Medio Egipto en peligro de demolici¨®n

Cuando Muhamed compr¨® en 2017 un solar en un barrio de clase trabajadora en el este de la ciudad de Suez, en el norte de Egipto, poco se esperaba el calvario en el que estaba a punto de adentrarse. Apenas unos meses despu¨¦s de adquirirlo, unos funcionarios le comunicaron que la parcela que le hab¨ªan vendido era en realidad propiedad del Estado, y que la ¨²nica v¨ªa de legalizar su situaci¨®n ser¨ªa construyendo una casa, lo que se apresur¨® en hacer. Ahora, el joven se ve obligado a pagar 48.400 libras (2.600 euros) ¨Cuna enorme suma para la mayor¨ªa de egipcios¨C por haber levantado su vivienda sin permisos y poder regularizar su hogar si no quiere arriesgarse a que las autoridades demuelan su edificio.

¡°Despu¨¦s de la revoluci¨®n esto era el caos¡±, se?ala Muhamed a EL PA?S. ¡°Ahora, el Gobierno nos pide mucho dinero y no lo podemos pagar¡±, se lamenta. ¡°No s¨¦ c¨®mo voy a hacerlo¡±. Como Muhamed, centenares de miles de egipcios se encuentran entre la espada y la pared por una campa?a lanzada este a?o por las autoridades egipcias que busca controlar el extendido fen¨®meno de las construcciones informales en el pa¨ªs, en una ofensiva tit¨¢nica que ha generado un profundo malestar sobre todo entre sus castigadas clases populares.

El fracaso de la pol¨ªtica de vivienda del Gobierno, en especial a partir de los a?os sesenta, su pasividad a la hora de controlar el sector de la construcci¨®n, y la corrupci¨®n de parte del funcionariado local ha provocado que las viviendas informales representen hoy no una excepci¨®n sino la normalidad para la mayor¨ªa de egipcios. El primer ministro del pa¨ªs, Mostafa Madbouly, ha asegurado que los edificios no planificados constituyen en torno al 50% de las zonas urbanizadas de Egipto. Una situaci¨®n cr¨ªtica para un pa¨ªs (104 millones de habitantes) concentrado en menos del 5% de su territorio.

El primer paso para intentar contener esta pr¨¢ctica se dio en abril de 2019 cuando el presidente de Egipto, Abdelfat¨¢ al Sisi, ratific¨® una ley que sent¨® las enrevesadas bases para que los propietarios de viviendas que hab¨ªan cometido infracciones antes de aprobarse la norma pudieran regularizar su situaci¨®n. Luego, el pasado mayo, el Gobierno congel¨® cualquier obra en El Cairo (20 millones de habitantes), Alejandr¨ªa (cinco millones) y las capitales de provincia durante seis meses para evaluar la situaci¨®n y unificar permisos de obra. Y un mes despu¨¦s, el Ejecutivo fij¨® la fecha l¨ªmite para solicitar la reconciliaci¨®n a finales de octubre.

¡°La ley ser¨¢ positiva para la gente y para el Gobierno, es una situaci¨®n de win-win [todos ganan]¡±, afirma a EL PA?S Marwa Soliman, directora del departamento de financiaci¨®n local e internacional en el Fondo de Desarrollo de Asentamientos Informales, la agencia estatal que se sit¨²a al frente de los esfuerzos para acabar con estas ¨¢reas. ¡°La gente necesita un documento para sus casas y legalizar su situaci¨®n, y para el Gobierno el dinero que se recolecte puede ser usado para invertir en infraestructura y servicios p¨²blicos¡±. El portavoz del Ministerio de Desarrollo Local no ha atendido a las llamadas de este diario.

Pese a la urgencia del Gobierno, el n¨²mero de solicitudes ha sido marcadamente bajo, y a finales de agosto Al Sisi reconoci¨® que no hab¨ªan superado ni el 10% de lo esperado. Para acelerar el proceso, el ejecutivo ha simplificado las condiciones para regularizar las viviendas, los gobernadores provinciales han reducido las tarifas, y se ha ampliado el plazo para hacerlo hasta finales de octubre, por ahora. Pero, en paralelo, se han acelerado las demoliciones de hogares en una campa?a bien publicitada en los medios locales: la polic¨ªa ha arrestado a m¨¢s de 200 personas por cometer este tipo de infracci¨®n, seg¨²n un comunicado del Ministerio del Interior, y las autoridades han reiterado que van a referir estas violaciones a la fiscal¨ªa militar. Al Sisi, que ha comparado el fen¨®meno con el terrorismo, prometi¨® en mayo que si hay ¡°10.000 infracciones habr¨¢ 10.000 personas detenidas¡±, y ha amenazado con desplegar al Ej¨¦rcito para demoler viviendas informales.

¡°Si el Gobierno no cambia su curso para finales de octubre, el desalojo forzoso y la demolici¨®n de centenares de miles de viviendas por todo el pa¨ªs podr¨ªa resultar en una de las peores crisis de derechos humanos experimentadas en Egipto¡±, alerta a EL PA?S Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada entre 2014 y abril de 2020. La campa?a en curso ya ha tensado la situaci¨®n en muchos barrios de clase trabajadora y entornos rurales, donde la pr¨¢ctica es muy com¨²n, y se la considera una de las principales causas detr¨¢s de las limitadas protestas ocurridas en Egipto en las ¨²ltimas semanas. En esta l¨ªnea, la ofensiva llega tras a?os de agresiva austeridad en el pa¨ªs, que ha golpeado severamente a las clases bajas y medias, y en plena pandemia.

¡°Cuando visit¨¦ Egipto en 2018 como relatora especial de la ONU recomend¨¦ al Gobierno que adoptara un enfoque basado en los derechos humanos para abordar el gran n¨²mero de personas en viviendas informales¡±, recuerda Farha, ¡°pero no lo han hecho¡±. ¡°En cambio, han adoptado un enfoque de intimidaci¨®n y fuerza, causando da?os, trauma y rabia a mucha gente que ahora se enfrenta a la demolici¨®n de sus casas y a la amenaza real de ser dejados sin hogar durante una pandemia solo porque no pueden pagar una multa¡±, achaca.

¡°Aqu¨ª, la mayor¨ªa [de vecinos] son pobres¡±, desliza Muhamed desde Suez, ¡°y el coronavirus ha afectado mucho¡±. ¡°Al Gobierno no le importan lo suficiente los ciudadanos¡±, se queja.