ªses, las personas que reciben m¨¢s ingresos s¨ª est¨¢n m¨¢s expuestas a que se les pida un soborno. Es l¨®gico si pensamos que, al fin y al cabo, disponen de una mayor capacidad de pago. Lo que resulta m¨¢s sorprendente es que esta relaci¨®n entre renta y corrupci¨®n sea m¨¢s pronunciada en los pa¨ªses m¨¢s pobres, no en los m¨¢s ricos, de la regi¨®n. Es decir: la diferencia en la probabilidad de que a un individuo de renta alta y a otro de renta baja le toque pagar una mordida es m¨¢s alta en, digamos, Honduras que en Argentina.

Hay dos maneras -no excluyentes entre s¨ª- de interpretar este dato. Podr¨ªa ser que los polic¨ªas y funcionarios p¨²blicos de los estados m¨¢s pobres vean un valor comparativamente alto en extraer renta de las clases acomodadas: les salva de una situaci¨®n de carencia m¨¢s extrema. Pero tambi¨¦n es posible que estas clases est¨¦n m¨¢s dispuestas a participar en el juego porque saben que la penalizaci¨®n por no hacerlo es mayor. La corrupci¨®n es sobre todo una manera de garantizar acceso privilegiado a los recursos p¨²blicos, al fin y al cabo. Y qu¨¦ lugar mejor para hacerlo que all¨¢ donde estos son m¨¢s escasos, m¨¢s valiosos.

De ser as¨ª, no s¨®lo contar¨ªa la renta total del pa¨ªs: tambi¨¦n, y quiz¨¢s sobre todo, lo har¨ªa el grado de desigualdad. En sociedades m¨¢s desiguales, los segmentos acomodados tendr¨ªan incentivo y tentaci¨®n de cerrar su posici¨®n de privilegio a trav¨¦s de coimas. El est¨¢ndar mundial para medir la desigualdad de renta en un pa¨ªs es el ¨ªndice de Gini, que computa la distancia entre la porci¨®n m¨¢s rica y la m¨¢s pobre. Resulta que en estados donde esta distancia es mayor, es m¨¢s probable que la gente de hogares ricos justifique el pago de sobornos. En naciones menos desiguales la situaci¨®n es la contraria: hay una menor justificaci¨®n general de los sobornos, que adem¨¢s decrece a mayor nivel de renta. En otras palabras: parece que, al menos en una mayor¨ªa de Latinoam¨¦rica, las ¨¦lites econ¨®micas mantienen y tal vez incluso reproducen un inter¨¦s para que la corrupci¨®n no desaparezca superior al de sus compatriotas con menos recursos.

Soluciones mientras tanto

Si tenemos que esperar a que los pa¨ªses latinoamericanos dejen de ser tan desiguales e incrementen sus niveles de PIB per c¨¢pita para que disminuya la corrupci¨®n, nos queda una larga espera por delante. Una que se cuenta en generaciones m¨¢s que en a?os. Adem¨¢s, como parece que la relaci¨®n entre desarrollo econ¨®mico y limpieza gubernamental va en ambas direcciones, es necesario identificar otros puntos de ataque.

Son dos las corrientes m¨¢s habituales en el debate p¨²blico sobre c¨®mo acabar con la corrupci¨®n: una llama a las reformas institucionales. Cambiar las normas para que cambien los comportamientos. Otra, por el contrario, incita a modificar los valores a trav¨¦s de la educaci¨®n, de la cultura. La conversaci¨®n en la ciencia pol¨ªtica y en la econom¨ªa sobre estos temas es prolija y compleja. Pero baste aqu¨ª con una peque?a muestra centrada en Latinoam¨¦rica para aproximar el peso de cada factor.

Parece que, por ahora, las normas escritas pesan m¨¢s que las habladas. Los indicadores del Banco Mundial para el nivel de control de la corrupci¨®n y la fuerza del Estado de derecho tienen una relaci¨®n bastante m¨¢s clara con la incidencia de los sobornos que la preocupaci¨®n por el tema o que la propia justificaci¨®n social del mismo.

Pero claro, alguien tiene que aprobar estas nuevas leyes. Y qui¨¦n va a hacerlo si no aquellos pol¨ªticos que fueron votados para ello. Son precisamente los segmentos de la poblaci¨®n latinoamericana que tienen menos que ganar con la corrupci¨®n quienes tienen m¨¢s inter¨¦s en este tipo de victorias electorales: los m¨¢s desfavorecidos. La corrupci¨®n puede ser entendida como un impuesto, particularmente gravoso, sobre la pobreza individual y la precariedad empresarial: elimina la igualdad de acceso a los recursos p¨²blicos y facilitar las cosas a las personas que pueden permit¨ªrselo.

El problema en ¨²ltima instancia es que en Latinoam¨¦rica, como en cualquier otro lugar del mundo, los sectores populares mantienen tasas de participaci¨®n pol¨ªtica sustancialmente menores que su contraparte. Sin embargo, otra manera de verlo es que la lucha contra la corrupci¨®n guarda en su seno una oportunidad de movilizaci¨®n pol¨ªtica y electoral como pocos temas en el continente.