Frontex, contra la espa?ola que la sent¨® en el banquillo

En julio de 2019, la espa?ola Luisa Izuzquiza (Madrid, 29 a?os) se convirti¨® en la primera persona en llevar a juicio a Frontex por un caso de derechos civiles. La activista, junto a su compa?ero alem¨¢n Arne Semsrott, demandaba a la agencia europea de fronteras ante el Tribunal de Justicia de la UE por falta de transparencia en sus operaciones en el Mediterr¨¢neo central. La Corte desestim¨® sus alegaciones meses m¨¢s tarde y estableci¨® que Izuzquiza y Semsrott deb¨ªan pagar las costas procesales, un total de 24.000 euros. Ante su negativa a asumir la factura, es ahora la instituci¨®n la que reclama ante la justicia que se abone ese dinero.

Hace apenas dos semanas, la espa?ola recibi¨® la notificaci¨®n del tribunal con sede en Luxemburgo. La agencia no solo reclama las costas del proceso inicial, sino tambi¨¦n las de este segundo. ¡°Con su decisi¨®n, Frontex lanza un mensaje de intimidaci¨®n a la sociedad civil que quiera o intente llevarlos a juicio de nuevo¡±, se?ala por tel¨¦fono Izuzquiza desde Bruselas, donde trabaja en la ONG Corporate Europe Observatory, que se dedica a denunciar el poder de los lobbies en la pol¨ªtica europea, aunque el caso lo present¨® por su cuenta. ¡°Lo preocupante es que estos actos de disuasi¨®n funcionan. Cualquiera que est¨¦ interesado en litigar en su contra y vea c¨®mo han reaccionado con nosotros se lo va a pensar dos veces¡±, comenta.

Todo comenz¨® cuando la activista investigaba la respuesta que el organismo dedicado desde 2005 al control de las fronteras exteriores de la Uni¨®n Europea estaba dando a la gesti¨®n de los migrantes en el Mediterr¨¢neo central. Ante el aumento de muertes por ahogamiento en esa ruta, en 2017 pregunt¨® a la agencia a trav¨¦s del portal de transparencia de la UE cu¨¢ntos barcos ten¨ªa desplegados ¡ªy de qu¨¦ tipo¡ª en el marco de la denominada operaci¨®n Trit¨®n (hoy sustituida por Themis), la misi¨®n encargada de vigilar las costas y tambi¨¦n socorrer a potenciales n¨¢ufragos en el ¨¢rea. Frontex, cuyas pr¨¢cticas y falta de transparencia han sido cuestionadas por algunas organizaciones civiles, se neg¨® a responder alegando motivos de seguridad y fue entonces cuando ella y su compa?ero, con ayuda de tres abogados, decidieron armar el caso. En noviembre del a?o pasado, el tribunal dio la raz¨®n a la agencia, consider¨® que la divulgaci¨®n de determinadas informaciones pod¨ªa resultar perjudicial para sus operaciones y oblig¨® a los activistas a pagar.

¡°Lo que suele suceder es que las instituciones europeas nunca reclaman las costas si la persona que las lleva a juicio es un actor de la sociedad civil o una ONG. Es como una suerte de gesto democr¨¢tico. Simplemente lo dejan estar¡±, afirma Izuzquiza. No fue el caso. Cuando Frontex le envi¨® en enero una carta pidi¨¦ndole que abonara los gastos antes de final de mes, ella decidi¨® lanzar una campa?a para intentar que desistiera. ¡°Nos apoyaron 87.000 personas y 40 ONG¡±, relata, aunque su lucha no surti¨® efecto.

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, como se denomina oficialmente, se?ala a trav¨¦s de un portavoz que con esta iniciativa ¡°no solo se adhiere al principio del Estado de derecho, sino que tambi¨¦n cumple su obligaci¨®n de garantizar una buena gesti¨®n financiera, proteger los intereses financieros de la UE y ejecutar responsablemente su presupuesto¡±.

¡°Como instituci¨®n p¨²blica que depende de los fondos que en ¨²ltima instancia provienen de los contribuyentes europeos, no podemos rechazar una sentencia judicial que solicite a las partes que nos demandaron que paguen las costas legales¡±, a?ade. La agencia con sede en Varsovia, que a ra¨ªz de la crisis migratoria en Europa entre 2015 y 2016 vio reforzadas sus competencias, recuerda que su objetivo es equilibrar la transparencia con la protecci¨®n de la informaci¨®n confidencial, y que el fallo confirm¨® que Frontex logr¨® ese equilibrio.

Punto de mira

Luisa Izuzquiza, por su parte, considera el momento de la denuncia ante el tribunal especialmente relevante, cuando la agencia est¨¢ en el punto de mira por su posible participaci¨®n en devoluciones en caliente en la frontera griega. Despu¨¦s de que una investigaci¨®n period¨ªstica se?alara que varios agentes de Frontex estaban involucrados en esas pr¨¢cticas, el propio organismo decidi¨® abrir a finales de octubre una investigaci¨®n interna al respecto.

En noviembre, la defensora del Pueblo Europeo, Emily O¡¯Reilly, inici¨® su propia pesquisa para evaluar la eficacia y la transparencia del mecanismo de denuncias que posee Frontex para quienes creen que sus derechos han sido violados en el contexto de las operaciones fronterizas de la agencia, as¨ª como el papel y la independencia de su responsable de derechos fundamentales.

El tribunal determinar¨¢ ahora cu¨¢nto dinero es razonable que reclame Frontex a los activistas. Consciente de que el proceso puede ser lento, Izuzquiza espera la sentencia a lo largo del pr¨®ximo a?o.