El jefe del Ej¨¦rcito de Colombia dirigi¨® una brigada acusada de matar a civiles

El comandante en jefe del Ej¨¦rcito de Colombia, Nicacio de Jes¨²s Mart¨ªnez Espinel, estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada se?alada por la Fiscal¨ªa por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos caribe?os de La Guajira y del Cesar. Al menos 23 casos se remontan a la mencionada etapa, cuando el general era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. Los documentos proporcionados a EL PA?S por fuentes cercanas a las indagaciones de los llamados falsos positivos ¡ªasesinatos de civiles perpetrados por militares durante el conflicto armado y presentados despu¨¦s como guerrilleros de las FARC¡ª describen episodios ya juzgados, algunos de ellos con sentencia firme, que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Mart¨ªnez asegura haberse dedicado a tareas administrativas.

El Senado tiene previsto avalar este mi¨¦rcoles el ascenso de Mart¨ªnez Espinel, tras haber sido nombrado al frente del Ej¨¦rcito el pasado diciembre por el presidente Iv¨¢n Duque, como general de cuatro soles, la m¨¢xima distinci¨®n militar en el pa¨ªs andino. A las informaciones publicadas en mayo por The New York Times, que inform¨® sobre nuevas directrices del Ej¨¦rcito para presionar a sus miembros para mejorar los resultados de las operaciones ¡ªlo que ha causado inquietud entre algunos oficiales por el incremento del riesgo de bajas civiles¡ª se suman ahora dudas sobre su labor de control en calidad de segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la brigada. La Procuradur¨ªa (organismo que fiscaliza la funci¨®n p¨²blica) abri¨® la semana pasada una investigaci¨®n para determinar si las ¨²ltimas decisiones del general han puesto en riesgo a la poblaci¨®n civil.

Seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso este diario, la D¨¦cima Brigada Blindada que dirigi¨® el militar fue se?alada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett (2012-2016) como ¡°uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales¡±. Los casos reportados en 2005 ¡ªdurante la presidencia de ?lvaro Uribe (2002-2010)¡ª involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusaci¨®n de una masacre de ind¨ªgenas y un episodio de violencia sexual. El primero se dio el 21 de febrero de ese a?o. Los soldados del batall¨®n La Popa, seg¨²n una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.

El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batall¨®n asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que ¡°luego fue presentado como muerto en combate¡±. Doce a?os despu¨¦s, en 2017, un fiscal de la Direcci¨®n Nacional de Derechos Humanos reabri¨® el caso y orden¨® la detenci¨®n de los responsables, que entonces ya hab¨ªan dejado el Ej¨¦rcito.

El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, seg¨²n la acusaci¨®n, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Mart¨ªnez Caviedes, un menor con discapacidad mental. El modus operandi no cambi¨®. Tambi¨¦n en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 a?os. Unas semanas antes se hab¨ªa producido otro asesinato de caracter¨ªsticas similares en el mismo municipio de La Paz.

¡°La ma?ana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, ¨¢rea rural de San Diego (Cesar)¡±, se lee en otra resoluci¨®n judicial, ¡°fueron abatidos por miembros del pelot¨®n Bombarda 3 del Batall¨®n de Artiller¨ªa N¨²mero 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (...) los se?ores Iv¨¢n de Jes¨²s Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo P¨¦rez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla¡±. Todos eran del departamento del Atl¨¢ntico, ¡°de donde hab¨ªan salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar¡±. Tras su muerte, la Fiscal¨ªa concluy¨® que ¡°la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no ten¨ªa ninguna justificaci¨®n real, es decir, no hab¨ªa sustento il¨ªcito¡±.

"Sin sanciones ni impedimentos"

Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno y el equipo de Mart¨ªnez Espinel, que de momento han declinado pronunciarse personalmente. El cuerpo recuerda, a trav¨¦s de un comunicado, que "el comandante del Ej¨¦rcito no tiene investigaci¨®n, sanci¨®n o impedimento alguno por parte de Fiscal¨ªa, Procuradur¨ªa, Justicia Penal Militar ni Justicia Especial para la Paz por temas relacionados con derechos humanos que le impida ejercer cargos p¨²blicos".

El debate sobre su ascenso ha provocado una tormenta pol¨ªtica en Colombia y a esa posibilidad se oponen varias organizaciones no gubernamentales. El general, que siempre ha defendido su respeto a los derechos humanos y que en la ¨¦poca se?alada ten¨ªa funciones eminentemente administrativas, no tuvo seg¨²n estos documentos v¨ªnculo en ninguna operaci¨®n se?alada. Sin embargo, todos ocurrieron cuando era segundo comandante. "Siempre he estado, estoy y estar¨¦ atento a cualquier llamado de las autoridades", manifiesta el militar.

Los documentos proporcionados a este peri¨®dico tambi¨¦n muestran que el 5 de agosto de 2005 el actual jefe del Ej¨¦rcito firm¨® una orden de recompensa de un mill¨®n de pesos (unos 260 euros actuales) para obtener informaci¨®n que arroj¨® "excelentes resultados operacionales y proceder as¨ª contra supuestos guerrilleros". Tambi¨¦n suscribi¨® la orden de entrega el entonces teniente coronel a cargo del batall¨®n La Popa, que hoy es jefe de Estado Mayor de Planeaci¨®n y Pol¨ªticas. Tras obtener esa informaci¨®n, fueron ¡°dados de baja¡± dos supuestos miembros de las FARC y otro fue capturado. Los documentos del caso se?alan que ¡°existen serias dudas sobre si los hechos materia de investigaci¨®n se generaron con ocasi¨®n del servicio activo¡± de los militares involucrados.

Adem¨¢s, el 21 de enero de 2006, dos d¨ªas antes de que Mart¨ªnez Espinel dejara el cargo al frente de la D¨¦cima Brigada, soldados de los Grupos de Acci¨®n Unificada por la Libertad Personal de ese destacamento asesinaron, seg¨²n la acusaci¨®n, a los ind¨ªgenas Javier Pushaina, Luis ?ngel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ram¨ªrez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Mois¨¦s Pushaina Pushaina; y agredieron f¨ªsica y sexualmente a Irene L¨®pez Pushaina y a Ligia Cambar Ram¨ªrez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.?

El Estado colombiano expuso durante ese tr¨¢mite, que se realiz¨® en 2014, ¡°su pol¨ªtica de cero tolerancia con las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza p¨²blica y su marco normativo para prevenir, garantizar la no repetici¨®n y sancionar las privaciones arbitrarias de la vida y las muertes de personas protegidas, as¨ª como el marco de reparaci¨®n integral¡±.