El Congreso de EE UU pone el foco en la trama espionaje del Ej¨¦rcito colombiano a periodistas y pol¨ªticos
Una enmienda del representante Jim McGovern exige una investigaci¨®n sobre los autores de los seguimientos, que se realizaron gracias a recursos inform¨¢ticos donados por Washington
Las interceptaciones ilegales a periodistas, pol¨ªticos y defensores de derechos humanos por parte del Ej¨¦rcito colombiano, para las que se emplearon, seg¨²n la investigaci¨®n, recursos inform¨¢ticos de inteligencia donados por Estados Unidos, comenzaron a tener impacto en el plano internacional y podr¨ªan condicionar la ayuda que ese pa¨ªs le da al Gobierno de Iv¨¢n Duque.
En la discusi¨®n sobre el presupuesto que gasta el Departamento de Estado en el extranjero, el representante dem¨®crata a la C¨¢mara Jim McGovern present¨® una enmienda en la que exige una investigaci¨®n ¡°responsable y transparente que enjuicie¡± a los autores del espionaje por parte de las fuerzas militares de Colombia. ¡°Ning¨²n equipo militar o de inteligencia transferidos o vendidos al Gobierno de Colombia en virtud de los programas de asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos debe utilizarse para fines de vigilancia ilegal o recolecci¨®n de inteligencia dirigida a la poblaci¨®n civil, incluidos defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas o la oposici¨®n pol¨ªtica¡±, se lee en el documento.
As¨ª-de pasar esta Ley en la plenaria-, el Departamento de Estado tendr¨¢ que entregar, en un plazo de 120 d¨ªas, un reporte que explique si la ayuda prestada al Ej¨¦rcito de Colombia fue usada para fines de espionaje ilegal. Pero la investigaci¨®n no solo deber¨¢ abarcar los casos conocidos entre 2019 y 2020; sino que deber¨¢ aportar un resumen detallado de los hallazgos sobre cualquier participaci¨®n de los militares en espionaje ilegal contra sectores de la sociedad civil y no combatientes entre 2002 y 2018. Es decir, tambi¨¦n durante los Gobiernos de ?lvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Los seguimientos ilegales, que en Colombia se conocen como chuzadas, son de vieja data. Pero entre diciembre y febrero de este a?o la revista Semana destap¨® una serie de operativos ilegales contra m¨¢s de 130 civiles, cuando el comandante del Ej¨¦rcito era el general Nicacio Mart¨ªnez, hoy en retiro. El Ej¨¦rcito ha continuado una senda de pr¨¢cticas criminales como el abuso sexual de una menor ind¨ªgena por parte de siete soldados, admitida por ellos en los estrados judiciales. En ese sentido, el documento del congresista estadounidense tambi¨¦n pide analizar ¡°la idoneidad de la doctrina y capacitaci¨®n militar¡± y si esta se apega a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Desde que se conocieron las denuncias de seguimientos, varios congresistas colombianos as¨ª como la Federaci¨®n para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) han exigido por v¨ªas legales al Ej¨¦rcito que entregue informaci¨®n sobre el espionaje ilegal y del avance de las investigaciones. Sin embargo, como ha revelado la FLIP, no han tenido respuesta. ¡°El Ej¨¦rcito de Colombia tiene como pr¨¢ctica habitual no dar la informaci¨®n que se le solicita, es decir, no respeta los derechos de petici¨®n y de acceso a la informaci¨®n¡±, publica la FLIP y se pregunta, ?Qu¨¦ se necesita para que el Ej¨¦rcito garantice el derecho al acceso a la informaci¨®n?.
La respuesta podr¨ªa estar en lo que logre la enmienda de Jim McGovern, que exige al Departamento de Estado detalles sobre las ¡°cadenas de mando relevantes, y la naturaleza y los objetivos de dicha vigilancia o recopilaci¨®n de inteligencia¡± y eso implicar¨ªa que las fuerzas militares de Colombia les entreguen informaci¨®n.
Esta enmienda se suma a la hecha por la representante dem¨®crata, Alexandra Ocasio-Cortez para que el gobierno de Donald Trump no destine dinero a trav¨¦s del Departamento de Defensa para la fumigaci¨®n a¨¦rea en Colombia ¡°a menos que el Gobierno demuestre que se est¨¢ adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales¡±, se lee en la enmienda.
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