Bolivia no logra cerrar las heridas de su crisis pol¨ªtica

Bolivia se encamina a unas nuevas elecciones y comienza un nuevo ciclo pol¨ªtico, pero tiene dificultades para cerrar las heridas producidas por la crisis pol¨ªtica de los ¨²ltimos dos meses. La presidenta interina, Jeanine ??ez, aprob¨® un decreto para indemnizar con algo m¨¢s de 7.000 d¨®lares a cada una de las 29 familias que, seg¨²n reconoce su Gobierno, perdieron a alguno de sus miembros a causa de la violencia que sufri¨® el pa¨ªs despu¨¦s de la renuncia del expresidente Evo Morales, el pasado 10 de noviembre. Las v¨ªctimas han rechazado este beneficio porque su aceptaci¨®n les hubiera impedido demandar al Ejecutivo de ??ez ante tribunales internacionales y porque quieren una pensi¨®n vitalicia, inclusive para quienes resultaron heridos, seg¨²n alegan, por las fuerzas militares.

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El Gobierno, que insiste en compensar a las familias una sola vez, no acepta que los 29 muertos y las decenas de heridos de bala que se registraron hayan sido causados por los efectivos de las Fuerzas Armadas. La investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa sobre el asunto no ha mostrado ning¨²n avance. El relator para Bolivia de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, pidi¨® una investigaci¨®n externa de lo sucedido, porque no existen condiciones para que las instituciones bolivianas cumplan su papel con imparcialidad.

Simult¨¢neamente, el grupo parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS), que es mayoritario, est¨¢ tramitando una ¡°ley de garant¨ªas¡± que deber¨ªa obligar al Gobierno a entregar indemnizaciones a deudos y a heridos, a ofrecer salvoconductos de salida a los exministros de la Administraci¨®n anterior que se encuentran en la Embajada de M¨¦xico en La Paz y a enjuiciar a Morales por medio de los procedimientos especiales reservados para los exdignatarios. ??ez ha llamado ¡°ley de la impunidad¡± a la iniciativa y ha anticipado que la vetar¨¢. Seg¨²n la legislaci¨®n boliviana, el veto del Ejecutivo devuelve la ley al Parlamento, pero no impide que el Congreso, si lo considera necesario, pueda promulgarlo por su cuenta. Ante esa posibilidad, el gabinete planea acudir al Tribunal Constitucional, que est¨¢ alineado con el nuevo orden, para que declare la ley como inconstitucional, pese a que, seg¨²n algunos voceros oficialistas, la medida solo repite las garant¨ªas ya concedidas por la Constituci¨®n y, por tanto, es ¡°innecesaria¡±.

El Gobierno de ??ez piensa que Morales cometi¨® los delitos de ¡°terrorismo y sedici¨®n¡± al organizar un bloqueo de caminos que buscaba impedir que entraran alimentos a las ciudades. Las autoridades creen que, puesto que hizo esto despu¨¦s de haber renunciado a su investidura, no le corresponden los privilegios legales que benefician a los presidentes cuando se los procesa por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Al mismo tiempo, la prensa oficialista ha anticipado que el Gobierno no entregar¨¢ salvoconductos de viaje a los exministros masistas que est¨¢n viviendo en la Embajada de M¨¦xico, con lo que se repetir¨¢ lo que la anterior Administraci¨®n le hizo a un senador opositor asilado en la Embajada del Brasil, que debi¨® quedarse un a?o encerrado all¨ª para despu¨¦s huir clandestinamente del pa¨ªs.

Los exministros de Morales que se encuentran en esta situaci¨®n son los de Gobierno, Presidencia, Justicia y Cultura; la mayor¨ªa de ellos est¨¢n procesados por distintas razones. En cambio, el exministro de Econom¨ªa, Luis Arce, pudo abandonar Bolivia y refugiarse en M¨¦xico. Hasta ese momento, Arce era considerado uno de los posibles candidatos del MAS para las pr¨®ximas elecciones, en las que no pueden participar ni Morales ni el exvicepresidente ?lvaro Garc¨ªa Linera.

Otra persona que sali¨® del pa¨ªs fue Sergio Mart¨ªnez, el asesor del Tribunal Electoral que, se sospecha, realiz¨® el supuesto fraude electoral que desat¨® la crisis boliviana. Mart¨ªnez escap¨® a Per¨², probablemente rumbo a M¨¦xico, un par de d¨ªas antes de que la Organizaci¨®n de Estados Americanos presentara su informe final sobre las elecciones del 20 de octubre pasado, en el que se afirma que un ¡°asesor¡± ¨Cposteriormente identificado como Mart¨ªnez¨C hizo crear y oper¨® una entrada irregular al sistema inform¨¢tico de c¨®mputo de los votos. Otra persona que se encuentra en la mira por esta misma raz¨®n es el due?o de la empresa inform¨¢tica que prest¨® servicios en los comicios, quien presuntamente habilit¨® actas que hab¨ªan sido previamente anuladas, lo que increment¨® la votaci¨®n a favor del MAS. La mayor¨ªa de los directivos del Tribunal se encuentran en prisi¨®n.

La tramitaci¨®n de la ¡°ley de garant¨ªas¡± muestra que el MAS comienza a reponerse, aunque con dificultades por la fuerte divisi¨®n entre facciones que buscan un retorno a los or¨ªgenes del partido, es decir, a su condici¨®n de ¡°instrumento pol¨ªtico¡± de los sindicatos campesinos, y facciones que quieren ajustar cuentas con la capa superior del partido, a la que responsabilizan de la derrota. Sin embargo, los diferentes grupos siguen considerando a Evo su m¨¢ximo l¨ªder.

Tambi¨¦n los dirigentes de los comit¨¦s c¨ªvicos, responsables de la revuelta contra el expresidente, se han dividido. Luis Fernando Camacho, c¨ªvico de Santa Cruz, postular¨¢ a la presidencia en las pr¨®ximas elecciones por separado y sin Marco Pumari, c¨ªvico de Potos¨ª, que tambi¨¦n aspira al mismo cargo.