Colombia afronta un nuevo escenario de violencia cuatro a?os despu¨¦s de firmar la paz

Cuatro a?os despu¨¦s de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC en Colombia, la ilusi¨®n del fin del conflicto en el pa¨ªs andino se ha ido desvaneciendo ante la evidencia de un nuevo ciclo de violencia organizada que no da tregua en algunas regiones. El largo proceso de paz que pusieron en marcha el expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla, hoy convertida en partido pol¨ªtico, sac¨® de las armas a 13.000 combatientes de los cuales m¨¢s del 90% sigue dentro del proceso de reincorporaci¨®n, lo que supone un ¨¦xito para el fin de un conflicto con esa guerrilla. ¡°Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas¡±, dijo este martes el expresidente Santos sobre lo que significa uno de los mayores logros del proceso en el que coincide un sector de la poblaci¨®n. En efecto, los militares y polic¨ªas muertos en actos de servicio disminuyeron con la firma del Acuerdo y as¨ª se mantiene hasta hoy: de 219 que fueron asesinados en 2015, este a?o han perdido la vida 97 miembros de la fuerza p¨²blica.

Sin embargo, como indica un informe de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP), ¡°la violencia organizada contin¨²a y en los a?os recientes se ha hecho m¨¢s intensa¡±. Si bien, agrega el documento, ¡°durante la negociaci¨®n con las FARC se salvaron cientos de vidas, en la implementaci¨®n, la violencia en los municipios afectados por el conflicto se increment¨® en el posacuerdo¡±.

En todo caso, seg¨²n su an¨¢lisis, ya no se puede hablar de una guerra de ¡°orden nacional¡± en Colombia sino de m¨²ltiples conflictos localizados. ¡°Persisten las disputas por el poder local con inter¨¦s en econom¨ªas il¨ªcitas, mientras que la ideolog¨ªa se debilita¡±, dice la FIP, al referirse no solo al narcotr¨¢fico sino tambi¨¦n a la miner¨ªa ilegal, entre otras actividades que var¨ªan seg¨²n las l¨®gicas de cada regi¨®n . Seg¨²n las cifras de la FIP, las acciones de los grupos armados aumentaron en un 65% en el cuarto a?o tras el acuerdo de paz en comparaci¨®n con la etapa previa a la firma del acuerdo. Y han cambiado las responsabilidades. Si antes del cese al fuego de las FARC, el 78% de las acciones armadas en Colombia eran adjudicadas a esa guerrilla, cuatro a?os despu¨¦s, el 38% de las acciones fueron realizadas por el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), la ¨²ltima guerrilla activa en el pa¨ªs, y otro 34% por las disidencias.

El Gobierno de Iv¨¢n Duque, que lleg¨® a la presidencia a caballo de cr¨ªticas al acuerdo de paz y cuyo partido de Gobierno, el Centro Democr¨¢tico, propuso ¡°hacerlo trizas¡±, ha debido hacer malabares para implementar el proceso, que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y al mismo tiempo mantener el equilibrio con sus votantes que lo consideran un pacto de impunidad. Y aunque Duque ha continuado con la reincorporaci¨®n de los excombatientes, el incesante asesinato de estos y la inseguridad para los l¨ªderes sociales se han convertido en las principales cr¨ªticas a su Gobierno. Hasta la fecha han sido asesinados 242 firmantes del acuerdo de paz.

La verdad, que promet¨ªa el acuerdo de paz, por la v¨ªa de que jefes guerrilleros y exmilitares cuenten su participaci¨®n en el conflicto, se ha convertido tambi¨¦n en un campo de batalla pol¨ªtico en los ¨²ltimos a?os. De la firma surgi¨® el Sistema de Verdad Justicia y Reparaci¨®n, que incluye a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) o el tribunal que juzga a estos integrantes del conflicto; la Comisi¨®n para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de B¨²squeda de Desaparecidos, cuyo desaf¨ªo implica hallar a cerca de 200.000 v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada.

La JEP ha sido el objeto de mayores ataques, especialmente del partido de Gobierno. El expresidente ?lvaro Uribe, su l¨ªder y mentor de Iv¨¢n Duque, promueve un referendo para eliminarla. Sin embargo, ante este Tribunal se han presentado exjefes de la guerrilla para admitir magnicidios que estuvieron silenciados durante m¨¢s de treinta a?os; mientras que militares que se han sometido a este tribunal, tambi¨¦n han admitido su participaci¨®n en ejecuciones extrajudiciales y entregado informaci¨®n que ha permitido el hallazgo de algunos desaparecidos.

Adem¨¢s de los problemas de seguridad y de la obtenci¨®n de la verdad, en el cuarto a?o del acuerdo tambi¨¦n est¨¢ en juego la reparaci¨®n a las v¨ªctimas. Y en este punto, el consejero de Estabilizaci¨®n, Emilio Archila, ha dicho que le preocupan ¡°las demoras de las FARC en nombrar los enlaces y en apoyar la ubicaci¨®n de predios que ser¨ªan clave para la entrega de bienes¡± y record¨® que debieron hacerlo en julio de este a?o y est¨¢n en mora de cumplir.

Seg¨²n la congresista del partido Verde, Juanita Goebertus, el mayor problema es que existe una ¡°desestabilizaci¨®n territorial¡±. ¡°Es fundamental que este Gobierno ponga en marcha una nueva estrategia de seguridad que se adec¨²e al nuevo contexto y avance en serio en la implementaci¨®n de las medidas de presencia integral del estado en el territorio, con v¨ªas terciarias, electrificaci¨®n rural, mecanismos de comercializaci¨®n de los productos de los campesinos. De lo contrario, las posibilidades de que este acuerdo, que se firm¨® para salvar vidas, sea exitoso se cierran r¨¢pidamente¡±, dijo a trav¨¦s de sus redes la Representante a la C¨¢mara.