La justicia ecuatoriana condena a Rafael Correa a ocho a?os de c¨¢rcel y a 25 de inhabilitaci¨®n

El regreso de Rafael Correa a la primera l¨ªnea de la pol¨ªtica de Ecuador se complic¨® este martes al ser condenado como l¨ªder de una red de sobornos. La Corte Nacional, m¨¢ximo tribunal de justicia ordinaria del pa¨ªs, ha sentenciado al expresidente y todos los miembros de su Gobierno procesados a ocho a?os de c¨¢rcel y otros 25 de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos por un delito de cohecho agravado. Seg¨²n la decisi¨®n judicial, qued¨® probado que el exmandatario obten¨ªa recursos de empresas privadas para la campa?a del partido con el que gobern¨® durante una d¨¦cada, Alianza Pa¨ªs, con presiones a cambio de ofrecerles contratos con el Estado.

Correa, que reside en B¨¦lgica, estuvo pendiente a trav¨¦s de las redes sociales de la decisi¨®n judicial que se da en Ecuador en medio de una cruda crisis sanitaria por el coronavirus. La audiencia se celebr¨® en parte de manera presencial, y en parte virtual, con los abogados de los representados en otras salas dentro del mismo edificio para evitar la confluencia de muchas personas en un solo lugar y el riesgo de contagio.

El expresidente ya se hab¨ªa mostrado resignado desde el inicio a un resultado desfavorable: "Esto era lo que buscaban: manejando la justicia, lograr lo que nunca pudieron en las urnas¡±, public¨® en su perfil de Twitter. Su defensa dijo que apelar¨¢ la sentencia y anunci¨® que acudir¨¢ a sedes internacionales para cuestionar la resoluci¨®n, a la que calific¨® de ¡°mamarrachada¡±. Reconoci¨®, no obstante, que esa v¨ªa ¡°toma tiempo¡±.

Ya en febrero, cuando se iniciaba el juicio del llamado Caso Sobornos 2012-2016 con el exjefe de Estado procesado en ausencia, ¨¦l mismo adelant¨® al canal ruso RT que recurrir¨ªa a la segunda instancia y a todos los recursos. El tiempo corr¨ªa a su favor, seg¨²n dijo, ya que no habr¨ªa sentencia firme antes de que se abriera el proceso para inscribir las candidaturas a las pr¨®ximas elecciones presidenciales de 2021, comicios a los que no descartaba concurrir como ¡®n¨²mero dos¡¯ de otra figura de su confianza, emulando a la argentina Cristina Fern¨¢ndez. Antes de que Ecuador entrara en emergencia sanitaria y en estado de excepci¨®n por la Covid-19, ese plazo electoral estaba previsto para septiembre u octubre.

Adem¨¢s del expresidente, otros 17 acusados recibieron la misma condena de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n pol¨ªtica por su participaci¨®n en la trama de irregularidades, entre ellos, su exvicepresidente Jorge Glas, que ya cumple condena en prisi¨®n de seis a?os por el caso Odebrecht. Adem¨¢s, est¨¢ su exsecretario jur¨ªdico de Presidencia, Alexis Mera, y sus exministros Mar¨ªa de los ?ngeles Duarte, Walter Sol¨ªs y Vinicio Alvarado, y los exasamble¨ªstas Viviana Bonilla y Christian Viteri. Del total de los sentenciados, 10 son empresarios. La constructora brasile?a, que hab¨ªa sido implicada al inicio de la investigaci¨®n, finalmente no fue acusada por la Fiscal¨ªa.

Las dos principales acusadas y a la vez testigos, la exasesora de Presidencia Pamela Mart¨ªnez y la exasistente Laura Ter¨¢n, han recibido una pena mucho menor por colaborar con la justicia aportando pruebas sobre la trama de sobornos. La primera fue condenada a tres a?os y dos meses de c¨¢rcel y la segunda, a un a?o y siete meses. Entre las dos llevaban anotaciones y un registro de los pagos recibidos y las formas de canalizar el dinero, en efectivo o en cruce de facturas con los contratistas p¨²blicos a cambio de servicios que no se prestaban o que resultaban inflados.

Despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa iniciase la investigaci¨®n en abril del 2019 tras una publicaci¨®n period¨ªstica del portal MilHojas en la que se expon¨ªan los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados, la cooperaci¨®n penal con las dos acusadas permiti¨® encontrar un cuaderno y acceder a varios correos electr¨®nicos y archivos donde constaban los intercambios de dinero.

Seg¨²n el Ministerio Fiscal, la trama de aportaciones econ¨®micas irregulares de campa?a se extendi¨® desde 2012 a 2016 y se movieron m¨¢s de siete millones de d¨®lares (unos 6,5 millones de euros). La Procuradur¨ªa General del Estado, que tambi¨¦n actu¨® como acusaci¨®n, cifr¨® el perjuicio al pa¨ªs en 21 millones de d¨®lares (19 millones de euros).

Adem¨¢s de la sentencia a prisi¨®n y la inhabilitaci¨®n pol¨ªtica, los jueces de la Corte Nacional han impuesto, como parte de la reparaci¨®n al Estado por el perjuicio causado, la colocaci¨®n en Presidencia de una placa apelando a la honradez en el manejo de recursos p¨²blicos, la orden de pedir disculpas p¨²blicas y la asistencia obligatoria de los condenados a un curso de 300 horas sobre ¨¦tica y transparencia en la Administraci¨®n P¨²blica.