Nada cambia en la f¨¢brica de esclavos de Ecuador

El radar de la Defensor¨ªa del Pueblo detect¨® hace casi un a?o un caso de esclavitud moderna en Ecuador, en una hacienda de cultivo y extracci¨®n de fibra de abac¨¢. Las penurias de los agricultores de Fukurawa, que trabajan la tierra por una remuneraci¨®n m¨ªnima y viven en condiciones infrahumanas dentro de la plantaci¨®n trascendi¨® a las autoridades. La Defensor¨ªa del Pueblo inst¨®, entonces, a 10 carteras de Estado a atender a los ciudadanos explotados, a sancionar y atajar el abuso de la empresa y a garantizar el acceso a servicios b¨¢sicos de los 200 agricultores.

¡°No existen para el Estado¡±, reprocha Patricia Carri¨®n, abogada de la Comisi¨®n Ecum¨¦nica de Derechos Humanos. No se ha realizado un censo de cu¨¢ntos afectados hay. De ah¨ª parte el descontrol. ¡°En realidad no se ha solucionado nada. Al contrario, ha habido una complicidad del Estado para dar por terminado el caso¡±, denuncia.

A la espera de un segundo informe de seguimiento, el 5 de abril quedaba plasmado en un extenso documento que la Defensor¨ªa del Pueblo hab¨ªa recetado recomendaciones a los ministerios de Trabajo, Agricultura, Salud, Educaci¨®n, Inclusi¨®n Social, Secretar¨ªa de la Pol¨ªtica y a la Fiscal¨ªa, Superintendencia de Compa?¨ªas, Servicios de Rentas Internas y Registro Civil. El nivel de implicaci¨®n fue tan escaso que invoc¨® el art¨ªculo 11.9 de la Constituci¨®n ecuatoriana, que habla de la responsabilidad del Estado por la falta o deficiente ejecuci¨®n de funciones. La Defensor¨ªa concluy¨® que las instituciones p¨²blicas ¡°son responsables por las vulneraciones a derechos humanos que sigan ocurriendo en las haciendas de la empresa Furukawa¡±.

Hubo dos intentos de negociaci¨®n desde febrero. Primero con mediaci¨®n de la Secretar¨ªa de Pol¨ªtica y, despu¨¦s, del ministerio de Trabajo. Fueron ¡°fallidos¡±. A juicio de la abogada, se trat¨® de meros gestos para acabar con el problema y no para aliviar la situaci¨®n de los afectados. ¡°La Secretar¨ªa de Pol¨ªtica llam¨® a la empresa y a los trabajadores y les sent¨® en una mesa para que la compa?¨ªa ofreciera compensaciones y el caso se cerrase. Sin que presentasen ninguna acci¨®n legal. No se lleg¨® a un acuerdo. Primero, ofrecieron dinero y luego, tierras¡±. Pero, dice la defensora, ninguna de las ofertas cumpl¨ªa con las pretensiones de los afectados.

En una segunda cita, las reuniones se convocaron con cada trabajador uno por uno. ¡°Ofrecieron compensaciones, una figura que no est¨¢ contemplada en el C¨®digo Laboral, y las calcularon al ojo, sin ning¨²n tipo de tabla o claridad¡±. Tampoco cuaj¨®. Es lo que detalla la abogada de los trabajadores. Pero el presidente de Furukawa, Hugo Chalem, habla por primera vez sobre el caso para EL PA?S y matiza esa percepci¨®n de fracaso. Seg¨²n su relato, s¨ª se alcanz¨® un acuerdo con la mayor¨ªa de los trabajadores. Asegura Chalem que solo un grupo se qued¨® al margen y que no son siquiera trabajadores, sino invasores de esas tierras con antecedentes delictivos.

El presidente de Furukawa reprocha que se haya armado ¡°una pel¨ªcula de terror¡± del asunto y cree que hay un ¡°complot¡± detr¨¢s de todo. Punto por punto, desmiente las acusaciones de explotaci¨®n, con un argumento de base: las penurias de los explotados no son achacables a la compa?¨ªa, pues Furukawa arrendaba sus tierras desde 2010 y esos arrendatarios son los que abusaban de sus colaboradores. ¡°Es un contrato de arrendamiento de predios r¨²sticos, algo que permite la ley. Nosotros alquilamos la plantaci¨®n y ellos nos venden la producci¨®n¡±, explica. As¨ª funcionaba la hacienda de 2.000 hect¨¢reas, desde que Ecuador prohibi¨® la terciarizaci¨®n de trabajadores.

Sin embargo, Chalem no niega que los afectados hayan estado trabajando por sueldos irrisorios o que hayan pernoctado en campamentos sin servicios b¨¢sicos. Pero desplaza la responsabilidad a los arrendatarios de las tierras: ¡°Nosotros pag¨¢bamos cada tonelada de fibra por unos 1.500 d¨®lares y cada hect¨¢rea puede producir dos toneladas de fibra al a?o. Pod¨ªamos llegar a entregar casi 250.000 d¨®lares a cada arrendatario¡±, aduce, acusando a estos responsables de quedarse con la mayor parte del pago en lugar de repartirlo con quienes trabajaban las tierras. Adem¨¢s, defiende que construyeron viviendas con todas las ¡°comodidades de ley¡±.

¡ªSi conoc¨ªan el abuso laboral y que hab¨ªa agricultores viviendo en barracas, ?por qu¨¦ no intervinieron?

¡ªPorque no pod¨ªamos entrar a las tierras. Estaban alquiladas con un contrato ante notario¡ª, responde el directivo.

Coincidiendo con la primera inspecci¨®n de la Defensor¨ªa del Pueblo en octubre pasado, Furukawa tom¨® la decisi¨®n de liquidar esos alquileres y cambiar la modalidad de trabajo. Si antes hab¨ªa 18 arrendatarios y unos 12 empleados por cada uno, ahora la compa?¨ªa tiene 270 trabajadores en campo. Le sal¨ªa m¨¢s rentable y productivo meter en plantilla a los coordinadores y a los agricultores que alquilar sus tierras. Ese cambio, asegura Chalem, es lo que motiv¨® la protesta: ¡°Como iban a perder todos sus privilegios, los arrendatarios montaron esta pel¨ªcula de terror¡±. Tras dos meses de suspensi¨®n de actividad, Furukawa recibi¨® el permiso de reapertura. El caso sigue abierto en la Defensor¨ªa, a falta de un informe final, y, entre tanto, un juez ha otorgado medidas de protecci¨®n a 103 trabajadores para impedir que sean perseguidos o intimidados.