La Fiscal¨ªa de Colombia llama a declarar a Timochenko por el asesinato de un dirigente conservador

La declaraci¨®n del exguerrillero de las FARC y hoy senador Juli¨¢n Gallo, tambi¨¦n conocido como Carlos Antonio Lozada, sobre su participaci¨®n en el magnicidio del l¨ªder conservador ?lvaro G¨®mez Hurtado ha sacudido el establishment colombiano, tal como ocurri¨® hace 25 a?os con el asesinato, y ha puesto a prueba el acuerdo de paz entre el Estado y esa guerrilla. ¡°Yo ejecut¨¦ la orden de asesinar a G¨®mez Hurtado¡±, le dijo Gallo al diario El Espectador, con lo que reafirm¨® una declaraci¨®n enviada a la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) en la que la extinta guerrilla de las FARC admiti¨® su autor¨ªa en seis homicidios de impacto nacional. Aunque la declaraci¨®n fue hecha ante la JEP, que es el tribunal de paz creado en los acuerdos de paz, este mi¨¦rcoles la Fiscal¨ªa llam¨® a declarar bajo juramento, adem¨¢s de Gallo, a Rodrigo Londo?o, Timochenko, quien fuera m¨¢ximo jefe del grupo insurgente y hoy l¨ªder del partido pol¨ªtico Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com¨²n.

¡°La Fiscal¨ªa continuar¨¢ con la pr¨¢ctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o part¨ªcipes donde falleci¨® el doctor ?lvaro G¨®mez Hurtado y su asistente Jos¨¦ Huertas, en consonancia con el principio de colaboraci¨®n arm¨®nica que debe existir entre las instituciones del Estado¡±, inform¨® la entidad. Al final del d¨ªa, la JEP tambi¨¦n hizo su propio llamado a ambos exjefes guerrilleros para que presenten una versi¨®n voluntaria y solicit¨® a la Fiscal¨ªa la ¡°ampliaci¨®n de los informes sobre los delitos cometidos con ocasi¨®n y en desarrollo del conflicto armado, con la remisi¨®n de las copias de los expedientes que puedan estar en su poder referentes a esos seis homicidios¡±.

La decisi¨®n implica que existan investigaciones en paralelo y que, como advierten expertos, se pueda presentar un choque entre la justicia transicional (JEP) y la justicia ordinaria (Fiscal¨ªa) por este caso. Meses antes de la confesi¨®n de las FARC, el presidente Iv¨¢n Duque le hab¨ªa pedido al fiscal general, Francisco Barbosa, que priorizara la investigaci¨®n, que este 2 de noviembre cumplir¨¢ 25 a?os sin una respuesta clara para los familiares del l¨ªder asesinado. Tanto Duque como Barbosa estudiaron en la Universidad Sergio Arboleda, de la cual G¨®mez Hurtado era cofundador.

Aunque el Gobierno de Duque ha exigido en m¨²ltiples oportunidades que los exguerrilleros digan la verdad sobre los cr¨ªmenes cometidos durante el conflicto, la confesi¨®n no dej¨® satisfecho al mandatario. Este mi¨¦rcoles asegur¨® que Gallo deber¨ªa dejar su esca?o en el Congreso, al cual lleg¨® como parte de los acuerdos de paz. ¡°Como eso no depende de la voluntad individual, esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicables para escenarios de aceptaci¨®n de responsabilidad por cr¨ªmenes de lesa humanidad entra?e que no se pueda ejercer ninguna representaci¨®n parlamentaria. Inmediatamente deber¨ªa perder la connotaci¨®n de miembro del Congreso de la Rep¨²blica¡±, dijo Duque.

Tambi¨¦n el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se pronunci¨® en ese sentido y dijo que una vez verifique la autor¨ªa del crimen, la JEP deber¨¢ restringir la libertad del senador Gallo y tambi¨¦n de Pablo Catatumbo. Sus palabras pusieron en duda que Ceballos conociera los detalles del acuerdo de paz, que les permite a los exjefes guerrilleros la participaci¨®n en pol¨ªtica y al mismo tiempo entregar informaci¨®n sobre el conflicto ante la JEP a cambio de beneficios jur¨ªdicos. ¡°Pareciera que el comisionado no hubiera le¨ªdo el acuerdo de paz: el deber de exguerrilleros es decir la verdad. No pueden perder los beneficios precisamente por decir la verdad, por dolorosa que sea esa verdad¡±, expres¨® Rodrigo Uprimny, investigador de la ONG Dejusticia.

El senador del partido FARC, Juli¨¢n Gallo, dijo que no renunciar¨¢ al Congreso. ¡°Si a algo le ha tenido miedo hist¨®ricamente la clase pol¨ªtica que ha regentado a Colombia es a la verdad¡±, asegur¨® Gallo, que para la ¨¦poca del magnicidio era el comandante de la Red Urbana Antonio Nari?o de la guerrilla.

G¨®mez Hurtado fue un reputado dirigente conservador y miembro de la Asamblea Constituyente, que redact¨® la actual carta pol¨ªtica en 1991. En los a?os sesenta fue un cr¨ªtico ac¨¦rrimo de la guerrilla y en la d¨¦cada de los 90, durante el Gobierno de Ernesto Samper, exigi¨® que se avanzara en las investigaciones por el ingreso de dinero de la mafia a la campa?a presidencial. Durante a?os la familia ha conectado las denuncias de G¨®mez Hurtado contra Samper con el homicidio; aunque existen otras hip¨®tesis que involucraban la supuesta participaci¨®n de paramilitares y narcotraficantes del cartel del Norte del Valle. Ninguna de las investigaciones apuntaba, hasta ahora, a la guerrilla de las FARC.