Naciones Unidas condena la persecuci¨®n judicial contra los defensores de derechos en Per¨²

Brandon Quispe, Javier Mamani y otros 17 campesinos de Apur¨ªmac, en la sierra sur de Per¨², participan este martes en la primera sesi¨®n de un juicio en su contra. Desde 2018, la audiencia se ha suspendido ocho veces antes de iniciar. El caso de Quispe y Mamani, que fueron llevados ante la justicia despu¨¦s de protestar contra las operaciones de la mina Las Bambas hace cinco a?os, es uno de varios que preocupan al relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, en Per¨². "Es un patr¨®n recurrente de uso indebido del derecho penal por parte de instituciones estatales o a solicitud de terceros, y la criminalizaci¨®n de la protesta social", afirma Forst.

Cientos de campesinos protestaron en septiembre de 2015 contra la minera china MMG porque modific¨® el estudio de impacto ambiental sin informar ni consultar a los afectados por el proyecto. La Polic¨ªa respondi¨® con violencia y el saldo fue de cuatro ciudadanos muertos. El cambio consist¨ªa en la eliminaci¨®n de la construcci¨®n de un ducto de traslado de mineral, que ser¨ªa reemplazado por el transporte en camiones. Los reclamos se centraban en que la instalaci¨®n da?ar¨ªa tierras de cultivo y animales y en que la empresa estaba incumpliendo compromisos con las comunidades cercanas a la operaci¨®n minera.

Quispe y Mamani sostienen que cuando ayudaban a trasladar a los heridos, la Polic¨ªa les pidi¨® documentos, los golpe¨® y los traslad¨® hacia el campamento minero. En un encuentro la semana pasada con Michel Forst, relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, ambos denunciaron que agentes de seguridad de la empresa les sembraron armas. El juicio contra los defensores debi¨® haber empezado a mediados de 2018, pero no fue posible por cambios o ausencias de fiscal y la falta de int¨¦rpretes de lengua quechua.

"Las comunidades ind¨ªgenas, los campesinos, las personas defensoras del derecho a la tierra y del ambiente son los grupos de defensores y defensoras que corren mayor riesgo en Per¨²", ha concluido Forst, al terminar este lunes una visita de 13 d¨ªas en el pa¨ªs sudamericano. El proyecto minero Las Bambas fue incluido en un reporte elaborado en 2018 por 21 organizaciones latinoamericanas sobre empresas chinas que violan derechos, en este caso, por afectar tierras campesinas y tierras comunales.

El experto franc¨¦s describe que en Per¨² confluyen un uso indebido del sistema de justicia contra las personas que promueven o protegen los derechos de manera pac¨ªfica, y "una deficiencia sist¨¦mica en la reacci¨®n de las autoridades contra los grandes intereses econ¨®micos, a nivel regional y local". Tambi¨¦n le preocupa que en el Estado, en los medios de comunicaci¨®n y en el sector privado califiquen a los defensores como "enemigos del Estado", "terroristas", o "antidesarrollo".

En una conferencia de prensa en Lima, Forst coment¨® que el gremio de los grandes empresarios peruanos, Confiep, le present¨® un par de v¨ªdeos que se refer¨ªan a los defensores medioambientales "como personas manipuladas por sus abogados y asesores, mostrados como delincuentes y terroristas". Para el especialista, en Per¨² no hay un entorno seguro ni propicio para los protectores de derechos, sean defensores del medio ambiente, activistas LGTB, promotores de la igualdad de g¨¦nero o periodistas.

Sistema de protecci¨®n

Desde mayo, Per¨² es uno de nueve pa¨ªses en el mundo con un protocolo sobre protecci¨®n de defensores de derechos humanos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia a¨²n est¨¢ en la fase de dise?o del registro de denuncias de riesgos y ataques previsto por ese mecanismo. La entidad espera tenerlo listo en un par de semanas.

En una entrevista con EL PA?S, el relator especial de la ONU destac¨® que "ese registro ser¨¢ importante porque hay una grave falta de informaci¨®n en Per¨², y el mero hecho de que no haya datos impide medir la situaci¨®n de los defensores de derechos, por ejemplo: si el n¨²mero de ataques se incrementa o no. ?C¨®mo podemos analizar el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno para disminuir o aumentar el n¨²mero de ataques?", comenta.

"Tambi¨¦n hace falta informaci¨®n apropiada sobre impunidad o ¨¦xito en las investigaciones. Por ejemplo, ?cu¨¢ntos perpetradores de ataques a defensores han sido llevados a los tribunales? Hace falta saber cu¨¢ntas compa?¨ªas tienen un mecanismo para que los defensores en riesgo presenten sus quejas, si las empresas se investigar¨¢n a s¨ª mismas o si la denuncia debe ser enviada a a la justicia", a?adi¨®.

La Defensor¨ªa del Pueblo del pa¨ªs sudamericano registra mensualmente unos 180 conflictos sociales. En diciembre, el 69% fueron socioambientales. De los 475 defensores que se reunieron con Forst en Lima, Piura (costa norte), Cusco (sierra sur), Madre de Dios y Ucayali (Amazon¨ªa) la mayor¨ªa lucha por la protecci¨®n de recursos naturales.

"Me reun¨ª con una gran cantidad de comunidades: desde peque?os agricultores, campesinos hasta pueblos ind¨ªgenas. Surgieron muchos nombres de compa?¨ªas, muchos incidentes con madereros ilegales y mineros ilegales que los amenazaron e hirieron. En un debate con Confiep y con empresas por separado, me explicaron que no todas las empresas est¨¢n en el mismo nivel", agreg¨®. Todas mencionaron que el manejo de bosques, la tala de madera, los agronegocios y megaproyectos son las ¨¢reas principales en las que las empresas est¨¢n haciendo da?o a los defensores".

?Son comunes en otros pa¨ªses los convenios de servicios entre la Polic¨ªa y las empresas privadas? Forst responde que s¨ª, pero que est¨¢ regulado. "En pa¨ªses donde la Polic¨ªa ¡ªde turno, o no¡ª, est¨¢ empleada por compa?¨ªas, me dijeron que no usan armas, solo varas. Pero hay un conflicto de inter¨¦s porque no puede haber del lado del uso de la fuerza, a la vez, la defensa de un inter¨¦s privado", responde.

"Cuando los defensores denuncian, tienen que hacerlo a las mismas personas empleadas por las compa?¨ªas para proteger las instalaciones. Entonces, los defensores no se atreven a denunciar a alguien que protege un inter¨¦s privado y los golpea o amenaza cuando se acercan a las instalaciones", remarca Forst.