Civiles implicados en el conflicto armado en Colombia piden acogerse al tribunal de paz

La alianza de las ¨¦lites pol¨ªticas locales y de empresarios con grupos armados es uno de los cap¨ªtulos m¨¢s complejos y ocultos del conflicto armado en Colombia. No solo exguerrilleros, paramilitares y fuerza p¨²blica tuvieron un papel en la guerra de medio siglo; tambi¨¦n funcionarios p¨²blicos (no militares), industriales y otros civiles, participaron a diferentes niveles. Por eso, no sorprende que a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado tras los acuerdos de paz de La Habana, hayan llegado 609 solicitudes de particulares que piden ser admitidos para contar su versi¨®n a cambio de reducci¨®n y beneficios judiciales.

Este viernes se vence el plazo para que estas personas pidan ingreso a la JEP y ya este tribunal acept¨® el sometimiento de 57 de funcionarios, entre los cuales hay exsenadores, exalcaldes y tambi¨¦n empresarios que tienen investigaciones abiertas en la justicia ordinaria pero quieren acceder a una sanci¨®n menor. Los magistrados estudian, adem¨¢s, la solicitud de 379 terceros y de 103 funcionarios p¨²blicos, uno de ellos, un exministro. Para ser aceptados, todos debe presentar un plan de verdad y comprometerse a aportar pruebas e informaci¨®n que esclarezca casos relacionados con el conflicto.

La presencia de civiles en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y no Repetici¨®n ha causado pol¨¦mica desde las negociaciones del acuerdo de paz. Y hay quienes opinan que los ataques a la JEP obedecen al temor de las verdades que salgan de esas versiones. En su momento, desde La Habana, los excomandantes de las FARC argumentaban que los civiles que apoyaron el conflicto armado deb¨ªan presentarse obligatoriamente. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determin¨® que la presentaci¨®n de los civiles ante la JEP es voluntaria.

De esa forma, a cambio de informaci¨®n judicial que supere la ¡°que haya sido probada en la justicia ordinaria¡±, los funcionarios p¨²blicos que no tengan condenas en firme, pueden obtener libertad condicionada y una sanci¨®n de entre 2 a 8 a?os de restricci¨®n de la libertad en un establecimiento no carcelario. El caso del excongresista barranquillero David Char es uno de los emblem¨¢ticos. En mayo de 2018 solicit¨® su ingreso a la JEP y entreg¨® un documento donde se compromete a dar informaci¨®n puntual sobre el paramilitarismo en la costa Atl¨¢ntica; as¨ª como la forma en que va a reparar a las v¨ªctimas. En julio de 2019 el Tribunal de Paz le dio la libertad condicional y su audiencia comienza en dos semanas.

Otro que llama la atenci¨®n es del tambi¨¦n exsenador, ?lvaro Ashton, que es juzgado por parapol¨ªtica, como se conoce en Colombia a los v¨ªnculos entre paramilitares y pol¨ªticos. Adem¨¢s de ofrecer informaci¨®n sobre las relaciones con los paramilitares, se comprometi¨® a hablar de un caso de corrupci¨®n del llamado ¡®Cartel de la Toga¡¯, que involucra a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tras varios rechazos, la JEP le exigi¨® informaci¨®n m¨¢s concreta y ¨¦l prometi¨® hablar de reuniones y hechos concretos en ambos casos.

Del lado de los empresarios, el tribunal de paz estudia solicitudes como la de H¨¦ctor Julio Alfonso L¨®pez, hijo de la empresaria de apuesta, alias La Gata; y de industriales que quieren aclarar casos de despojo de tierras en Urab¨¢, en el noroccidente del pa¨ªs. De acuerdo con una investigaci¨®n del Centro de Estudios DeJusticia, ¡°en Colombia, el sector empresarial no puede ser entendido como un actor monol¨ªtico en el conflicto¡±. Su investigaci¨®n, que compar¨® casos en varios pa¨ªses, asegura que hubo distintos grados de complicidad de empresas locales pero tambi¨¦n multinacionales.

Para la JEP, el sometimiento de los militares ante el tribunal gener¨® confianza en los empresarios y funcionarios p¨²blicos que hasta ¨²ltimo minuto enviaron sus solicitudes. Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Paz aseguran que no se trata de un proceso sencillo: ¡°si alguien viene buscando su libertad inmediata, este no es el lugar¡±, explicaron a EL PA?S y agregaron que ¡°quienes entran a la JEP no pueden regresar a la justicia ordinaria, realmente tienen que aportar informaci¨®n que ser¨¢ contrastada¡± por lo cual el compromiso debe ser concreto.

A los casos de civiles y funcionarios p¨²blicos se suma la petici¨®n de 300 ex paramilitares que quieren confesar en el Tribunal de Paz. Pero estos antiguos combatientes, que se desarmaron en el proceso de paz liderado por el expresidente ?lvaro Uribe, son juzgados en otra instancia llamada Justicia y Paz y algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos. Uno de los m¨¢s conocidos es Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas, quien culmina su condena en 2020. A trav¨¦s de una teleconferencia con congresistas, dijo que quiere aportar informaci¨®n sobre los v¨ªnculos del poder pol¨ªtico y el grupo armado que dirigi¨®. La JEP no ha aceptado a ning¨²n paramilitar, pero abri¨® una puerta para estudiar algunas excepciones, sobre todo si los aportes conducen a informaci¨®n que aporte verdad o el hallazgo de desaparecidos.?