La crisis dentro de la crisis

Entre 26.000 y 35.000 padres, seg¨²n los ¨²ltimos c¨¢lculos manejados por las autoridades fiscales de Pa¨ªses Bajos, han sido v¨ªctimas del esc¨¢ndalo en las ayudas al cuidado de los hijos. El Defensor del Pueblo estima que unos 80.000 ni?os han sufrido las consecuencias de las deudas acumuladas por sus progenitores por culpa de una supuesta estafa que no hab¨ªan cometido. En este caso, a la dureza de las leyes antifraude se ha sumado la falta de transparencia de la Agencia Tributaria, y el que buena parte de los perjudicados fueran de origen inmigrante. El resultado ha sido la dimisi¨®n del Gobierno de centroderecha, pero el esc¨¢ndalo afecta al contrato impl¨ªcito entre Estado y ciudadano, que se ha visto atacado por el mismo sistema que deb¨ªa protegerle. Afecta a la fuerza del Estado de derecho, extremo reconocido por Mark Rutte, el primer ministro, cuando present¨® la dimisi¨®n de su Gabinete.

A pesar de que el esc¨¢ndalo abarca los tres mandatos consecutivos de Rutte, el pol¨ªtico encabeza los sondeos para las elecciones de marzo como l¨ªder de los liberales. Las encuestas de las ¨²ltimas semanas indican que entre el 80% y el 90% de los votantes consideran esencial que se compense a las familias ¡ªrecibir¨¢n 30.000 euros cada una¡ª para luego seguir adelante. La gesti¨®n de la pandemia, en manos del Ejecutivo en funciones con apoyo del Parlamento, explica en parte dicha actitud. Pero Paul Schnabel, soci¨®logo y miembro del comit¨¦ que investiga la integridad de la Agencia Tributaria, indica a EL PA?S que la dimisi¨®n en bloque facilita en realidad el camino hacia los comicios. Dice que ¡°la salida evita un debate parlamentario con la presentaci¨®n de una moci¨®n de censura, que el Gobierno iba a perder; as¨ª est¨¢n libres para seguir adelante¡±. Y a?ade que, pol¨ªticamente, la dimisi¨®n es importante, ¡°pero en la pr¨¢ctica, los mismos pol¨ªticos, a excepci¨®n de los que s¨ª se han marchado porque estaban al frente de los servicios sociales y se sienten responsables, har¨¢n campa?a sin problemas¡±. El resto del Ejecutivo ha asumido una responsabilidad colectiva.

La b¨²squeda implacable de posibles estafas en las ayudas sociales deriva del rigor fiscal subsiguiente a la pasada crisis financiera y del llamado ¡°fraude b¨²lgaro¡±. En 2013, bandas de dicha nacionalidad pagaban a compatriotas para que se inscribieran como residentes en Pa¨ªses Bajos, pidiendo luego subsidios. Esta especie de emisarios regresaban a su pa¨ªs, y la banda se apropiaba de sus datos para cobrar las sumas. Entre 2007 y 2013, cerca de mil personas recibieron unos cuatro millones de euros sin justificar, seg¨²n el Ministerio de Finanzas.

Las cr¨ªticas del Parlamento endurecieron tanto la concesi¨®n de ayudas que se ignoraron las quejas de las familias v¨ªctimas del esc¨¢ndalo actual. El sesgo discriminatorio de que muchos padres sean de ascendencia inmigrante solo ha multiplicado el bochorno oficial.