Un sector cocalero boliviano agudiza su choque con Evo Morales

Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del pa¨ªs desde hace seis d¨ªas. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la polic¨ªa en diversas ocasiones, pero reaparecen horas despu¨¦s de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organizaci¨®n sindical tradicional de la regi¨®n, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes.

El conflicto entre los campesinos de la coca de los Yungas y el Gobierno liderado por Evo Morales, que tambi¨¦n fue cocalero y que contin¨²a dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra regi¨®n, el Chapare, es relativamente reciente. Durante muchos a?os todos los cocaleros del pa¨ªs apoyaron a Morales, un consenso que se acab¨® con la aprobaci¨®n, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca. La norma fij¨® la extensi¨®n que pueden cultivarse legalmente en Bolivia, que es de 22.000 hect¨¢reas, entre los Yungas y el Chapare. Esa f¨®rmula cambi¨® la normativa anterior, que prohib¨ªa cualquier plantaci¨®n de arbustos de coca fuera de los Yungas, considerada la ¡°zona tradicional¡± para el ¡°acullicu¡±?(masticado), una costumbre ancestral de los pobladores de los Andes. Como est¨¢ regulada, la coca tiene un precio relativamente alto y se ha convertido en el principal cultivo de ambas zonas productoras.

Desde entonces, los cocaleros de los Yungas se convirtieron en el ¨²nico movimiento sindical opositor al presidente Evo Morales y han protagonizado varios choques con su Gobierno. En respuesta, este trat¨®, primero, de promover el cambio interno en su organizaci¨®n, la Asociaci¨®n de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), y luego foment¨® la organizaci¨®n disidente de otros grupos de campesinos, en una estrategia que los afectados califican como ¡°paralelismo sindical¡±. Una ¨²ltima acci¨®n gubernamental fue la creaci¨®n de un nuevo mercado de coca en la ciudad de La Paz, paralelo al mercado oficial que por ley debe administrar Adepcoca, y en el que est¨¢n vedados los campesinos oficialistas.

La posibilidad de perder el control de la distribuci¨®n de la hoja, que constituye su principal medio de vida, llev¨® a Adepcoca a organizar los bloqueos de caminos que hoy el Gobierno procura despejar sin ¨¦xito. La Asamblea de Derechos Humanos, considerada opositora, denunci¨® un uso excesivo de la fuerza en contra de los grupos que ahora se movilizan con los mismos m¨¦todos que en su tiempo usara Evo Morales para defender la coca del Chapare de las pol¨ªticas de erradicaci¨®n de los gobiernos ¡°neoliberales¡± de los a?os noventa.

La divisi¨®n de los cocaleros de los Yungas en dos facciones, una leal al sindicato tradicional y otra, oficialista, deriv¨® en las ¨²ltimas semanas en un enfrentamiento interno grav¨ªsimo. Dos personas fueron asesinadas; varias, detenidas y los dirigentes de Adepcoca se han declarado perseguidos y en la ¡°clandestinidad¡±. Las autoridades dicen que los buscan por su vinculaci¨®n con el asesinato de un dirigente progubernamental. Al mismo tiempo, fueron detenidos tres cocaleros contrarios a Adepcoca, que son acusados de matar a un joven miembro del grupo de choque de esta organizaci¨®n.

Otra fuente del conflicto es la pol¨ªtica de destrucci¨®n de plantaciones de coca que ejecutan fuerzas policiales y militares en La Asunta, una zona de los Yungas que no est¨¢ autorizada para producir coca. Los cocaleros denuncian que esta tarea no tiene justificaci¨®n t¨¦cnica y ¨²nicamente busca debilitar el liderazgo de Adepcoca. La intermitente resistencia de los campesinos a la erradicaci¨®n en La Asunta caus¨® la muerte de un polic¨ªa en agosto de 2018. Inmediatamente despu¨¦s fue detenido el l¨ªder hist¨®rico de Adepcoca, Franklin Guti¨¦rrez, quien se halla en prisi¨®n desde entonces, acusado de ser el ¡°autor intelectual¡± del asesinato del polic¨ªa. La situaci¨®n legal de Guti¨¦rrez es otro de los factores que explican la conflictividad actual.