Fue el Estado
No es ni ser¨¢ nunca una frase pronunciada al vuelo, por el contrario, se trata de la sentencia misma de nuestra ¨¦poca
Un funcionario solo puede cometer tres clases de delitos, si hacemos caso a uno de los pecios del ensayista Rafael S¨¢nchez Ferlosio.
El primero de estos delitos ser¨ªa el delito com¨²n, es decir, aquel que lo iguala con el resto de los ciudadanos de su pa¨ªs y que es llevado a cabo m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites del puesto que ocupa.
Pongamos un ejemplo sencillo: un domingo, un gobernador cualquiera, revisando los peri¨®dicos, se encuentra con la noticia de la publicaci¨®n de un libro que lo acusa de beneficiarse de una red de prostituci¨®n. Furioso, va a una librer¨ªa y se roba un ejemplar del libro en cuesti¨®n.
El segundo de los delitos que un funcionario est¨¢ en capacidad de cometer es el delito que Ferlosio denomina como paraprofesional, es decir, aquel que distingue al funcionario mencionado del resto de los ciudadanos. En este caso, el asunto se centra en la utilizaci¨®n de las atribuciones conferidas por su puesto para conseguir un beneficio privado.
Pongamos otro ejemplo, tan sencillo como el anterior: una tarde cualquiera, el mismo gobernador de Puebla que imaginamos hace un instante, cansado de ver su nombre asociado a la red de prostituci¨®n infantil que denunciara la periodista, llama por tel¨¦fono a la casa editorial que publicara el libro, solicita que lo comuniquen con el director general y una vez que este le toma la llamada, amenaza con utilizar todo su poder si no retiran el libro de las librer¨ªas.
El tercero y ¨²ltimo de los delitos que un funcionario puede cometer, otra vez, en palabras de Ferlosio, es el profesional, es decir, aquel que lo enfrenta y que lo coloca en oposici¨®n directa al resto de ciudadanos de su pa¨ªs pero que tambi¨¦n corrompe el quehacer del Gobierno y las estructuras del Estado. En este caso, el funcionario utiliza todos los medios que encuentra para conseguir un beneficio que ya no es tan s¨®lo para s¨ª, sino que se extiende a sus c¨®mplices y, peor a¨²n, es cometido en nombre de la figura del funcionariado.
Pongamos un tercer y ¨²ltimo ejemplo: una tarde cualquiera, Mario Mar¨ªn llama a un juez y exige una orden de aprehensi¨®n contra la periodista que lo ha denunciado, la cual es detenida ilegalmente en Quinta Roo, por 10 sujetos que aseguran ser polic¨ªas. Tras la detenci¨®n, comienza un secuestro de casi 20 horas, durante las cuales Lydia Cacho es v¨ªctima de tortura, abusos sexuales y amenazas de muerte, que suceden al mismo tiempo que el gobernador celebra el escarmiento que la periodista est¨¢ recibiendo y el servicio que les han prestado, a ¨¦l y a sus c¨®mplices, el poder, el Gobierno y el Estado.
Lo m¨¢s grave de esta situaci¨®n, por parad¨®jico que parezca, no es la detenci¨®n ilegal de Lydia Cacho, o no lo es ¨²nicamente, como ella misma ha dicho en diversos foros. Y es que la maquinaria del delito profesional nunca termina en un evento particular, como s¨ª sucede con el delito com¨²n y el delito paraprofesional. Al haber utilizado al sistema, es decir, al haber puesto al servicio de su crimen a los diferentes m¨²sculos del Gobierno y a las estructuras mismas del Estado, Mario Mar¨ªn tambi¨¦n puso en marcha los mecanismos que arrastra tras de s¨ª el delito profesional y que garantizan la supervivencia del propio sistema, una vez que este se ha corrompido.
Es lo mismo que sucedi¨® en Aguas Blancas, con los 43 de Ayotzinapa, en la plaza de Tlatelolco, con tantos otros periodistas y con los cientos de l¨ªderes territoriales asesinados o desaparecidos: tras el crimen, es decir, tras el delito profesional, sobreviene la catarata de delitos del sistema. Ahora bien, ?cu¨¢les son estos delitos? Aquellos que se cometen para encubrir, garantizar la impunidad, asegurar la discrecionalidad, perpetuar el abuso de poder, las solidaridades criminales, la defensa del buen nombre de los cuerpos de seguridad y de justicia, la pureza de los Gobiernos y la idea de que el Estado es intocable.
Por esto, aseverar: fue el Estado, en nuestra realidad no es ni ser¨¢ nunca una frase pronunciada al vuelo. Por el contrario, se trata de la sentencia misma de nuestra ¨¦poca. Y es que los engranes fundamentales del mecanismo que perpet¨²a el delito profesional, la piedra de toque que convierte en horror la normalidad y que transforma en moneda de cambio lo que debiera ser mero accidente, permitiendo el castigo sin legitimidad ni legalidad, es la falta de penas para los culpables, para los culpables de delinquir pero tambi¨¦n de corromper el sistema.
De ah¨ª que no baste, por ejemplo, con que el Estado le pida disculpas a Lydia Cacho y a todos aquellos que hayan sufrido tanto y como ella. La obligaci¨®n del Estado y de los Gobiernos es romper la maquinaria que los ha desfigurado. Y deben empezar por castigar a los culpables de los cr¨ªmenes profesionales que, en su actuar, atentaron contra todo y contra todos. Los dinamitadores del contrato social deben ser juzgados, desde Mario Mar¨ªn hasta Emilio Lozoya. Y es que en tanto los delincuentes profesionales permanezcan libres, el otro fin de sus delitos: la vacuidad del ciudadano, la nulidad de la persona, la desaparici¨®n del individuo seguir¨¢ rigiendo la pol¨ªtica y la vida diaria en M¨¦xico. Y el sufrimiento concreto de una periodista, de la madre de un estudiante o del esposo de una ambientalista seguir¨¢ siendo la mayor de nuestras tragedias.
Lo que le sucedi¨® a Lydia Cacho tambi¨¦n les sucedi¨® a miles de mexicanos durante los ¨²ltimos a?os. ?Por qu¨¦? Porque permitimos que los delincuentes profesionales impusieran un Estado bandido y porque dejamos que las v¨ªctimas fueran despersonalizadas.
Es un asunto trasl¨²cido: en M¨¦xico, la despersonalizaci¨®n de algo tan concreto como el dolor de uno y la instauraci¨®n de un Estado al servicio de los criminales, convirti¨® al delito profesional en la manifestaci¨®n del mal objetivo.
Por eso, para salir del c¨ªrculo vicioso en el que hemos entrado hace tanto, hay que repetirlo: fue el Estado. En los casos de Lydia Cacho, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, el Gato F¨¦lix, No¨¦ Jim¨¦nez.
Fue el Estado. Y si queremos que las cosas cambien, si queremos dejar de vivir al interior de una maquinaria al servicio del delito profesional, hay que exigir mucho m¨¢s que disculpas.
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