El doble crimen de un juez y su esposa obliga a M¨¦xico a reconsiderar la protecci¨®n de los magistrados

Los 20 tiros que acabaron con la vida del juez mexicano Uriel Villegas y su esposa M¨®nica Barajas han tocado las fibras m¨¢s sensibles al interior de la judicatura. El doble crimen ocurrido el martes en el Estado de Colima ha obligado al poder judicial a debatir sobre la protecci¨®n de los magistrados federales. Villegas, de 42 a?os y con dos hijas menores de edad, renunci¨® en febrero de 2019 a sus seis escoltas y a una camioneta blindada a pesar de haber conocido casos penales de narcotr¨¢fico y delincuencia organizada. Tras su muerte, las autoridades se plantean si estas medidas de seguridad, ahora voluntarias, deben ser irrenunciables para los jueces de primera instancia.

El juez Villegas renunci¨® a su protecci¨®n ante la Secretar¨ªa Ejecutiva de Vigilancia del poder judicial. Esta le respondi¨® con una opini¨®n de riesgos que elabora la coordinaci¨®n de seguridad de la judicatura. La secretar¨ªa pidi¨® al togado ratificar su decisi¨®n y precisar que era ¡°bajo su m¨¢s estricta responsabilidad¡±.

Algunas versiones han especulado con que Villegas rechaz¨® su escolta porque deb¨ªa encargarse de algunos gastos de manutenci¨®n de los agentes adscritos a la Secretar¨ªa de Seguridad (tres guardias divididos en dos turnos de 24 horas) y del combustible de una camioneta ocho cilindros. Esto ha sido tajantemente negado a EL PA?S por dos altos cargos del poder judicial y del Consejo de la Judicatura.

El poder judicial resiste al vendaval de austeridad que ha sacudido al Gobierno mexicano. Los funcionarios judiciales son una excepci¨®n en la l¨®gica espartana impuesta por el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que calific¨® el asesinato de Villegas como ¡°crimen de Estado¡±. Un juez de distrito (primera instancia) tiene un salario mensual de 136.000 pesos (6.000 d¨®lares) y una prima de riesgo anual de 405.000 pesos (18.000 d¨®lares). A esto se a?ade una serie de prestaciones y prebendas que han sido erosionadas para los empleados del poder ejecutivo y legislativo.

El poder judicial paga la protecci¨®n de sus jueces y magistrados mediante una partida presupuestaria destinada para ello. En el presupuesto para 2020, el rubro de vigilancia tiene asignado 1.914 millones de pesos (84.6 millones de d¨®lares). El 40% de este gasto, unos 756,8 millones (33,4 millones de d¨®lares) se dedica a los servicios de vigilancia para jueces y magistrados. No se sabe cu¨¢nto de este gasto corresponde al pago de escoltas o de gasolina.

El an¨¢lisis del presupuesto tambi¨¦n arroja que el poder judicial cada vez asigna m¨¢s recursos para vigilancia, pero ejerce menos. En 2019, por ejemplo, se gast¨® menos que un a?o antes. Analistas del gasto presupuestario, como el polit¨®logo Leonardo N¨²?ez, explican que, generalmente, se gasta menos de lo presupuestado. Lo que han encontrado es que ese restante se transfiere a otras ¨¢reas dentro del poder judicial. El asesinato de Villegas obligar¨¢ a la judicatura a reforzar el cap¨ªtulo de vigilancia.

La memoria de 2019 del Consejo de la Judicatura recoge 303 solicitudes de protecci¨®n emitidas por los jueces. Fueron otorgadas 42, apenas un 14%. En M¨¦xico hay 1.533 servidores que imparten justicia en el ¨¢mbito federal, entre magistrados de circuito (913) y jueces de distrito (620). En diciembre de 2019, el presidente del poder judicial y juez del Supremo, Arturo Zald¨ªvar, inform¨® de que 91 magistrados cuentan con veh¨ªculos blindados y 89 tienen, adem¨¢s, escoltas.

En otros pa¨ªses, la seguridad de los jueces no depende del propio poder judicial. En Espa?a, por ejemplo, se encarga el Ministerio del Interior, que en M¨¦xico ser¨ªa Gobernaci¨®n. Por tanto, es el poder ejecutivo quien eval¨²a y decide qui¨¦n debe tener protecci¨®n y tambi¨¦n quien la paga con sus recursos. La protecci¨®n se aument¨® en los tiempos del terrorismo de ETA (no solo jueces, miles de pol¨ªticos ten¨ªan escoltas), pero ahora esta se centra en magistrados y fiscales por la amenaza del yihadismo. Cada medio a?o, m¨¢s o menos, se reeval¨²a el riesgo que corren.

El crimen de Villegas, el segundo juez federal asesinado desde octubre de 2016, ha agitado las aguas de reformas. Ricardo Monreal, el l¨ªder en el Senado de Morena, el partido gobernante, ha sugerido la figura de jueces sin rostro. Este modelo ha sido utilizado en pa¨ªses como Per¨², durante los a?os de terrorismo de Sendero Luminoso, y en Colombia para juzgar a los miembros del narcotr¨¢fico y la guerrilla.

La violencia contra jueces y funcionarios judiciales colombianos ha sido sistem¨¢tica, de acuerdo al Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos. Esta fundaci¨®n registra anualmente entre 40 y 45 amenazas graves a togados, informa Santiago Torrado desde Bogot¨¢. En la ¨²ltima d¨¦cada se han disminuido los homicidios aunque han incrementado las amenazas, los atentados y las acciones violentas contra familiares de los funcionarios judiciales.

Los expertos en procesos judiciales, sin embargo, han advertido de que la figura de los jueces sin rostro son un campo minado. Julio R¨ªos, acad¨¦mico del Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas (CIDE), indica que Per¨² abus¨® del modelo y continuamente se comet¨ªan ¡°arbitrariedades totales¡±. Los juicios a los acusados de terrorismo en ocasiones violaban garant¨ªas y eran llevados por funcionarios poco especializados. Ahora le toca a M¨¦xico debatir la seguridad de sus togados con una nueva tragedia a sus espaldas.