Carlos Antonio Lozada: ¡°El nombre FARC no es sostenible para un partido en la legalidad¡±

Juli¨¢n Gallo, hoy senador por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n, el partido surgido del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, todav¨ªa es conocido como Carlos Antonio Lozada, su nombre en la guerra. Negociador en los di¨¢logos de La Habana, sacudi¨® en octubre al pa¨ªs al admitir ante la justicia transicional su participaci¨®n en el magnicidio del dirigente conservador ?lvaro G¨®mez Hurtado, en 1995, un crimen que nunca ha sido esclarecido. Gallo es uno de los l¨ªderes m¨¢s visibles del partido pol¨ªtico que este fin de semana celebra su segunda asamblea extraordinaria a cuatro a?os de la firma de los acuerdos, y atendi¨® esta entrevista telef¨®nica con EL PA?S desde el paraje campestre donde se encuentra reunido con las delegaciones de Bogot¨¢ y Cundinamarca para participar en el evento.

Pregunta. ?Fue un error haber conservado como partido pol¨ªtico las siglas de las FARC?

Respuesta. En el an¨¢lisis que se hizo en ese momento por parte de la mayor¨ªa de delegados al congreso constitutivo se consider¨® que por encima de todo hab¨ªa que tratar de mantener el significado que estaba contenido en ese nombre que nos acompa?¨® por m¨¢s de 53 a?os en medio de la confrontaci¨®n. Esa es una situaci¨®n que hoy tiene otro contexto, y por eso consideramos importante que la asamblea, que es la m¨¢xima instancia de direcci¨®n, revise ese tema y miremos la posibilidad de cambiar el nombre atendiendo a las nuevas realidades que tenemos hoy en d¨ªa.

P. Rodrigo Londo?o, Timochenko, se ha mostrado partidario de cambiar el nombre. ?Usted tambi¨¦n?

R. S¨ª. Debo decir que fui uno de los que vot¨¦ en el congreso constitutivo por el nombre FARC, pero indudablemente la pr¨¢ctica nos demostr¨® que hab¨ªa sido un error, que no es sostenible ese nombre por parte de un partido que se mueve en la legalidad, cuando otros grupos que regresaron a las armas o que no avanzaron hacia la dejaci¨®n de las armas siguen llevando ese nombre. Adem¨¢s de toda la carga negativa que est¨¢ asociada al mismo en raz¨®n del conflicto. Esa es la realidad que tenemos hoy en d¨ªa.

P. El partido no lleg¨® a 100.000 votos en sus primeras elecciones legislativas, en 2018. ?C¨®mo explica la poca acogida que tuvieron en las urnas?

R. Nosotros nos vimos pr¨¢cticamente abocados, en un proceso de meses, a hacer dejaci¨®n de armas, constituir el partido y salir de una vez a hacer una campa?a electoral en medio de un proceso de polarizaci¨®n, de estigmatizaci¨®n, de se?alamientos, de violencia incluso. Hay que recordar que varios de los eventos de la campa?a nuestra fueron agredidos no solo verbal, sino f¨ªsicamente. Todo eso dificult¨®, y obviamente tambi¨¦n cabe all¨ª el tema de la carga negativa en el imaginario de la gente, que durante m¨¢s de cinco d¨¦cadas estuvo escuchando y asociando ese nombre al conflicto, con una campa?a sistem¨¢tica queriendo deslegitimar el car¨¢cter de la organizaci¨®n, de la lucha que nosotros adelantamos. Eso pesa y ten¨ªa que reflejarse en esos resultados electorales. Agregarle a eso los errores y las equivocaciones propias de quienes nunca hab¨ªamos estado en este tipo de actividad, y est¨¢bamos apenas a unos meses de habernos iniciado en el trabajo pol¨ªtico legal despu¨¦s de m¨¢s de cinco d¨¦cadas en la clandestinidad.

P. ?Usted atribuye esa estigmatizaci¨®n al Centro Democr¨¢tico, que es hoy partido de Gobierno?

R. Por supuesto. Desde el partido de Gobierno se dirige claramente esta campa?a, lo hace la bancada de ese partido en el Congreso de la Rep¨²blica, tambi¨¦n en las redes sociales. Al propio presidente [Iv¨¢n Duque], en un abuso de su cargo, lo hemos escuchado en intervenciones ante la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz, y la semana pasada en el acto de posesi¨®n de la nueva procuradora, pr¨¢cticamente conden¨¢ndonos como si se le olvidara que ¨¦l es el presidente y que no es un juez. En las redes sociales y en el Congreso y en los medios son insultos, pero que en las regiones se traducen en balas alentadas por ese discurso de odio que ellos vienen generando.

P. ?Qu¨¦ le responder¨ªa a los l¨ªderes del partido FARC que aseguran que esta Asamblea est¨¢ ¡°divorciada de las problem¨¢ticas de la antigua guerrillerada¡±?

R. Tal vez ellos se quedan en un discurso interno, no tienen en cuenta que cualquier tema que tenga que ver con la implementaci¨®n del acuerdo pasa por la necesidad de jugar un papel importante, de incidir en la escogencia de un Congreso de mayor¨ªas pro-paz en el 2022, y por supuesto un Gobierno pro-paz. Cualquier cosa que se busque en la implementaci¨®n de esos acuerdos, incluidos los problemas que afectan a los exguerrilleros, pasa por ah¨ª. De manera que nos parece muy recortada esa visi¨®n. Ellos est¨¢n en su derecho. Finalmente, la mejor prueba de que somos un partido pol¨ªtico y no un ej¨¦rcito es que se pueda disentir de las orientaciones de la direcci¨®n.

P. ?Qu¨¦ tan dividido est¨¢ el partido?

R. Yo pienso que no se trata de una divisi¨®n. Esa misma pregunta nos la hac¨ªan cuando otros excompa?eros anunciaron su regreso a las armas, y se pens¨® que iba a haber una desbandada desde los territorios. Eso no sucedi¨®, y lo mismo podr¨ªamos decir ahora. Nosotros somos una organizaci¨®n que tiene unas profundas ra¨ªces, m¨¢s de 53 a?os en una confrontaci¨®n muy dura, de manera que dos o tres compa?eros, por ilustres que puedan parecer, no van a generar un sisma dentro del partido.

P. ?Le preocupa que m¨¢s excombatientes insatisfechos se puedan sumar a las disidencias, o retomar las armas?

R. Ese riesgo siempre va a estar ah¨ª en medio de la no implementaci¨®n del acuerdo. Pero m¨¢s all¨¢ de eso, la pr¨¢ctica y lo que nos ha dicho la realidad de estos dos ¨²ltimos a?os es que la militancia nuestra ha ido entendiendo que, siendo importante y fundamental la garant¨ªa de los derechos a la reincorporaci¨®n econ¨®mica, social y pol¨ªtica, el objetivo que nos ha unido a lo largo de todos estos a?os es la lucha por un cambio y unas transformaciones sustanciales en la vida del pa¨ªs.

P. ?C¨®mo calificar¨ªa el momento que atraviesa la implementaci¨®n?

R. Siempre hemos dicho que se trata de una disputa por la implementaci¨®n, entendiendo que esa disputa implica una modificaci¨®n de la correlaci¨®n de fuerzas a favor de los sectores pro-paz. No tenemos dudas de que los comicios del 2022, para el Congreso y para la Presidencia, van a reflejar de alguna manera esa nueva correlaci¨®n de fuerzas. Y esperamos que sea a favor del acuerdo, de la paz completa e integral, y si logr¨¢ramos llevar un Gobierno de ese origen a la Presidencia este pa¨ªs iniciar¨ªa un r¨¢pido proceso de transformaci¨®n. A eso le apostamos y ese es el objetivo de la reuni¨®n.

P. ?Qu¨¦ deber¨ªa hacer el Estado para detener los asesinatos de excombatientes que firmaron la paz?

R. Nosotros pactamos medidas de seguridad para quienes hicieron dejaci¨®n de las armas, para los l¨ªderes sociales, para las comunidades y los territorios, pero tambi¨¦n en ese punto se habla de la necesidad de avanzar hacia una nueva doctrina de seguridad nacional que abandone el concepto de enemigo interno y se centre en el respeto de los derechos humanos. Adicionalmente se cre¨® una unidad especial de investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa que a d¨ªa de hoy no ha operado realmente, o ha operado a medias, en la medida en que ha sido ahogada por la falta de recursos. Se cre¨® tambi¨¦n un cuerpo elite de la Polic¨ªa que deber¨ªa estar persiguiendo las bandas sucesoras del paramilitarismo que cometen este tipo de delitos. Y se plantea tambi¨¦n en ese punto un acuerdo pol¨ªtico nacional, no solamente de los partidos si no de las organizaciones sociales de todos los sectores, para sacar las armas de la pol¨ªtica.

Una serie de medidas que, dado que este Gobierno tiene como prop¨®sito impedir la implementaci¨®n, no se han materializado. Por eso consideramos importante que llegue un Gobierno distinto que asuma esas tareas, y eso es lo que permitir¨ªa que a mediano plazo podamos tener esa paz territorial a la que le apostamos cuando firmamos el acuerdo.

P. ?La implementaci¨®n plena del acuerdo logra un impulso con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos?

R. Esperamos que as¨ª sea. Biden tuvo un papel activo en el Gobierno de Barack Obama para que estuviera all¨ª presente permanentemente el enviado especial, Bernie Aronson. Conoce el acuerdo, sabe del respaldo pol¨ªtico que le dio el expresidente Obama y esperamos que siendo consecuente con esa decisi¨®n pol¨ªtica vuelque sus esfuerzos ¨Cy por qu¨¦ no decirlo, la presi¨®n¨C sobre el Gobierno de Iv¨¢n Duque para que finalmente en estos meses que le quedan por lo menos deje de estar atacando el acuerdo y sobre todo el sistema integral de justicia.

P. Estamos tambi¨¦n en un a?o crucial para la justicia transicional, en el que se esperan las primeras decisiones de fondo de la JEP. ?Deber¨ªan apartarse de su esca?o los congresistas de la FARC relacionados con condenas de la JEP cuando estas se produzcan?

R. El acuerdo no dice eso, lo que dice es que las sanciones propias deben ser compatibles con la participaci¨®n pol¨ªtica. Esa es la raz¨®n de ser de ese tipo de justicia, modificar el concepto de la justicia que busca venganza. De manera que, si se mantiene la JEP en sus decisiones sobre la base del acuerdo ¨C¨Cque es lo que esperamos, as¨ª est¨¢ contemplado tanto en los pronunciamientos de la Corte Constitucional como en la propia ley estatutaria¨C, no tiene ning¨²n asidero en esa realidad jur¨ªdica y pol¨ªtica, constitucional tambi¨¦n, que haya incompatibilidad entre la participaci¨®n pol¨ªtica y las sanciones propias del sistema.

P. Usted ha reconocido la responsabilidad del magnicidio del l¨ªder conservador ?lvaro G¨®mez Hurtado, ?A que atribuye que desde varios sectores duden sobre la autor¨ªa de ese crimen?

R. No dir¨ªa que varios sectores, hay algunas personas, espec¨ªficamente la familia del doctor ?lvaro G¨®mez, que dicen que no creen. Nosotros entregamos ya una declaraci¨®n ante la JEP, seguramente en las pr¨®ximas semanas lo har¨¢n otros compa?eros, y estaremos aportando los elementos que puedan existir hoy en d¨ªa, despu¨¦s de 25 a?os, para dar claridad en ese proceso. Esa evaluaci¨®n tendr¨¢ que hacerla el tribunal para la paz.

P. ?Qui¨¦n dio la orden de asesinar a ?lvaro G¨®mez Hurtado?

R. Nosotros estamos, como ¨²ltima direcci¨®n de las FARC, asumiendo absolutamente todas las responsabilidades de lo acontecido en el conflicto relacionado con violaci¨®n del derecho internacional humanitario. Esa fue la responsabilidad pol¨ªtica que asumimos quienes integr¨¢bamos el secretariado en el momento de la firma. Entendiendo tambi¨¦n que las ordenes y las decisiones se tomaban de manera colectiva en las FARC por parte de organismos de direcci¨®n. Entonces, ese es el punto de partida para entender esa declaraci¨®n que nosotros dimos, en el sentido de que eran unidades de las FARC las que hab¨ªan realizado esa operaci¨®n que, por el ¨¢rea, por jurisdicci¨®n, les hab¨ªa correspondido a unidades del Bloque Oriental en ese momento. As¨ª es que hay que entender esa responsabilidad dentro del marco de la justicia transicional.

P. Usted ha dicho que ejecut¨® esa orden.

R. Lo que se?al¨¦ es que en el momento en que se ejecut¨® esa acci¨®n era el comandante de la Red Urbana Antonio Nari?o, y que a un comando de esa unidad le hab¨ªa correspondido la ejecuci¨®n de esa acci¨®n.

P. ?Por qu¨¦ consideraron las FARC a ?lvaro G¨®mez un objetivo militar?

R. ?lvaro G¨®mez Hurtado, al igual que toda la dirigencia pol¨ªtica liberal y conservadora a lo largo de la historia, y sobre todo en las d¨¦cadas de los 50 y 60 del siglo pasado, jugaron un papel decisivo y determinante en el origen y la prolongaci¨®n del conflicto. ?lvaro G¨®mez Hurtado, como senador de la Rep¨²blica en ese momento, fue quien dio el discurso de las llamadas rep¨²blicas independientes bajo cuya bandera se realiz¨® la agresi¨®n contra los 48 campesinos que estaban asentados all¨ª al sur del Tolima, en Marquetalia. ?l junto a su padre [Laureano G¨®mez] igualmente jugaron un papel decisivo en todo ese proceso de mediados del siglo pasado. El Partido Conservador y el Partido Liberal se embarcaron en una aventura de violencia que dej¨® m¨¢s de 300.000 muertos. Todos los partidos pol¨ªticos de Colombia tienen su origen en esos conflictos.

En ese momento [los a?os 90] la decisi¨®n nuestra de llevar el conflicto a las ciudades lo que buscaba era que esta guerra que ha sido de pobres ¨Cporque los muertos de las fuerzas armadas, del paramilitarismo, civiles y los muertos de insurgencia son todos de origen popular¨C de alguna manera le costara tambi¨¦n a esa ¨¦lite pol¨ªtica, tanto liberal como conservadora, que se ha lucrado por m¨¢s de 50 a?os del conflicto. Esas fueron las razones pol¨ªticas de esa decisi¨®n.

P. ?Por qu¨¦ dejaron pasar tantos a?os sin atribuirse ese crimen?

R. Realizada la acci¨®n, y el contexto pol¨ªtico en que se dio, los esc¨¢ndalos que hab¨ªa de financiaci¨®n de la campa?a electoral del presidente Ernesto Samper por parte del Cartel de Cali, generaron una serie de disputas de grupos de poder al interior de esos partidos, terminaron se?al¨¢ndose entre ellos mismos, result¨® involucrada una unidad de inteligencia de las fuerzas armadas, de manera que todo eso llev¨® a que la direcci¨®n de las FARC en ese momento considerara que era mejor dejar que siguieran corriendo esas contradicciones. No ten¨ªamos ning¨²n inter¨¦s en que dejaran de se?alarse ellos mismos de un hecho de esa magnitud.