El Instituto que vela por el acuerdo de paz en Colombia insta a hacerla realidad en el campo

El acuerdo de paz de Colombia, arduamente negociado, no solo buscaba desarmar a la extinta guerrilla de las FARC, hoy convertida en un partido pol¨ªtico con bancada en el Congreso. Tambi¨¦n aspira a transformar los territorios m¨¢s golpeados por la guerra y cerrar las brechas hist¨®ricas entre el campo y las ciudades. La implementaci¨®n se encuentra en un punto crucial. El pa¨ªs debe avanzar a una nueva fase con un mayor enfoque territorial, especialmente all¨ª donde la presencia del Estado ha sido precaria, se?ala el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, encargado de hacer seguimiento a lo pactado, en lo que califica como ¡°un gran reto necesario para la construcci¨®n de una paz estable y duradera¡±.

El cuarto informe del Instituto vinculado a la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, a grandes rasgos el tercer a?o transcurrido desde la firma de los acuerdos en el Teatro Col¨®n de Bogot¨¢. En los dos primeros, la implementaci¨®n se concentr¨® en el desarme ¨C¡°dejaci¨®n de armas¡±, en la jerga de los acuerdos¨C y la creaci¨®n de la arquitectura institucional necesaria. El a?o pasado, entr¨® en una etapa con ¨¦nfasis territorial y se pusieron en marcha las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y No Repetici¨®n. El sistema ¨Cy la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz en particular¨C ha sido blanco constante de ataques de los cr¨ªticos de la negociaci¨®n, pero ha contado con un s¨®lido respaldo de la comunidad internacional. En ese periodo, el avance general de la implementaci¨®n fue del 6%, una cifra menor que en a?os anteriores.

¡°Con los compromisos de corto plazo finalizados en su mayor¨ªa, en el 2019 la din¨¢mica de la implementaci¨®n transit¨® hacia disposiciones de mediano y largo plazo que se enfocan especialmente en los territorios m¨¢s afectados¡±, advierte el documento, un an¨¢lisis cuantitativo y cualitativo de los 578 compromisos contemplados en los acuerdos. ¡°Esta nueva fase requiere de mayor coordinaci¨®n interinstitucional y un intenso despliegue a nivel local. Por ello, necesita m¨¢s tiempo para completarse¡±. Esta etapa le corresponde al Gobierno de Iv¨¢n Duque, quien result¨® elegido con el apoyo de los sectores que se opusieron a los di¨¢logos de La Habana pero ha manifestado que se propone cumplir lo pactado por su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018).

El riesgo de que surjan grupos armados disidentes disminuye con una implementaci¨®n robusta y aumenta cuando esta es d¨¦bil, advierte el Instituto Kroc como parte de sus hallazgos al comparar m¨¢s de 30 experiencias de implementaci¨®n y de reconstrucci¨®n tras la firma de acuerdos en otros contextos internacionales. Dado que el acuerdo colombiano contiene una proporci¨®n mucho mayor de reformas sociales frente a los asuntos de seguridad, se estima que implementarlo puede tomar m¨¢s de una d¨¦cada, se?ala en otra de sus conclusiones. Tambi¨¦n apunta que el apoyo p¨²blico a los acuerdos de paz tiende a incrementarse con el tiempo, y que los partidos pol¨ªticos sufren costos electorales cuando se percibe una falta de compromiso con la implementaci¨®n.

Desde la perspectiva cuantitativa, el 25 % de las disposiciones se ha implementado completamente, un 15 % tiene un avance intermedio, otro 36 % est¨¢ en estado m¨ªnimo y el 24 % restante a¨²n no arranca. Los avances han sido significativamente menores en dos de los puntos del acuerdo, los que se refieren a la reforma rural integral y a la soluci¨®n al problema de las drogas il¨ªcitas, se?ala el balance. Garantizar los derechos de las v¨ªctimas, asegurar la reincorporaci¨®n a largo plazo de los excombatientes y reducir la brecha entre el campo y la ciudad deben ser algunas de las prioridades.

¡°La seguridad continua siendo la principal amenaza al proceso¡±, apunta Daniel Cano, coordinador pol¨ªtico del Instituto Kroc, al referirse al incesante asesinato tanto de l¨ªderes sociales y defensores de derechos humanos, como de excombatientes. De acuerdo con la ONU, los 77 homicidios ocurridos en 2019 lo convirtieron en el a?o m¨¢s mortal para los exguerrileros. Esos cr¨ªmenes no se han detenido ni siquiera con la irrupci¨®n de la pandemia del coronavirus.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n, el partido surgido de los acuerdos, ha denunciado con insistencia la falta de garant¨ªas para sus miembros y cifra en 200 los firmantes de la paz que han sido asesinados. ¡°Lo que est¨¢ sucediendo, ante nuestros ojos, adem¨¢s de la ret¨®rica estatal que niega la sistematicidad de los asesinatos, es el exterminio sistem¨¢tico de un grupo nacional sin que el Estado tome medidas¡±, aseguraba la semana pasada su presidente, Rodrigo Londo?o, Timochenko, en un encuentro virtual con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El Estado tampoco ha podido contener los asesinatos de l¨ªderes sociales, 49 entre enero y abril, lo que representa un incremento de 53 por ciento en los primeros cuatro meses de 2020, seg¨²n un reciente informe de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz. El peri¨®dico El Espectador se hizo eco de las primeras planas del brasile?o O Globo y el estadounidense The New York Times que mostraban los extensos listados de fallecidos por coronavirus, y el domingo public¨® 442 nombres de l¨ªderes sociales asesinados desde que se firm¨® la paz. Tuvo que desplegar cuatro p¨¢ginas bajo el titular ¡°No los olvidemos¡±.